Fuente: Listin diario
Comenzamos un nuevo año con la posibilidad histórica de corregir una de las principales debilidades del modelo de desarrollo nacional: la implementación de políticas públicas uniformes en un territorio sumamente diverso.
La aprobación de la Ley No. 345-22 de Regiones Únicas de Planificación representa algo más que una simple reorganización administrativa; es un pilar estratégico para cambiar la forma en que el país conceptualiza y proyecta su futuro.
Por décadas, el Estado dominicano ha diseñado políticas económicas y sociales desde una perspectiva centralizada y homogénea, partiendo de la premisa de que las mismas soluciones son aplicables en igual medida tanto en el Gran Santo Domingo como en el Cibao, el Sur profundo o la zona fronteriza. Este método ha profundizado las desigualdades territoriales, concentrando oportunidades, inversiones y servicios en ciertas áreas mientras otras permanecen rezagadas.
Planificar el desarrollo a partir de las regiones implica reconocer que cada territorio del país posee vocaciones productivas, capacidades humanas, retos sociales y condiciones ambientales particulares. No es igual diseñar políticas para una zona turística que para un área agroindustrial, fronteriza o urbana.
La Ley No. 345-22 establece el marco para que las políticas públicas sean integrales dentro de un espacio regional específico, armonizando las propuestas sectoriales con soluciones que mejoren la calidad de vida y el bienestar en cada parte del territorio.
Este enfoque ayuda a optimizar la calidad del gasto público, orientar la inversión, fortalecer la coordinación institucional y articular la propuesta nacional con los planes elaborados a nivel local. También abre camino a una gobernanza territorial más participativa, donde los actores regionales influyan genuinamente en las decisiones que afectan su desarrollo.
El reto ahora es compartido. El Gobierno debe conducir la puesta en marcha efectiva de este marco legal, incorporando el enfoque regional en la planificación, el presupuesto y la inversión pública. El sector empresarial está llamado a descubrir oportunidades de inversión acordes con las vocaciones regionales y a comprometerse con un desarrollo más equilibrado.
La sociedad civil y la academia tienen que asumir un papel activo en la construcción de visiones regionales y en supervisar su ejecución.
Aprovechar esta oportunidad requiere voluntad política, coordinación y corresponsabilidad. Apostar por un desarrollo planificado desde la región significa apostar por una República Dominicana más justa, competitiva y sostenible, donde el territorio deje de ser una limitación para convertirse en una verdadera ventaja estratégica para el país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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