Fuente: Web del Maestro CMF
Andalucía, 16 de diciembre de 2025. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, sobre el Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, una normativa fundamental que consolida la condición del personal docente como autoridad pública y fortalece su protección jurídica, psicológica e institucional durante el desempeño de sus funciones.
Este decreto se aplica en los centros educativos no universitarios de Andalucía y en las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la labor docente. En estos ámbitos se producen las situaciones que la norma regula y protege: conflictos, agresiones, amenazas, vulneraciones a la dignidad profesional y también ciberacoso vinculado al ejercicio docente.
El propósito principal del decreto es reafirmar la autoridad del profesorado y asegurar que pueda realizar su trabajo con dignidad, seguridad y respaldo institucional. La norma reconoce que un docente protegido y apoyado es clave para fortalecer el prestigio educativo y para inculcar en el alumnado valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad.
En este contexto, el decreto establece que el profesorado —incluidos los equipos directivos y la Inspección Educativa— son considerados autoridad pública, lo que implica que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones cuentan con presunción de veracidad, salvo prueba contraria, siempre que estén debidamente documentados con objetividad y claridad.
El texto normativo refuerza derechos básicos del profesorado, como el respeto, reconocimiento y apoyo por parte del alumnado, sus representantes legales y la comunidad educativa en general. También reconoce la facultad del docente para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces que contribuyan a mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje.
De forma paralela, el decreto establece deberes claros: el alumnado debe respetar la autoridad y las indicaciones del profesorado y preservar su integridad física y moral; mientras que las familias deben colaborar con los centros educativos y acatar las normas de convivencia. Incluso se contempla que el profesorado pueda solicitar la entrega de objetos o sustancias prohibidas o peligrosas siguiendo procedimientos regulados.
Uno de los puntos más destacados del decreto es la regulación de los procesos para acceder a asistencia jurídica y apoyo psicológico gratuitos. Estos recursos se activan cuando un docente sufre amenazas, coacciones, agresiones o situaciones que afectan su autoridad profesional.
La asistencia jurídica incluye asesoramiento, representación y defensa en procedimientos judiciales tanto si son iniciados contra el docente como si él los promueve para defender sus derechos. Además, la Junta de Andalucía impulsará ante la Fiscalía que las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado sean calificadas como atentados.
La ayuda psicológica busca apoyar al docente para superar el impacto emocional derivado de conflictos o agresiones que puedan perjudicar su salud y desempeño laboral. Las solicitudes deben tramitarse obligatoriamente por vía electrónica y cuentan con plazos definidos para su resolución.
El decreto prevé la creación de una Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, adscrita a la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial correspondiente. Estas unidades atenderán e informarán al profesorado afectado por situaciones conflictivas, gestionarán las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica, evaluarán el nivel de conflictividad y trabajarán en la prevención de futuros problemas.
Cada caso será tratado individualmente, informando al docente sobre las acciones concretas que puede llevar a cabo. Además, estas unidades elaborarán información anonimizada así como una memoria anual sobre las actuaciones realizadas.
El desarrollo normativo también incluye medidas orientadas a mejorar la percepción social del trabajo docente. Entre ellas se contemplan campañas informativas y divulgativas para reforzar el respeto y prestigio del profesorado, además de establecer premios y distinciones educativas que reconozcan la innovación, dedicación y mejora de la convivencia en los centros.
Igualmente, los planes formativos para docentes incorporarán contenidos dirigidos a fortalecer la inteligencia emocional, la autoestima profesional y una gestión responsable del uso de redes sociales; aspectos considerados fundamentales para ejercer eficazmente la autoridad pública docente.
Con la aprobación del Decreto 209/2025, Andalucía establece un marco normativo claro que concreta derechos, garantías y procedimientos destinados a proteger al profesorado dentro y fuera del centro educativo, incluyendo también el entorno digital. Así, las situaciones que motivaron esta norma —conflictos, agresiones, deslegitimación de la autoridad docente y ciberacoso— tienen una respuesta institucional explícita, estructurada y con respaldo legal.
Este decreto representa un avance importante en la defensa de la dignidad profesional del profesorado y en la creación de entornos educativos seguros, respetuosos y orientados al aprendizaje.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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