Fuente: El Universal
Tres desafíos clave marcarán el inicio de 2026 en la política estadounidense: la expiración de ciertas disposiciones individuales de la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) del 1 de enero, el cierre del periodo de inscripción al seguro médico bajo la Affordable Care Act (ACA), conocido como Obamacare, alrededor del 15 de enero, y un límite presupuestario que podría llevar al gobierno federal a un nuevo conflicto a finales de ese mes.
“La gente comienza el año igual que terminó, ajustando sus gastos”, comenta a EL UNIVERSAL la economista María Díaz. “El aumento en el alquiler y las facturas de servicios públicos se convertirán en temas centrales para las elecciones”, añade.
El 2026 será un año de elecciones intermedias —el 3 de noviembre— donde se renovará la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, así como varias gobernaciones y asambleas estatales. “El país ya está en modo campaña porque estos comicios funcionan como un referéndum inicial sobre el presidente y su agenda”, explica a este diario el politólogo Pablo Salas. Trump y los republicanos buscan consolidar su mayoría, mientras los demócratas intentan recuperar el control del Congreso.
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La contienda electoral también se refleja en las reglas. En Texas, la redistribución de distritos y el gerrymandering reaparecen como herramientas clave para los republicanos, generando una batalla similar en otros estados. El presidente Donald Trump, que cumplió un año en el cargo el 20 de enero, expresó sin tapujos: “Tenemos la oportunidad en Texas de obtener cinco escaños”. California, con mayoría demócrata, enfrenta una situación semejante.
Iniciativas como la Ley SAVE (Safeguard American Voter Eligibility), que propone exigir documentos que prueben la ciudadanía para registrarse y votar en elecciones federales, son presentadas como medidas para proteger la integridad electoral o denunciadas como barreras masivas. Michael Waldman, del Centro Brennan para la Justicia, calificó esta ley como “una de las peores en la historia electoral de Estados Unidos”.
El presupuesto federal vuelve a ser una herramienta de poder. Para cerrar 2025, el Congreso aprobó una resolución temporal que mantiene el financiamiento del gobierno sin aprobar presupuestos completos, pero solo por un tiempo limitado; este vence en enero y reabre la posibilidad de un cierre gubernamental. En un artículo sobre los subsidios del ACA, la revista Time describió este escenario como un choque de fechas: el fin del periodo de inscripción y la expiración de fondos federales coinciden en el mismo mes, dejando al Capitolio al borde.
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El primer gran debate económico del año surgirá con el vencimiento de partes esenciales de la TCJA a finales de 2025, obligando a decidir en 2026 si se prorrogan, modifican o terminan. Esta decisión estará entrelazada con temas como déficit, programas sociales y promesas electorales. En 2025, la Cámara aprobó un proyecto ambicioso para hacer permanentes los recortes fiscales y financiar prioridades como la represión migratoria, mientras recorta redes de protección social.
En 2025 se elevó a 41.1 billones de dólares el techo legal para endeudamiento, ganando tiempo pero sin resolver la presión estructural por intereses y déficit. En junio de ese año, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), organismo técnico e independiente, calculó el costo fiscal del plan legislativo republicano; ante esta preocupación, desde el gobierno optaron por transmitir confianza. Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó: “No me inquieta la dinámica de la deuda estadounidense”, confiando en que un crecimiento superior al 3% aliviará esa carga.
Lo que hace crítica la situación del costo de vida en 2026 es que no tiene una causa ni culpable único. La inflación puede ceder en algunos indicadores y aumentar en otros como los ingresos; los salarios pueden crecer pero parecer insuficientes si los precios de vivienda y seguro médico absorben esos aumentos. La Reserva Federal (Fed) seguirá siendo un actor político involuntario porque cada decisión sobre tasas impacta cuotas hipotecarias, créditos al consumo y el ánimo social.
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En materia sanitaria, si el Congreso no renueva los subsidios extendidos del ACA estos expirarán, lo que podría subir las primas y dejar a personas fuera del sistema. Se reportó que las inscripciones para 2026 disminuyeron cerca del 11% respecto al año anterior en periodos comparables; cabe recordar que la fecha límite suele cerrarse alrededor del 15 de enero.
Ese ámbito sanitario suma otra división: Medicaid y las redes de protección social están en disputa política. Los demócratas han convertido esto en una acusación moral y electoral. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara Baja, declaró que “el objetivo de este proyecto es otorgar exenciones fiscales masivas a multimillonarios”. El trasfondo es tan relevante como sus palabras. “En 2026 se discutirá también quién asume los ajustes impositivos, quiénes reciben beneficios y quiénes pierden cobertura”, apunta Díaz.
La inmigración continuará siendo el motor que moviliza bases políticas e impulsa temores. “El megaproyecto fiscal aprobado en 2025 fue presentado para financiar medidas contra la inmigración ilegal con una estrategia política clara: mostrar resultados visibles tanto en frontera como dentro del país”, comenta Díaz.
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México seguirá enfrentando las presiones derivadas de Trump en seguridad. Los acuerdos sobre narcotraficantes como Joaquín y Ovidio Guzmán podrían alimentar narrativas políticas tanto en Estados Unidos como en México.
El comercio exterior será otro terreno complicado debido al regreso al centro del debate sobre aranceles. La CBO estimó que mayores gravámenes podrían reducir el déficit federal alrededor de 4 billones en diez años; esto resulta atractivo para un gobierno que busca ingresos sin llamarlos impuestos. “Pero los aranceles no son magia: los pagan importadores y generalmente se trasladan a consumidores; esta tensión entre recaudación y precios será utilizada por ambos partidos: unos lo defenderán como soberanía económica; otros lo criticarán como impuesto indirecto al consumidor”, destaca Díaz. Además, Salas recuerda que este año será crucial para la Corte Suprema, que podría revocar la política arancelaria impulsada por Trump.
El 1° de julio de 2026 marca otra fecha clave con la revisión sexenal del tratado comercial con México y Canadá (T-MEC). Este análisis ocurre en medio de una “guerra arancelaria” y cadenas productivas afectadas por tensiones geopolíticas. México inició consultas bajo presiones desde Washington y evaluando qué industrias —como automotriz, agrícola o manufacturera— llegarán más vulnerables a esa fecha. “Para EU será también un mensaje electoral dirigido a votantes industriales y estados bisagra; para México representa una prueba política entre cooperación forzada en seguridad e inmigración”, señala Salas.
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En política exterior seguirán dominando Venezuela y Ucrania. Luego de la operación contra Nicolás Maduro queda pendiente observar cómo evoluciona su situación judicial; mientras tanto, el conflicto ruso-ucraniano sigue siendo un doloroso reto para un presidente que prometió acabarlo rápidamente.
Estados Unidos tendrá dos grandes eventos espejo para verse reflejado y proyectarse internacionalmente. El Mundial 2026 empezará oficialmente el 11 de junio y concluirá el 19 de julio con EU como anfitrión principal junto a México y Canadá. Además, los actos por el 250 aniversario convertirán ese año en una celebración nacional destacada: Associated Press reportó que Times Square planea realizar una segunda caída simbólica de bola (ball drop) el 3 de julio como antesala al Día de la Independencia.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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