Fuente: Hoy Digital
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó que la digitalización impulsada por el Poder Judicial ha contribuido a disminuir la discrecionalidad administrativa, incrementar la transparencia y optimizar los procesos internos, combatiendo así la corrupción y la ineficiencia.
En su intervención en el Legal Trends 2026, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) bajo el tema: Avances y Desafíos de las Reformas para la Institucionalidad y el Desarrollo, donde abordó “Desafíos de la transformación digital y del desarrollo institucional del Poder Judicial”, declaró que la transformación digital es un aliado esencial para el emprendimiento y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Añadió que una justicia digital resulta auditable y libera al juez de trámites administrativos, permitiéndole enfocarse en lo fundamental: dictar sentencias con calidad y en tiempo adecuado.
De igual manera, señaló que el proceso de modernización del servicio judicial a través de plataformas como justicia.gob.do y la adopción de la firma digital “ha cambiado el juego”, debido a que el expediente digital no se extravía ni se pierde, sino que posee trazabilidad.
“Las grandes empresas pueden permitirse largas esperas, pero para un pequeño negocio o emprendedor, una burocracia lenta es una condena a muerte. La digitalización democratiza el acceso a la justicia”, expresó Henry Molina.
El magistrado resaltó que durante su gestión se alcanzó eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señalando que gracias a las leyes de Casación y Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial se han reducido significativamente los tiempos, como ocurre en la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que resuelve sus casos en un promedio de seis meses.
“Una justicia administrativa rápida asegura que el Estado cumpla con la ley, protegiendo al contribuyente y al emprendedor frente a arbitrariedades; las inversiones en energías renovables y proyectos verdes requieren seguridad jurídica duradera, no incertidumbre. Esto representa pura seguridad jurídica: un Estado sometido a la legalidad con respuestas eficientes”, subrayó Molina.
Al destacar los logros, también reconoció retos pendientes como la ejecución de justicia penal y la mejora continua en la duración de los procesos; además, consideró necesario fomentar métodos alternativos como el arbitraje y la mediación para descongestionar el sistema. Otro desafío es promover la Ética Corporativa.
En el evento participaron también Napoleón Estévez Lanvandier, presidente del Tribunal Constitucional; Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Miguel Collado di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas (CREES); César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM; y Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario