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El ministro afirmó que la CPI “no ha abierto la boca” para pronunciarse sobre “los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie les ha demostrado”, y añadió que la corte “la utiliza el imperialismo”, como suele referirse a Estados Unidos, para “perseguir pueblos”.
“Yo no voy a defender a nadie aquí, a ningún narcotraficante, pero eso no es lo que establece la norma para combatir el narcotráfico”, señaló Cabello respecto a los operativos de EE. UU., que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, considerado por el Gobierno de Nicolás Maduro como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.
En una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV, el también secretario general de la formación oficialista sostuvo que la CPI “es algo que utiliza el imperialismo para perseguir pueblos, para perseguir gobiernos y para perseguir países”.
“La Corte Penal Internacional es grosera, el silencio que guarda en el caso de masacres en distintas partes del mundo es grosero”, agregó.
Como parte de su operativo denominado ‘Lanza del Sur’, Estados Unidos ha hundido más de una veintena de lanchas adjudicadas a organizaciones criminales, aunque no ha presentado pruebas.
El pasado 2 de diciembre, Venezuela, a través de su embajador Héctor Constant Rosales, advirtió ante los países miembros de la CPI que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.
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En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el diplomático exigió que el tribunal “mire de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad que están destruyendo la credibilidad del sistema internacional de justicia”.
Hace una semana, la Fiscalía de la CPI, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con el país suramericano en materia de “complementariedad”.
En respuesta, el Gobierno de Maduro acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un “colonialismo jurídico” contra Venezuela, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, prepara una ley derogatoria del Estatuto de Roma para que la nación se retire de la corte. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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