Phoenix, Arizona. – La temporada de viajes de fin de año llega este año en un momento especialmente delicado para la población inmigrante en Estados Unidos. Diciembre, tradicionalmente vinculado a desplazamientos temporales por motivos familiares, coincide ahora con un entorno migratorio más restrictivo, caracterizado por una aplicación más estricta de las normas vigentes y un mayor intercambio de información entre agencias federales. En este contexto, incluso viajes de corta duración pueden tener implicaciones legales significativas.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comparte regularmente los nombres de pasajeros que abordarán vuelos comerciales con agencias de inmigración, como parte de un mecanismo utilizado para localizar a personas con órdenes definitivas de deportación, según reportes recientes.
Según una investigación publicada por The New York Times, la TSA envía listas de pasajeros varias veces por semana al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esa información se coteja con las bases de datos migratorias y, cuando se detecta una coincidencia con personas que tienen órdenes de deportación vigentes, agentes de ICE son desplegados en los aeropuertos para efectuar detenciones.
Desde principios de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional y el USCIS han reforzado los mecanismos de supervisión administrativa y cumplimiento procesal, especialmente en casos con trámites abiertos ante cortes migratorias o agencias federales. Audiencias, solicitudes de evidencia y notificaciones continúan emitiéndose durante la temporada decembrina, sin pausas ni extensiones automáticas.
“El sistema migratorio no entra en receso por las celebraciones y los plazos siguen corriendo”, explicó a Conecta Arizona el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite la movilidad interna dentro del país, pero establece obligaciones claras para quienes tienen procesos en curso. Aunque un viaje sea estrictamente temporal y no implique un cambio de domicilio, la persona sigue siendo responsable de recibir y responder cualquier comunicación oficial. En un escenario de mayor rigor institucional, no hacerlo a tiempo puede derivar en consecuencias procesales difíciles de revertir, incluidas decisiones adversas emitidas en ausencia.
Este contexto adquiere mayor relevancia porque muchos desplazamientos de diciembre obedecen a razones humanas y emocionales, como reuniones familiares postergadas, celebraciones o situaciones personales urgentes. Esa dimensión suele llevar a subestimar el impacto legal de un viaje breve. Sin embargo, el entorno actual reduce el margen para errores administrativos, incluso cuando no existe intención de incumplimiento.
Viajar dentro de Estados Unidos no está prohibido para personas sin estatus legal, según el Departamento de Seguridad Nacional, pero el contexto operativo actual es más exigente que en años anteriores. Aeropuertos, estaciones y terminales registran mayor actividad de control, y cualquier verificación de identidad puede escalar con mayor rapidez.
“Hoy es clave entender que los controles rutinarios se dan en un entorno de menor tolerancia al error”, advirtió Quiroga.
En vuelos domésticos, la implementación plena del REAL ID ha reducido las opciones de identificación aceptables. Algunas licencias estatales ya no son válidas para abordar aviones y la Administración de Seguridad en el Transporte aplica los requisitos de manera más uniforme. En este escenario, inconsistencias documentales que antes pasaban inadvertidas pueden generar retrasos, revisiones adicionales o interrogatorios prolongados.
“Para personas con procesos pendientes, portar evidencia de trámites activos cobra mayor relevancia este año”, explicó Quiroga. “Recibos de USCIS, notificaciones oficiales o permisos vigentes no otorgan estatus migratorio, pero ayudan a contextualizar la situación del viajero en un entorno de mayor escrutinio, especialmente durante temporadas de alto flujo como diciembre”.
Salir de Estados Unidos, aunque sea por pocos días, representa actualmente uno de los escenarios de mayor riesgo migratorio. Las reglas sobre permisos de viaje se están aplicando con mayor rigor, y personas con DACA, TPS o solicitudes de ajuste de estatus no deben abandonar el país sin contar previamente con Advance Parole. Viajar sin esta autorización puede provocar el cierre automático del caso, sin que el carácter temporal del desplazamiento atenúe sus efectos legales.
Incluso los residentes permanentes enfrentan un clima más exigente. Aunque la Green Card permite viajar, las autoridades evalúan con mayor atención la continuidad del vínculo con Estados Unidos, la frecuencia de las salidas y la coherencia del historial migratorio. Reingresos que antes eran rutinarios pueden implicar hoy inspecciones más largas y cuestionamientos adicionales.
“No se trata de decirle a las personas que no viajen”, subrayó Quiroga. “Pero en 2025 el margen de error es mucho más reducido. Con las políticas que se están aplicando, cualquier viaje temporal debe evaluarse con cautela según el estatus migratorio, los procesos pendientes y la documentación disponible. En algunos casos viajar es viable; en otros, puede ser un riesgo innecesario que conviene posponer”.
En una temporada tradicionalmente asociada al reencuentro y la movilidad, los viajes temporales se desarrollan hoy en un entorno legal más complejo. Bajo las políticas migratorias vigentes, desplazarse dejó de ser solo una decisión personal o logística y pasó a ser una decisión legal, con consecuencias administrativas concretas, donde la información precisa y la preparación previa se vuelven determinantes para proteger cualquier proceso migratorio en curso. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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