Fuente: Listin diario
Instituto Duartiano niega que decisiones de la CIDH sean obligatorias para República Dominicana
El Instituto Duartiano desestimó las declaraciones de Elizabeth Rodríguez, Defensora Pública Interamericana por República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde sostiene que las resoluciones de este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen carácter vinculante para nuestro país.
Wilsón Gómez, presidente del instituto, afirmó que “la mencionada abogada miente al sostener que el país continúa sujeto a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana”.
En un comunicado dirigido a este medio, expresó: “Esta afirmación genera preocupación porque intenta desconocer una decisión tan clara y contundente como la Sentencia TC/0256/14, emitida por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014”.
Gómez también manifestó su alarma al constatar que un organismo administrativo “ignore el contenido y alcance de una resolución del Tribunal Constitucional, pese a que la Constitución establece que sus fallos son definitivos, irrevocables y constituyen precedentes obligatorios para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
El dirigente señaló que la intervención activa de una Defensora Pública en un tribunal internacional como la CIDH “representa una anomalía, una evidente intromisión e incluso una inexplicable usurpación de funciones”.
Aclaró que el Instrumento de Aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, firmado por el Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1999, según indicó el Tribunal Constitucional, “es un acto cuya trascendencia afecta a todos los ciudadanos dominicanos”.
“Para que sea vinculante para el Estado dominicano, debió cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Suprema del país: la Constitución, dado que esa aceptación implica transferir competencias jurisdiccionales que podrían vulnerar la soberanía nacional, el principio de separación de poderes y también el principio de no intervención en asuntos internos”, explicó.
Asimismo, afirmó que esta interpretación jurídica no es exclusiva a nuestra nación, sino que es respaldada y forma parte del derecho constitucional comparado.
“Se sostiene que cualquier instrumento jurídico internacional, aun cuando no sea un tratado, debe someterse al proceso de ratificación congresual, ya que son actos legales que comprometen al país internacionalmente”, puntualizó.
Finalmente, concluyó: “Está claro que por decisión del Tribunal Constitucional dominicano se desvinculó al país de la CIDH; por eso se rechazan los intentos malintencionados de reincorporarlo y poner en riesgo la integridad y soberanía nacional”, finaliza el comunicado firmado por Gómez.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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