Fuente: El Universal
Creciente tensión social en Minnesota tras muerte de Renee Nicole Good
Miami. — En las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, Minnesota, la indignación social crece rápidamente. “Se trata de una energía que organiza marchas, llena audiencias públicas y convierte cada operativo federal en un momento de tensión e incertidumbre”, explica a EL UNIVERSAL la socióloga Cecilia Castañeda; la experta advierte que el principal riesgo “no es solo la existencia de protestas, sino la formación de una espiral donde la ira social y la presencia armada se retroalimentan”, y destaca cómo la desconfianza creciente hacia las instituciones responsables de investigar y esclarecer los hechos “también aviva el conflicto”.
El detonante más visible “que encendió esta crisis” fue el asesinato de Renee Nicole Good, quien fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Desde entonces, “el debate dejó atrás la política migratoria para convertirse en una disputa sobre los límites del poder federal, el uso de la fuerza en las calles y quién puede vivir sin temor a ser detenido o confundido con un blanco”, enfatiza Castañeda.
Para una parte de Minnesota, el problema no son solo las declaraciones oficiales, sino su impacto. “Parecen una absolución anticipada y, por lo tanto, un cierre de filas del gobierno antes de revisar todas las pruebas”, comenta a este medio Deirdre Schifeling, portavoz del movimiento ICE Out For Good.
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ICE Out For Good es una campaña nacional que exige responsabilidad por la violencia ejercida por ICE tras el homicidio de Good y convoca a manifestaciones públicas en todo el país; está liderada por una coalición que incluye organizaciones como Indivisible, ACLU, MoveOn, Voto Latino y United We Dream, junto a grupos locales y aliados. Esta iniciativa organizó más de mil eventos durante un fin de semana de acción, con participación tanto nacional como local.
El presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, calificando a los manifestantes como “insurrectos” y “agitadores profesionales”.
“La aplicación de la Ley de Insurrección autoriza a Trump a desplegar soldados del ejército en todo el estado”, confirma Schifeling, quien también es abogada de ACLU.
Las autoridades estatales y locales respondieron con mensajes dirigidos a una población que desconfía de Washington. El gobernador Tim Walz afirmó: “sé que están enojados; yo también estoy enojado”; advirtiendo que Trump “busca violencia en las calles” y que la gente no debe darle ese gusto. El alcalde Jacob Frey fue más directo al pedir que se reduzca la tensión: “esto no es un reality show, necesitamos bajar la escalada” y añadió que Trump “quiere que mordamos el anzuelo”.
Según la socióloga, “cuando un sector del país interpreta defensa propia respecto a ICE y otro percibe encubrimiento por parte del gobierno federal, cualquier nuevo encuentro callejero se vuelve volátil; un simple empujón o detención mal explicada puede desatar otra jornada de enfrentamientos con alto riesgo de muertes o heridos”.
En comunicaciones revisadas por medios se escucha la urgencia por controlar multitudes tras declaraciones federales como “la multitud se está volviendo hostil”; seguido por la observación que refleja el clima social: “la multitud se calmó ahora que ICE ya no está”. Esto indica que la presencia armada eleva la tensión.
“La verdadera amenaza en estos operativos surge de la combinación entre armas, emociones y confusión; eso incrementa las probabilidades de errores”, destaca Castañeda. La exdirectora interina de ICE, Sarah Saldaña, señaló que “la gente ha acumulado tanta frustración y resentimiento que para quien golpee primero a un oficial federal esto puede escalar rápidamente”. Su advertencia coincide con Castañeda: “una pequeña chispa puede provocar un incendio mayor”.
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Humberto Cardounel, exjefe policial del condado Miami-Dade, Florida, advirtió sobre la falta de preparación adecuada para manejo de multitudes entre los agentes durante protestas civiles: “por eso aumentan los errores y tropiezos (…) un error puede convertirse en un golpe, un disparo o una detención sin explicación clara posteriormente”.
Ian Adams, exoficial de ICE y activista por mayor rendición de cuentas, comentó a este diario que “[los agentes federales] carecen del entrenamiento necesario y nunca han sido responsabilizados”; añadió que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suelen tener aún menos capacitación para tareas policiales generales. “El riesgo aumenta cuando CBP e ICE actúan en barrios densamente poblados con personas grabando, gritando y huyendo”, concluye Adams.
La indignación también se ha extendido a otros estados. En ciudades como Philadelphia o Durham, Carolina del Norte, entre muchas otras en Estados Unidos, se registraron protestas.
Un aspecto crucial es quién controla las evidencias. En situaciones como esta, “las cámaras ciudadanas funcionan como mecanismos para controlar y garantizar la verdad; quitarlas o intimidar a quienes las usan abre espacio al caos e impunidad”, advierte Adams.
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“No se trata solo de protestas intensas sino de una ruptura en la legitimidad donde el gobierno federal justifica primero y promete investigar después mientras parte del país ya no confía en el árbitro”, señala Castañeda. Si no hay investigaciones independientes verificables ni reglas claras sobre uso legítimo de fuerza, si falta coordinación real con autoridades locales y si persiste una retórica oficial que ve la crítica como enemiga, el patrón se repetirá según el Brennan Center for Justice.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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