Fuente: Comunicado De Prensa/comunicado_de_prensa@yucatan.com.mx
PREOCUPACIÓN DE LA SIP POR PRESUNTAS REPRESALIAS CONTRA GRÁFICOS NACIONALES EN ECUADOR
MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su inquietud ante una serie de medidas que, según su análisis, podrían representar represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa responsable de la edición de los diarios Expreso y Extra en Ecuador.
Este comunicado se fundamenta en información pública proporcionada por la misma compañía, así como en documentos oficiales entregados por su equipo legal.
En este marco, la SIP señaló que varias acciones tributarias, financieras y societarias, algunas impulsadas por entidades del Estado ecuatoriano, podrían emplearse como instrumentos de presión para influir en la propiedad y administración del grupo editorial.
Por consiguiente, estas medidas afectarían directamente la libertad empresarial y, de forma indirecta, la línea editorial del medio.
Una de las principales preocupaciones de la SIP está vinculada a los intentos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) por revertir la titularidad accionaria de Granasa.
De acuerdo con lo informado por la empresa, dicha titularidad se estableció e inscribió conforme a la normativa vigente desde hace varios años.
En ese sentido, la SIP advirtió que estas acciones podrían provocar inseguridad jurídica y abrir paso a una interferencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación.
Desde su punto de vista, esta situación resulta incompatible con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.
Por su parte, Granasa comunicó públicamente que el gobierno del presidente Daniel Noboa estaría utilizando “todos sus esfuerzos y caminos opacos” para presionar a la empresa y limitar sus críticas.
Además, la compañía indicó que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento sobre procedimientos tributarios iniciados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionados con supuestas discrepancias en las declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución.
Como consecuencia, la empresa aseguró haber solicitado oportunamente el acceso a la documentación pertinente.
No obstante, hasta ahora no ha recibido toda la información necesaria para comprender el verdadero alcance de dichas actuaciones.
Respecto a este tema, Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que emplear instituciones públicas para presionar a medios críticos constituye una forma indirecta de censura.
También advirtió que cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para condicionar a una empresa periodística, se perjudica la libertad de prensa, considerado por la organización como un pilar fundamental del periodismo independiente.
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En igual sentido, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que este tipo de acciones genera un efecto intimidatorio que va más allá de una sola empresa y envía un mensaje preocupante a todo el ecosistema mediático nacional.
Finalmente, la SIP recordó que en su informe más reciente sobre libertad de prensa en Ecuador advirtió que el ecosistema mediático del país ha sufrido graves vulneraciones a este derecho.
El documento señala que funcionarios del gobierno de Daniel Noboa habrían empleado redes sociales y canales oficiales para cuestionar públicamente a periodistas y medios.
Como ejemplo, se mencionan declaraciones del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes incluso de existir una investigación formal.
La SIP calificó esta situación como un posible intento de intimidación política.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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