Fuente: La Jornada de San Luis
Washington. Organizaciones defensoras del derecho a poseer armas criticaron este domingo las declaraciones de funcionarios federales tras el tiroteo en el que falleció Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta en Mineápolis, al considerar que se estigmatizó a propietarios legales de armas, según informó USA Today.
La polémica surgió luego de que autoridades federales afirmaran que Pretti portaba un arma y representaba una amenaza para los agentes; no obstante, videos difundidos y el testimonio de un testigo indicaron que el manifestante sostenía un teléfono móvil durante el forcejeo y no empuñaba un arma. El jefe de policía local confirmó que Pretti contaba con licencia para portar arma oculta.
El jefe policial de Mineápolis comunicó que Pretti tenía permiso para portar armas ocultas. Horas después del tiroteo fatal, el fiscal federal adjunto Bill Essayli, desde el sur de California, publicó en X: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que tengan justificación legal para dispararte. ¡No lo hagas!”. Otros integrantes de la administración Trump señalaron que los manifestantes pacíficos no acuden armados.
Las declaraciones posteriores de funcionarios federales, quienes sugirieron que acercarse armado a las fuerzas del orden podría justificar el uso de fuerza letal, fueron rechazadas por grupos como la Asociación Nacional del Rifle y Gun Owners for America, que pidieron esperar los resultados de las investigaciones y evitar generalizaciones contra ciudadanos respetuosos de la ley.
Después del tiroteo, varios funcionarios del gobierno Trump recomendaron a los manifestantes pacíficos no portar armas de fuego. “No conozco a ningún manifestante pacífico que se presente con un arma y municiones en lugar de un cartel”, afirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una conferencia horas tras el incidente. “Esto es un disturbio violento cuando alguien acude armado”.
Aunque posteriormente un fiscal federal adjunto aclaró sus palabras y explicó que se refería a personas que se aproximan agresivamente y se niegan a desarmarse, los grupos proarmas advirtieron que el caso reflejó la tensión entre las operaciones federales de seguridad y el ejercicio de derechos constitucionales durante protestas públicas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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