Fuente: Listin diario
Codia estima que la deuda por obras públicas podría superar los 2,000 millones de pesos, pero Ministerio de Hacienda debe identificarla
El Congreso Nacional aprobó el pasado lunes una ley que autoriza “de manera excepcional y por única vez” al Gobierno a saldar deudas pendientes desde aproximadamente 1990 hasta hoy con empresarios e ingenieros que realizaron obras públicas, aunque no hayan formalizado contrato con las autoridades.
En los próximos días, el Poder Ejecutivo decidirá si promulga esta legislación.
De ser promulgada, también se incluirán otros casos donde los legisladores consideraron que los contratos debieron pasar por un proceso formal debido a “reformulación de presupuestos y la inclusión de trabajos adicionales”.
La iniciativa, respaldada por ambas cámaras y elaborada por el senador Franklin Romero, ordena al Ministerio de Hacienda y Economía cumplir esta disposición sin precisar el monto total a pagar.
Aunque el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) calcula que el valor total de las obras alcanza o supera los 2,000 millones de pesos, la ley aprobada deja en manos del citado ministerio la tarea de identificar esta cifra.
El artículo 3, titulado condiciones de aplicación, señala: “Los montos finales a pagar serán aquellos que resulten de las verificaciones y validaciones efectuadas y certificadas por el Ministerio de Hacienda y Economía, calculados a precios vigentes en las fechas en que se ejecutaron los trabajos”.
Según el tercer párrafo del artículo cuatro, la verificación de los trabajos realizados dependerá del análisis sobre la ubicación, entidad ejecutora, cantidades, estimación de inversión, cálculo de precios según fecha de ejecución, soluciones técnicas aplicadas y otros aspectos relevantes.
Posteriormente, será el Ministerio de Hacienda quien apruebe si las empresas e ingenieros “adeudados” recibirán sus pagos.
Este ministerio podrá realizar transferencias desde el presupuesto nacional o emitir bonos u otras formas de pago conforme lo establezca.
El artículo 11 dispone que dicha entidad financiera gubernamental debe elaborar trimestralmente un informe sobre los pagos efectuados para remitirlo a los órganos legislativos.
Antes de concluir su trámite en la Cámara de Diputados, representantes de las principales bancadas opositoras (Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo) rechazaron el proyecto, cuestionando la rapidez con que los congresistas del Partido Revolucionario Moderno lo aprobaron.
Además, Rafael Castillo, vocero del bloque FP, destacó la falta de información clave en el documento legal al no especificar ni montos ni fechas de ejecución. Advirtió sobre la posibilidad de que empresarios ligados al Gobierno se beneficien sin haber realizado mejoras o construcciones.
“La FP está comprometida a que se pague a todos, pero no creemos justo que personas aprovechen esta dispensa solo por tener vínculos con el gobierno. No conocemos el monto ni la descripción de las obras”, afirmó Castillo.
Esta lista también incluye a empresas e ingenieros que hicieron “mantenimientos correctivos a edificaciones del Ministerio de Educación (Minerd), sin contar con un contrato formal debidamente suscrito”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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