WASHINGTON – Un juez federal ha dado un revés a los intentos del Departamento de Justicia para presentar una nueva acusación contra el exdirector del FBI, James Comey, al prohibir temporalmente a los fiscales el uso de las pruebas en las que se basaron para presentar inicialmente los cargos criminales.
El fallo, emitido el sábado por la noche por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, no impide que el Departamento de Justicia intente nuevamente acusar a Comey en breve, pero sugiere que los fiscales podrían tener que procesarlo sin utilizar las comunicaciones entre Comey y un amigo cercano, el profesor de Derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman.
Comey fue acusado en septiembre de mentir al Congreso al negar haber autorizado a un asociado a actuar como fuente anónima para la cobertura mediática sobre el FBI.
En el proceso, los fiscales citaron mensajes entre Comey y Richman que, según ellos, mostraban a Comey alentando a Richman a colaborar con los medios en ciertas informaciones relacionadas con el FBI.
El caso fue desestimado el mes pasado después de que otro juez federal dictaminara que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente por la administración Trump. Sin embargo, ese fallo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno intentara nuevamente presentar cargos contra Comey, un antiguo adversario del presidente Donald Trump.
Tras la desestimación del caso, los abogados de Richman solicitaron una orden judicial que impidiera a los fiscales continuar accediendo a sus archivos informáticos, que el Departamento de Justicia obtuvo mediante órdenes de registro en 2019 y 2020 como parte de una investigación sobre filtraciones a los medios que luego fue cerrada sin cargos.
No obstante, Richman y sus abogados sostienen que, al preparar los cargos contra Comey, los fiscales se basaron en datos que excedían el alcance de las órdenes judiciales, retuvieron ilegalmente comunicaciones que deberían haber destruido o devuelto y realizaron nuevas búsquedas en los archivos sin autorización judicial.
El sábado por la noche, Kollar-Kotelly accedió a la petición de Richman de imponer una restricción temporal, ordenando al Departamento que “no acceda a los materiales cubiertos una vez que hayan sido identificados, segregados y asegurados, ni comparta, difunda o revele los materiales cubiertos a ninguna persona, sin antes solicitar y obtener la autorización de este Tribunal.”
Estableció como plazo para el Departamento de Justicia hasta el lunes por la tarde para certificar el cumplimiento de la orden.
“El peticionario Richman también ha demostrado que, en ausencia de una medida cautelar, sufrirá un daño irreparable por la violación continuada de su derecho a no ser objeto de incautaciones irrazonables en virtud de la retención continuada por parte del Gobierno de la imagen de su ordenador y materiales relacionados”, escribió.
Un portavoz del Departamento de Justicia federal declinó hacer comentarios el domingo sobre el fallo y sus implicaciones para los cargos revividos contra Comey.
No está claro si el Departamento de Justicia podría presentar nuevos cargos contra Comey aunque pudiera basarse en las comunicaciones de Richman. Los abogados de Comey han señalado que el estatuto de limitaciones para tal caso —el testimonio ante el Congreso en cuestión se dio el 30 de septiembre de 2020, hace más de tres años— ha expirado.
—– Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.









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