WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca comunicó el lunes que un almirante de la Armada autorizó una segunda incursión contra un navío sospechoso de tráfico de drogas en el Caribe, y reiteró que la acción de septiembre, que ha generado cuestionamientos de ambos partidos, fue reglamentaria.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la operación del 2 de septiembre después de que congresistas de diferentes afinidades políticas avalaran el domingo revisiones legislativas sobre los operativos militares de EE. UU. contra naves presuntamente involucradas en el trasiego de estupefacientes en el Mar Caribe y el Pacífico oriental. Este respaldo surge tras una publicación que indicaba que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una instrucción verbal para un segundo asalto que resultó en la muerte de los náufragos del buque.
Leavitt, al hablar con reporteros el lunes, no desmintió un reporte del Washington Post que mencionaba la existencia de supervivientes tras el primer ataque. Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente Donald Trump señalase el día previo que “no hubiera querido eso, ni un segundo ataque” al ser consultado sobre el suceso.
“El Secretario Hegseth dio luz verde al Almirante Bradley para ejecutar estos ataques con fuerza letal”, afirmó Leavitt, refiriéndose al Vicealmirante Frank Bradley de la Armada de EE. UU., quien en ese momento comandaba el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. “El Almirante Bradley actuó dentro de su facultad y apegado a la ley, dirigiendo la maniobra para garantizar la aniquilación del artefacto naval y la neutralización del peligro para los Estados Unidos de América”.
Los legisladores manifestaron no tener certidumbre sobre la veracidad del informe del Post de la semana previa, y algunos republicanos se mostraron reacios. No obstante, subrayaron que las noticias sobre el ataque a quienes ya habían sobrevivido a una salva inicial de misiles planteaban serias dudas legales y merecían un examen más profundo.
“De ser cierto, esto configura un crimen de guerra”, sentenció el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia.
El representante Mike Turner, republicano por Ohio, al ser interrogado sobre una acción de seguimiento enfocada en personas ya inhabilitadas para combatir, indicó que el Congreso carece de información al respecto. Resaltó que los dirigentes del Comité de Servicios Armados tanto de la Cámara como del Senado han iniciado indagaciones.
“Obviamente, si eso hubiese acontecido, sería sumamente grave y coincido en que sería una acción ilegal”, opinó Turner.
Trump defendió firmemente a Hegseth el domingo.
“Pete aseguró no haber ordenado la muerte de esos dos individuos”, expuso Trump. Agregó: “Y le creo”.
Leavitt mencionó que Hegseth ha conversado con miembros del Congreso que pudieron haber manifestado alguna inquietud sobre las revelaciones del fin de semana.
Posterior al reporte del Post, Hegseth manifestó el viernes en X que “las invenciones periodísticas están publicando más munición inventada, sensacionalista y malintencionada para desprestigiar a nuestros valiosos combatientes que defienden la patria”.
“Nuestras operaciones activas en el Caribe se ajustan a la legalidad estadounidense e internacional, con cada medida en concordancia con el derecho de los enfrentamientos bélicos y refrendada por los mejores asesores legales, militares y civiles, a lo largo de toda la jerarquía”, escribió Hegseth.
Leavitt también confirmó que Trump se reuniría más tarde el lunes con su equipo de seguridad nacional para tratar los operativos en curso en el Mar Caribe y las posibles resoluciones futuras respecto a Venezuela.
El ejecutivo estadounidense argumenta que los golpes en el Caribe están dirigidos a las organizaciones de narcotráfico, algunas de las cuales, sostiene, son controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump sopesa además la posibilidad de ejecutar ataques dentro del territorio venezolano.
Trump confirmó el domingo haber sostenido una comunicación telefónica reciente con Maduro, pero declinó dar pormenores de la charla.
El asalto de septiembre fue parte de una secuencia de incursiones emprendidas por las fuerzas armadas de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico oriental, al tiempo que Trump ordena el despliegue de un conjunto de buques de guerra cerca de Venezuela, incluyendo su mayor portaaviones.
Más de ochenta personas han perecido en las acciones contra embarcaciones menores que la administración Trump alega que transportaban narcóticos para los cárteles.
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