Fuente: Yadimir Crespo/yadimir_crespo@listindiario.com
Organizaciones advierten que uno de los desafíos del sistema sigue siendo la integración de información sobre estudiantes con discapacidad o alguna condición especial.
La diversidad es una constante en las aulas universitarias, pero no siempre se cuenta con los datos necesarios para asegurar una educación verdaderamente inclusiva.
Después de la publicación el lunes del reportaje “Derriban barreras para alcanzar profesiones”, profesores universitarios denunciaron que imparten clases sin conocimiento de la presencia de estudiantes con discapacidad en sus grupos, una carencia comunicativa que, según ellos, complica la adaptación de metodologías, evaluaciones y apoyos apropiados.
“Para uno es incómodo, no porque tome más tiempo ni sea más difícil, sino porque no sabemos cómo manejar ese tipo de situación; no queremos causarle un daño”, relata una docente que trabaja en diversas universidades de la capital dominicana y que, junto a otros colegas, se queja de que las instituciones no informan a sus profesores sobre los alumnos con discapacidad en sus aulas.
Esta mujer, que pidió mantener su identidad en reserva, explicó en una llamada a Listín Diario que si bien la condición física suele ser visible, desconocen otras condiciones, incluso psicológicas y psiquiátricas, que pueden surgir en clase y para las cuales no existen protocolos en las instituciones superiores donde labora.
Respeto a la confidencialidad
Existen quienes opinan que no corresponde a las universidades informar a los docentes sobre esto, sino que es el estudiante quien decide si hacerlo o no.
Un ejemplo es Scarly Urbano, integrante del Consejo Facultativo del Círculo de Mujeres con Discapacidad y trabajadora en la Dirección de Servicios para la Inclusión de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
Uno de los profesores consultados mencionó esta dependencia como modelo de buenas prácticas. Fundada en 2018, fue pionera en el país y hasta el momento ha beneficiado a más de 200 personas entre estudiantes con discapacidad, Trastorno del Espectro Autista (TEA), condiciones crónicas o temporales de salud, problemas mentales, necesidades educativas específicas que afectan su rendimiento académico, así como a docentes y personal administrativo que requieren orientación para brindar atención inclusiva.
En el cuatrimestre actual cuentan con 84 alumnos y 40 docentes atendidos. Sin embargo, esta ayuda se ofrece solo a quienes la solicitan voluntariamente.
Atención individualizada
El departamento elabora un plan personalizado de ajustes razonables para adaptar los apoyos a cada usuario de los servicios de inclusión y garantizar las condiciones necesarias para su plena participación, sin reducir los estándares académicos.
En un documento enviado a este medio detallan que el proceso comienza con una entrevista directa para identificar las necesidades, fortalezas y obstáculos del estudiante en el entorno académico. Tras obtener la aprobación del alumno, lo acordado se comunica a cada profesor involucrado y al director correspondiente. No obstante, el profesorado no recibe información clínica ni diagnóstica; solo trabajan con estrategias, metodologías y orientaciones pedagógicas establecidas en el plan.
Además, desde 2025 cuentan con guías para docentes, reuniones regulares para apoyar a profesores con estudiantes usuarios del servicio de Inclusión y formación certificada en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), fortaleciendo así las competencias docentes respecto a la diversidad presente en el aula e impulsando prácticas pedagógicas más flexibles e inclusivas.
Políticas nacionales
“Solo he tenido una vez un estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo; aunque desconocía su diagnóstico formal, su comportamiento indicaba una condición particular”, expresa otro profesor universitario que pidió anonimato por temor a represalias, pues cuenta apenas con poco más de un año ejerciendo en las aulas.
Este docente añade que respetando que la alumna nunca solicitó trato preferencial, realizó evaluaciones bajo los mismos criterios que al resto del grupo para asegurar un proceso sin sesgos.
Sin embargo, califica a esta estudiante como una distracción considerable y señala que nunca recibió capacitación ni materiales orientativos sobre cómo actuar ante la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales como ella.
Situación similar vivió Pastor de la Rosa, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd).
“Me llegó un estudiante con déficit significativo de atención y problemas para concentrarse. Intenté adaptarme, pero muchas veces es imposible que un alumno con ciertas discapacidades cognitivas comparta un espacio académico con otros sin esas condiciones; no es cuestión de negarle oportunidades, sino que requieren atención especializada”, relata De la Rosa.
En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se han observado mejoras tanto en accesibilidad física como en atención diferenciada. No obstante, este profesional y docente de Sociología considera que falta una política pública clara para atender a esta población en el país.
“No puede depender solo de la universidad; debe haber coordinación desde el Ministerio de Educación Superior; no percibo al Mescyt actuando al respecto”, afirma De la Rosa, quien sostiene también que esta gestión debe articularse entre varios ministerios como Salud e incluir aspectos logísticos como transporte para estas personas.
Rectores universitarios
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) informó que con apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) se llevó a cabo un estudio diagnóstico sobre las necesidades de estudiantes con discapacidad en educación superior.
Asimismo se conformó un grupo integrado por unas 200 personas encargado de gestionar y dar seguimiento a temas relacionados con inclusión en las instituciones universitarias del país.
Se indicó además que se ha fortalecido la Red Interuniversitaria sobre Educación Superior para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre universidades. Sin embargo, señalaron que uno de los principales retos del sistema continúa siendo consolidar información estadística detallada, sistemática y comparable acerca de estudiantes con alguna discapacidad o condición especial.
Paralelamente realizan jornadas periódicas para capacitar y sensibilizar al personal académico y administrativo con la finalidad mejorar atención y acompañamiento hacia estudiantes con discapacidad dentro del ámbito universitario.
La ADRU reconoció como pendiente el desafío relacionado a la falta de estadísticas precisas aunque resaltó haber incorporado instrumentos estandarizados para identificar condiciones discapacitantes como las Preguntas Washington formuladas por Naciones Unidas e integradas en formularios admisión conforme a lineamientos del Mescyt.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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