Santiago Hazim es acusado por el Ministerio Público de haber “establecido un esquema de corrupción sistemático”, en complicidad con otros funcionarios del Senasa y proveedores de servicios de salud.
Cuando el reloj marcó las 5:00 de la tarde de este domingo, se cumplió exactamente un día desde el inicio de las acciones judiciales contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, que culminaron con su arresto preventivo en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Tras un largo interrogatorio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en sus instalaciones, Hazim fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional Ciudad Nueva, donde permanece detenido.
Hazim fue arrestado junto a otras siete personas, a solicitud del Ministerio Público, por su presunta participación en una estructura criminal que supuestamente malversó los fondos económicos del Senasa, afectando la calidad de los servicios destinados a los afiliados.
Según un comunicado difundido por el órgano persecutor, Hazim es señalado por haber “establecido un esquema de corrupción sistemático”, con la colaboración de otros funcionarios del Senasa y proveedores de servicios de salud.
El MP afirma que identificó esta presunta red tras “recabar evidencias” de sobornos a “gran escala”, manipulación de estados financieros y programas especiales sin respaldo jurídico.
El propósito era “desviar fondos y realizar maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado dominicano”.
“Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos”, señala el comunicado enviado a los medios.
“Por su participación” en esta estructura que supuestamente cometió corrupción administrativa, junto a Hazim están detenidas las siguientes personas: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Por ahora, se desconoce cuál era el rol específico de estos individuos dentro de la supuesta organización criminal.
“Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el objetivo de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador”, informó el MP.
Aunque la acusación involucra “miles de millones de pesos”, el MP aún no ha precisado la cantidad de dinero que la presunta organización delictiva habría utilizado para su beneficio, en perjuicio de los afiliados del Senasa.
No obstante, un reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera identifica a Eduardo Read como propietario de la empresa Khersum SRL, la cual supuestamente fue adjudicada en un proceso de licitación del Senasa y recibía, además, 65 millones de pesos.
Este monto se entregaba supuestamente sin importar si los afiliados recibían los servicios requeridos.
El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, encabezó las operaciones realizadas por 25 fiscales, quienes, con el apoyo de más de 200 agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo 12 allanamientos.
Este nuevo proceso judicial por corrupción ha sido denominado “caso Cobra” por el MP, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió el pasado 30 de abril una sentencia que prohíbe al órgano judicial utilizar sobrenombres para identificar expedientes, debido a que afecta el derecho a la presunción de inocencia de los imputados. Sin embargo, este fallo no ha tenido efecto, ya que la entidad persecutora continúa empleándolos. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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