El proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos debe ser reconsiderado, tomando en cuenta las observaciones realizadas por Pro Competencia, a través de un informe que señala graves violaciones a las normas de competencia establecidas por ley, así como a artículos de la Constitución de la República.
Al participar como invitada en el Encuentro Económico de HOY, la presidenta del Consejo Directivo de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, recordó que ese organismo presentó un informe a la Cámara de Diputados, en el cual se recomiendan cambios en esa normativa para evitar monopolios, eliminar restricciones que afectan a los agentes del mercado, entre otras medidas que garantizan el derecho a la libertad de empresa.
Vásquez Taveras explicó que una de las observaciones del informe es que la normativa contemplaba establecer un solo relleno sanitario y una planta de valorización por región, que debían ser contratados por 10 años por las alcaldías, creando monopolios que están prohibidos incluso por la Constitución de la República.
Además, puntualizó que esos contratos por 10 años implicarían que esas empresas no tendrían la obligación de innovar ni mejorar sus procesos, lo que reduciría la eficiencia y competitividad en un mercado que es muy dinámico.
Enfatizó que “nosotros tenemos la libre competencia consagrada en nuestra Constitución. El primer derecho fundamental económico que contempla la Constitución de la República es el derecho a la libre empresa y, dentro de este, se establece la libre competencia y la prohibición del abuso de posición dominante, además de ser un principio rector de la economía nacional, vinculado al desarrollo humano”, precisó Vásquez Taveras. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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