Fuente: Listin diario
Dos maestras del Centro Educativo Emilio Prud´Homme sufrieron intoxicación debido a las fumigaciones agrícolas efectuadas en fincas cercanas a dicho centro, ubicado en la comunidad de Bandera, Cenoví, municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) presentó una demanda formal contra los dueños o responsables de las fincas y sembradíos situados alrededor del Centro Educativo Emilio Prud´Homme (Bandera, Cenoví) en el municipio de San Francisco de Macorís.
La acción judicial se fundamenta en que dos maestras resultaron intoxicadas tras una fumigación ilegal realizada en las proximidades del mencionado centro durante el horario habitual de clases, sin que se adoptaran medidas preventivas, de control ni se notificara previamente a la comunidad educativa.
Las docentes afectadas se encontraban trabajando normalmente en el centro escolar correspondiente y fueron perjudicadas en su salud como consecuencia de las fumigaciones ilegales realizadas cerca del plantel, requiriendo atención médica urgente.
Una de las maestras permanece internada en el Centro Médico Nacional San Francisco, donde continúa recibiendo tratamiento.
El diagnóstico médico indica que ambas presentaron bronquitis y neumonitis causadas por la inhalación de gases, humo y sustancias químicas, acompañadas de crisis de broncoespasmo e intoxicación, condición que ha precisado cuidado médico especializado.
El sindicato presentó su denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, señalando que los dueños de las fincas han violado las normativas vigentes, evidenciado en varios videos recogidos en el lugar donde se observan fumigaciones efectuadas fuera del horario permitido.
“La situación descrita representa una grave y directa infracción al ordenamiento jurídico dominicano, dado que las fumigaciones realizadas cerca del centro educativo donde laboraban las docentes se efectuaron al margen de la legalidad vigente, incumpliendo claramente lo establecido en la Resolución No. RES-MARD-2023-38 del Ministerio de Agricultura, que regula estrictamente la aplicación terrestre de plaguicidas, sobre todo en zonas próximas a escuelas”, señala la querella presentada por la ADP.
La acusación argumenta que dicha resolución impone obligaciones claras como notificación previa, restricción de horarios, uso exclusivo de productos autorizados y adopción de medidas para proteger la salud humana; obligaciones que al no cumplirse originaron un peligro concreto y real que se tradujo en un daño comprobado a la salud de la docente actualmente hospitalizada.
Además, se indica que esta conducta vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Dominicana, especialmente el derecho a la salud, integridad personal y a un ambiente sano, así como el deber reforzado tanto del Estado como de particulares para proteger a la comunidad educativa, reconocida como un grupo especialmente vulnerable.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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