Santiago.- El abogado y dirigente político de esta ciudad, Julián Serulle, sostiene que todo funcionario público que atente contra el patrimonio del pueblo debe ser sancionado con el rigor que establece la ley.
“Quien atente contra la estabilidad y el patrimonio del pueblo no merece el más mínimo respeto y debe recibir la sanción correspondiente, conforme a las leyes que regulan todo accionar, ajustada a la gravedad del hecho”, afirmó Serulle al ser consultado sobre los recientes escándalos de supuestos actos de corrupción en el país, incluido el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Julián Serulle expresó que en el Estado no puede prevalecer el individualismo, el egoísmo ni los deseos personales, argumentando que el único propósito que un funcionario debe tener es servir al pueblo, reconociendo que éste es el jefe y soberano por encima de intereses particulares.
Además, el dirigente político señaló que los ciudadanos deben tomar conciencia y entender que quien ocupe una función pública debe gozar de buena reputación y actuar con ética y moral, pues de lo contrario, afirmó, jamás aprenderá a valorar el patrimonio público.
Asimismo, sostuvo que esa conciencia debe primar también en los jueces y en el Ministerio Público, para que reconozcan la magnitud de un caso de corrupción estatal y lo traten con todo el rigor que impone la ley.
“Considero que a este pueblo se le debe hablar con claridad y despertar la conciencia para distinguir lo bueno de lo malo”, indicó en declaraciones telefónicas con reporteros de Hoy.
Julián Serulle señaló que cuando ocurren casos de corrupción contra el Estado, tanto los ciudadanos como las autoridades judiciales deben entender la necesidad del castigo, explicando que si no se aplica, en el país se seguirá considerando al Estado como una fuente inagotable de enriquecimiento y oportunismo personal.
El pasado domingo, el juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras, tras valorar la solidez de la investigación del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y presunto cabecilla del acto de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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