Fuente: Hoy Digital
Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España procederá a tomar declaración a las dos mujeres que el 5 de enero interpusieron una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, acusándolo de acoso y agresión sexual en 2021.
En una rueda de prensa, el equipo jurídico de Women’s Link, que representa a las denunciantes, informó este miércoles que el Ministerio Público las tomará declaración en calidad de testigos protegidos.
Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, calificó esas decisiones como “un paso muy importante en la búsqueda de la justicia” para ambas mujeres y destacó que “las autoridades están actuando con rapidez”.
Más excolaboradoras del cantante
Por otro lado, Ríos reveló que otras mujeres que trabajaron para el artista se han puesto en contacto con su organización, aunque evitó precisar si también habrían sido víctimas, para preservar su privacidad.
Respecto a las dos denunciantes, no hay fecha definida para sus declaraciones, que podrían realizarse por medios telemáticos debido a que no residen en España. “Esos detalles no los tenemos y se manejan con discreción”, añadió la abogada Gema Fernández, quien aseguró que el caso corresponde a la Justicia española.
Desde la Fiscalía, insisten en mantener el secreto de las diligencias y no ofrecen más información sobre su investigación, la cual es preprocesal y aún no está judicializada.
En ese sentido, el Ministerio Público debe determinar si los hechos revisten carácter penal; para ello dispone, según la letrada, de seis meses antes de decidir si archiva el caso o presenta una querella.
La denuncia fue presentada para que sea el Ministerio Público quien “lidere la acción penal” si considera que existen indicios de delito, explicó la abogada. De lo contrario, no descartan otras vías, como que la propia organización interponga directamente una denuncia ante un juzgado.
Medidas para proteger a las denunciantes
Ríos señaló que las decisiones adoptadas por la Fiscalía forman parte de las medidas cautelares solicitadas en la denuncia, debido a que Julio Iglesias “tiene un poder diametralmente distinto al de las denunciantes”, derivado de su influencia y recursos económicos.
Asimismo, temen que el cantante intente “localizarlas” o “disuadirlas” para que no continúen con nuevas acciones legales en su contra.
Las medidas incluyen evitar cualquier contacto entre las denunciantes y sus familiares con Iglesias y su entorno; garantizar la protección de la intimidad de las mujeres; tomarles declaración bajo condiciones adecuadas y prevenir la revictimización de aquellas trabajadoras que aún siguen vinculadas laboralmente al cantante.
Un modus operandi
Virginia Álvarez, representante de Amnistía Internacional, indicó que la ONG está realizando investigaciones que evidencian que lo ocurrido a estas dos mujeres no es un caso aislado sino parte de “un patrón” detectado en otros países, afectando principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos vulnerables.
La organización observó que en los sectores analizados funcionan “estructuras laborales basadas en la idea de que el tiempo, cuerpo y trabajo de las mujeres son baratos y fácilmente reemplazables”, favorecidas además por políticas migratorias que hacen depender la vida de las víctimas de sus empleadores: “Cuanto más precario es el estatus migratorio de muchas personas, mayor es el riesgo de explotación”, sostuvo Álvarez.
Según la denuncia, los hechos podrían constituir delitos como trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre; crímenes contra la libertad e indemnidad sexual tales como acoso; así como lesiones y violaciones a los derechos laborales.
Las situaciones denunciadas habrían tenido lugar en residencias de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una mujer era empleada doméstica y la otra trabajaba como fisioterapeuta.
Las extrabajadoras aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros telefónicos y solicitudes migratorias dirigidas por Julio Iglesias a los gobiernos español, bahameño y dominicano, según reportaron elDiario.es y Univisión, medios encargados de esta investigación.
Ambas relatan agresiones sexuales incluyendo penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario