Fuente: Mario Mendez/mario_mendez@hoy.com.do
La controversia sobre una posible renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Barrick Pueblo Viejo no debe tratarse desde impulsos ni reacciones defensivas.
Lo fundamental no es decidir si negociar es positivo o negativo por sí solo, sino determinar con qué propósito y bajo qué condiciones se hace.
Si la revisión significara modificar abrupta y arbitrariamente las reglas básicas del acuerdo, entonces no habría duda en cerrar esa posibilidad.
La estabilidad legal representa un capital estratégico para cualquier nación que busque atraer inversiones a largo plazo. Pero si la finalidad es otra: garantizar sostenibilidad fiscal, captar renta extraordinaria y reforzar la protección ambiental en un contexto de prosperidad inusual, entonces la negociación no solo resulta legítima, sino imprescindible.
El precio internacional del oro se encuentra en niveles históricamente elevados.
Esta circunstancia, innegable, ha impactado directamente las finanzas públicas dominicanas. En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos tributarios provenientes de la minería superaron los RD$20,000 millones, con expectativas de cerrar el año por encima de RD$30,000 millones.
Barrick Pueblo Viejo, principal actor del sector, elevó sus contribuciones fiscales en más de un 150% comparado con el año anterior.
El contrato vigente con la minera ha generado aportes significativos. En 2024, la empresa pagó alrededor de US$252 millones en impuestos, pese a una producción de oro menor que en años previos. Estos datos confirman que el esquema actual funciona, pero también plantean una cuestión crucial: ¿Está el país aprovechando al máximo la renta extraordinaria cuando el mercado es excepcionalmente favorable?
El debate no debería centrarse en desmantelar el contrato, sino en incorporar mayor progresividad. En términos sencillos, se busca mantener intacta la lógica contractual en épocas normales —incluyendo la recuperación de inversión— y permitir que en períodos extraordinarios el Estado también obtenga ganancias excepcionales.
Una opción técnicamente viable es establecer regalías o participaciones progresivas vinculadas al precio del oro. El contrato base se mantiene, pero se activan escalones automáticos cuando el precio supera ciertos umbrales.
Por ejemplo, hasta US$1,800 por onza se conservaría la estructura actual. Entre US$1,800 y US$2,200 podría añadirse un aumento moderado —de dos a tres puntos porcentuales— en la participación estatal. Y por encima de US$2,200, esta participación podría incrementarse alrededor de cinco puntos porcentuales.
Este tipo de mecanismos no es una idea nueva localmente. Países como Chile y Perú ya aplican sistemas tributarios mineros que ajustan los impuestos según la rentabilidad real de los proyectos y no solo sobre ventas brutas, facilitando una mejor captación de beneficios.
Adoptar buenas prácticas es esencial en minería. Porque el oro, conviene señalarlo, no se cultiva ni se reproduce; es un recurso limitado.
La cuestión esencial es si su explotación solo generará cifras pasajeras o si contribuirá a forjar un valor duradero para el desarrollo nacional.
Renegociar no implica necesariamente confrontación. Si se plantea correctamente, puede ser una herramienta para alinear intereses, actualizar acuerdos y garantizar que la riqueza extraída deje una huella palpable en el bienestar común.
En resumen, el camino no debe cerrarse ni abrirse sin reflexión. Debe abrirse sustentado en datos claros, reglas definidas y una visión a largo plazo. Porque cuando el mercado obtiene ganancias extraordinarias, resulta razonable —y responsable— que el país también las comparta.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario