Según el expediente presentado por el ente persecutor, la presunta estafa se describe como algo más estructural
La “Operación Cobra”, nombre que el Ministerio Público asignó a la investigación sobre la gestión de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), no se basa únicamente en contratos inflados o autorizaciones irregulares.
Según el expediente presentado por el ente persecutor, la presunta estafa se define como algo más estructural: la creación y captura de programas que, bajo la apariencia de “innovaciones” en salud pública, se convirtieron en “conductos para extraer dinero del Estado y repartir sobornos”.
El Ministerio Público, en su expediente entregado para solicitar medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular la contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio superior a RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
Este medio extrajo del expediente el desglose de los programas y esquemas involucrados, así como un resumen de su funcionamiento y las grietas institucionales que explotaron.
En el papel, se nombraba como “Senasa Cuida de Ti” un programa oficial de promoción y prevención dirigido a mayores de 65 años. En su descripción institucional se menciona atención integral, nutrición, visitas domiciliarias y “entrega de suplementación según diagnóstico”, con reevaluaciones periódicas.
El expediente sostiene que ese programa, vigente desde 2018, se convirtió en una “sombrilla” para montar iniciativas específicas de suplementos nutricionales (como Nutrisalud) sin respaldo técnico ni financiero suficiente, que dispararon pagos y abrieron la puerta al direccionamiento de proveedores.
* Contrataciones irregulares con empresas sin habilitación adecuada o fuera del catálogo correspondiente al momento de contratar.
* Kits sobrevaluados (RD$3,275-RD$5,275 por kit, según el expediente) y sin trazabilidad clínica: se pagaba por suplementos y productos, pero sin evidencia sólida de análisis, seguimiento médico ni resultados.
* Desvío de población: de un enfoque original en adultos mayores, los contratos habrían sido modificados para incluir rangos no contemplados (niñez y adolescencia), así como para ampliar el volumen de facturación.
La acusación en torno a MyCare combina dos aspectos: el programa como idea (telemedicina para crónicos, seguimiento remoto) y el mecanismo operativo denunciado: autorizaciones y facturación a gran escala con controles débiles.
En el expediente, el Ministerio Público identifica parte del fraude en autorizaciones médicas fraudulentas gestionadas mediante un call center paralelo en el que participaban decenas de personas, incluidos empleados, médicos y proveedores. También señalan a un imputado como supuesto ejecutivo del Grupo Siulrod SRL (operando como MyCare), desde donde se habrían emitido autorizaciones fraudulentas y contratos inflados.
* Facturación fraudulenta: afiliados contactados por auditoría no reconocían el servicio.
* Duplicidad de servicios en el 33% de los historiales de afiliados revisados.
* Pagos millonarios sin evidencia suficiente de la ejecución real de consultas.
Senasa pagó RD$1,482.86 millones en vacunación entre 2021 y septiembre de 2025, de los cuales RD$407.37 millones corresponderían a vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que son distribuidas gratuitamente por Salud Pública.
También se describe el mismo patrón: ampliación de prestadores privados (de 2 a 20), facturación de vacunas no aplicadas y esquemas no pertinentes por edad, con sobrecostos por autorización.
* Cobro de vacunas gratuitas: las empresas facturaban a Senasa la aplicación de vacunas que el Estado (a través del Programa Ampliado de Inmunización) entregaba sin costo.
* Registros falsos encontrados en facturaciones de servicios a afiliados que nunca visitaron los centros.
* Inflado de autorizaciones, cobros por vacunas no aplicadas y facturación de esquemas no adecuados según la edad.
En el expediente sobre la Operación Cobra aparece otro esquema: trasladar (o concentrar) la atención primaria bajo un modelo de pago por cápita o “capitación”. Esto se traduce en una suma fija mensual por población asignada, independientemente del volumen real de servicios prestados.
Allí aparecen Khersun S.R.L. (vinculada al Grupo Read), así como Deleste S.R.L. y Farmacard S.R.L., quienes aparentemente recibían pagos mensuales fijos bajo la modalidad “por cápita”, sin importar si los afiliados utilizaban o no los servicios. A esto se suma otro dato crítico: auditorías que comparaban el pago fijo con el valor real de los servicios prestados. Por ejemplo, 65 millones pagados contra 2.7 millones ejecutados en un periodo.
* Cambio a pago por capitación (suma fija): se modificaron los contratos para pagar sumas fijas mensuales millonarias, independientemente de los servicios prestados.
* Servicios no prestados: las auditorías revelaron que el valor real de los servicios prestados era ínfimo en comparación con el monto fijo pagado.
* Falsos afiliados: se reportaban servicios a afiliados que no figuraban en las matrices o se registraban en reportes erróneos.
En la estructura oficial de Cuida de Ti se mencionan equipos de movilidad asistida, insumos y apoyo domiciliario para adultos mayores.
La acusación, sin embargo, señala a Lufarca S.R.L. como un “nodo de pagos sospechosos” al identificar en el expediente un “patrón” de pagos a esa empresa y describe que el fraude principal se centró, entre otros aspectos, en pagos acelerados y un esquema de autorizaciones fraudulentas por insumos de movilidad con pagos sin soporte y falta de fiscalización de entregas.
Allí aparecen elementos de movilidad como prótesis, pañales y dispositivos destinados a personas con discapacidades motoras.
* Órdenes de entrega, constancias firmadas, fotografías georreferenciadas (si existen), seriales de equipos, auditoría de inventarios.
* Cruces con la red pública (centros de primer nivel) que debieron canalizar población y seguimiento. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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