Fuente: Listin diario
La defensa del cantante cuestiona que la Fiscalía haya catalogado a las denunciantes como testigos protegidos en su decreto de archivo
Julio Iglesias solicitó nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el envío del escrito con las acusaciones que pesan en su contra por supuestos abusos sexuales denunciados por dos de sus exempleadas, con el objetivo de “verificar si pudo haberse cometido un posible delito de denuncia falsa”.
En un documento al que Europa Press tuvo acceso, su abogado se dirige al Ministerio Público días después de que este decidiera archivar la investigación contra Iglesias debido a la “falta de competencia” del tribunal para tratar hechos presuntamente ocurridos en el Caribe.
El letrado solicita expresamente a la Fiscalía “copia de la denuncia y el contenido completo de las diligencias de investigación preprocesal”, argumentando que “no existe norma alguna que limite al denunciado el derecho a conocer las actuaciones derivadas de una denuncia presentada en su contra”.
El escrito añade que “no debemos olvidar que el acceso a la denuncia es además imprescindible para poder valorar si se ha cometido un posible delito de denuncia falsa, este sí en territorio español, por parte de las denunciantes, por lo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado”.
La defensa critica que el decreto de archivo haya “designado a las denunciantes como testigos protegidos”, tras señalar que estas, “a través de sus representantes y medios afines”, habrían “orquestado una agresiva campaña mediática contra” Iglesias, la cual “ha dañado irreparablemente su derecho al honor”. “Esta situación no resulta compatible con la protección concedida por la Fiscalía española, aún sin contar con jurisdicción”, añade.
Además, sostiene que esa “condición de testigos protegidos no puede traducirse en negar al denunciado el acceso al contenido de las diligencias realizadas ni privarle definitivamente del conocimiento sobre la denuncia y las actuaciones, obligándole a depender únicamente de la información difundida por medios y organizaciones afines a las denuncias, impidiéndole así defender sus derechos fundamentales”.
EL ARCHIVO DE LA FISCALÍA
El pasado viernes, la Fiscalía hizo público un decreto en el que destacaba la “ausencia de jurisdicción por parte de los tribunales españoles y, por consiguiente, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados”.
Recordaba también que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, “España no tiene atribuido investigar delitos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado cuenta con competencia clara y efectiva para ello, y no existen razones para no iniciar acciones penales en dicho país”.
El decreto señalaba que aunque el delito de trata de personas – uno de los imputados – se persigue extraterritorialmente, es necesario que el procedimiento esté dirigido contra un español y existan vínculos materiales con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.
La Fiscalía subrayaba que “las víctimas son extranjeras”, “no residen en España” y los hechos se atribuyen a países con plena competencia para investigarlos. Además, indicaba que los acusados – entre ellos Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano – tampoco viven en España.
La resolución explicaba que la Audiencia Nacional ha confirmado en otras ocasiones que España “no es competente para indagar delitos cometidos fuera cuando no hay vínculos relevantes con nuestro país”. “Especialmente cuando las víctimas son extranjeras sin residencia española, los supuestos autores también lo son o están fuera del país y los hechos pueden investigarse donde ocurrieron”, concluía.
LA DENUNCIA DE LAS EXTRABAJADORAS
Dos ex empleadas – una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta – relatan haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un entorno marcado por control constante y acoso, según un reportaje publicado por ‘elDiario.es’ junto a Univisión Noticias.
Una de ellas asegura haber sido presionada para mantener relaciones sexuales con el cantante e incluso habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones tanto físicas como verbales. Según dos entrevistadas, estos hechos ocurrieron en 2021 cuando la más joven tenía 22 años.
Así se recoge tras una investigación desarrollada durante tres años en la que se contactó con 15 exempleadas del servicio —incluyendo personal doméstico y profesionales especializadas— que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023 en sus propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que denunció penetraciones afirma que el artista español, entonces con 77 años, solía llamarla a su habitación tras finalizar la jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, declara en entrevista concedida a los medios investigadores.
“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales ocurrían casi siempre con otra empleada presente que tenía autoridad jerárquica sobre ella dentro del servicio doméstico.
La investigación señala que los testimonios hablan también sobre “condiciones aisladas para las mujeres, conflictos laborales, estructura jerárquica del personal y la tensión generada por el carácter irascible de Iglesias”.
Las dos mujeres que relatan agresiones sexuales fueron entrevistadas repetidamente durante más de un año y ofrecieron relatos coherentes y estables”, recoge el artículo, que asegura además que “sus declaraciones han sido corroboradas con abundante documentación como fotografías, registros telefónicos, mensajes WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en las residencias del cantante ubicadas en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), supuestamente con conocimiento del personal encargado del hogar y contratación del servicio doméstico según indican las extrabajadoras.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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