Fuente: Listin diario
Estimado lector, es probable que, al ver este título, haya pensado inmediatamente en una relación forzada o incorrecta. Quizás haya considerado que, si existiera un vínculo genuino entre marihuana y delincuencia, ciertos estados de Estados Unidos —y hasta países como Holanda— no habrían avanzado en su legalización. Sin embargo, esta lógica, aunque común, corresponde a lo que en análisis social se denomina una asociación espuria, un error lógico que ya hemos tratado en artículos previos.
Para entender mejor esta discusión, es útil repasar brevemente cómo ha evolucionado la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Esta droga fue legal en todo el país hasta 1913. No obstante, desde ese año, estados como California —seguido por Utah en 1914— empezaron a prohibirla, una tendencia que se extendió gradualmente. Para 1930, treinta estados ya habían instaurado la prohibición, reflejando un cambio notable en la percepción social y política sobre su consumo.
En ese marco, en 1936 ganó mucha notoriedad la película Reefer Madness, una obra que representó —y a la vez reforzó— el clima moral de ese tiempo. En ella se mostraban sin sutilezas los supuestos riesgos del consumo de marihuana, vinculándola con alucinaciones, paranoia, conductas criminales e incluso tendencias suicidas y homicidas. Esta narrativa audiovisual contribuyó a arraigar en la opinión pública una imagen muy negativa de la sustancia, allanando el camino para políticas cada vez más restrictivas.
Esa atmósfera de alarma social pronto se tradujo en acciones concretas. En 1937, el Congreso estadounidense impuso la prohibición indirecta de la marihuana mediante un impuesto tan alto que hacía inviable su uso y venta. Desde entonces se aprobaron leyes federales cada vez más severas, como la Ley Boggs de 1952 y la Ley de Control de Narcóticos de 1956, que consolidaron un enfoque fuertemente punitivo frente al consumo y distribución de esta droga.
Este endurecimiento legislativo fue acompañado por una terminología que hasta hoy genera confusión conceptual. En el discurso oficial estadounidense se popularizó llamar “narcóticos” a sustancias como marihuana, cocaína, éxtasis o LSD de manera indistinta. Sin embargo, desde el punto de vista farmacológico y clínico, estas drogas no producen un efecto narcótico propiamente dicho; actúan más bien como estimulantes que provocan euforia, exaltación del ánimo y optimismo artificial.
Los verdaderos narcóticos —los derivados opiáceos— tienen efectos radicalmente opuestos: inducen somnolencia, analgesia profunda y una sensación subjetiva de calma que muchos usuarios describen como paz interior. Drogas como heroína, morfina y fentanilo pertenecen a esta categoría. Por ello es evidente que usar “narcóticos” para referirse a todas esas sustancias no solo es impreciso sino que también genera confusión sobre sus efectos reales y riesgos específicos.
Desde esta óptica resulta más adecuado el criterio adoptado por organismos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que evita el término equívoco “narcóticos” y se limita a hablar de drogas ilegales. Esta precisión no es solo semántica: impide asociar automáticamente las sustancias con efectos específicos que no necesariamente presentan y fomenta un debate más honesto enfocado en la ilegalidad, riesgos e impacto social, sin etiquetas conceptualizadas erróneamente.
Sin embargo, desde los años setenta comenzó a gestarse un cambio significativo en la política estadounidense sobre la marihuana. Entre 1973 y 1978 once estados optaron por despenalizar su uso —entre ellos Oregón, Alaska, California, Colorado, Maine, Minnesota, Ohio, Misisipi, Nueva York, Carolina del Norte y Nevada— motivados no por consenso científico concluyente sino por factores sociales, políticos y culturales que cuestionaban la eficacia del prohibicionismo estricto.
A partir de 2001 varios estados autorizaron el uso medicinal del cannabis bajo estrictos controles médicos destinados a limitar su acceso únicamente a pacientes con criterios específicos. Este avance marcó un nuevo hito al introducir la idea de que ciertos derivados del cannabis podían tener aplicaciones terapéuticas legítimas sin implicar aceptación general del consumo recreativo.
Es importante aclarar desde ahora que este artículo profundizará sobre el uso médico del cannabis diferenciándolo claramente de una legalización indiscriminada de la planta. Esta distinción es fundamental para evitar simplificaciones que más confunden que aclaran el debate.
Quienes defienden legalizar la marihuana suelen basar sus argumentos principalmente en dos aspectos. El primero es económico: sostienen que su regulación generaría ingresos millonarios para el Estado tanto vía impuestos como por ahorro en costos judiciales, encarcelamientos y operaciones policiales; lo cual permitiría redirigir recursos hacia otras áreas prioritarias.
El segundo argumento frecuente sostiene que regular producción y distribución disminuiría la criminalidad al debilitar los mercados ilegales asociados al tráfico de drogas. Esta idea circula ampliamente y suele presentarse como uno de los mayores beneficios sociales de la legalización. No obstante, esta afirmación está lejos de ser concluyente: hay reportes que indican que en estados como Colorado, California y Nevada los índices delictivos no bajaron tras legalizarse e incluso llegaron a subir ligeramente según algunos análisis. Diversos expertos señalan que los mercados ilegales paralelos —favorecidos por diferencias en precios, impuestos altos o normativas restrictivas— limitan considerablemente el impacto sobre crimen organizado.
Aquí cabe reconocer con honestidad intelectual que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) no apoya la legalización del cannabis. Su posición se basa en diversos argumentos clínicos y relacionados con salud mental que si bien son válidos no siempre se presentan como irrefutables; algunos admiten matices o datos alternativos capaces de generar dudas razonables dentro del debate científico.
Sin embargo, el argumento más sólido contra la legalización podría encontrarse en un concepto médico bien establecido en adicciones: la tolerancia. Este fenómeno describe cómo el organismo responde cada vez menos ante una dosis fija de una sustancia obligando al consumidor a aumentarla progresivamente para lograr los mismos efectos iniciales.
La tolerancia suele conducir a lo conocido como escalada: no solo aumenta la cantidad consumida sino también emergen búsquedas por sustancias más potentes o combinaciones con otras drogas para reproducir sensaciones previas. En este proceso algunos usuarios reemplazan marihuana por drogas más fuertes como cocaína o las consumen simultáneamente; cuando aparece nuevamente tolerancia continúa esa escalada llegando incluso al consumo de opiáceos altamente adictivos como heroína o fentanilo —sustancias vinculadas directa y comprobadamente con formas graves de delincuencia—.
Aquí conviene destacar una verdad incómoda: en la mayoría de casos no fueron las llamadas drogas “duras” las puertas iniciales sino justamente esta aparentemente inofensiva marihuana; minimizar este recorrido no elimina su existencia sino solo lo invisibiliza.
Es fundamental aclarar que no todos quienes consumen marihuana desarrollan dependencia ni siguen necesariamente ese camino; existen personas capaces de abandonar voluntariamente tanto esta droga como otras sustancias sin problema alguno. No obstante hoy día no existe ningún método clínico o psicológico capaz de prever con certeza quién tendrá control sobre su consumo y quién caerá en adicción.
Esta incertidumbre convierte cualquier legalización indiscriminada en un riesgo alto: cuando hablamos de sustancias con potencial adictivo las políticas públicas deben proteger colectivamente especialmente a sectores vulnerables y no basarse solo en excepciones individuales exitosas.
Respecto al uso médico del cannabis quien escribe apoya claramente su aplicación en pacientes con cáncer terminales: cuando alguien enfrenta enfermedad avanzada con expectativa limitada de vida acompañada por dolor intenso deterioro físico progresivo y gran impacto emocional lo ético es priorizar calidad vida; allí los derivados del cannabis pueden aliviar notablemente el dolor mejorar estado anímico y propiciar una experiencia más digna del tiempo restante.
Incluso si estas sustancias implicaran riesgo reducción expectativa vital —por ejemplo pasar de cinco a tres años— esta decisión debe considerarse mucho más allá del aspecto cuantitativo: tres años vividos con alivio acompañamiento dignidad son preferibles a cinco años marcados por sufrimiento desesperanza total pérdida calidad vida.
Esta postura puede incomodar pero responde a ética cristiana alejada tanto tibieza como evasión: frente a temas vitales sufrimiento dignidad humana aparentar neutralidad suele ser irresponsabilidad encubierta.
En resumen: hablar sobre marihuana no puede reducirse a consignas ni experiencias individuales; ninguna sustancia legalizada es inocua ni todo consumo carece impacto social; ignorar fenómenos bien documentados como tolerancia escalada o función puerta entrada hacia drogas destructivas no es progreso sino negligencia; y negligencia convertida en política pública siempre cobra factura.
Como advertía Friedrich Nietzsche las ideas requieren ser digeridas profundamente antes de tomar forma definitiva; marihuana no es demonio caricaturizado ni sustancia inofensiva idealizada; quizá debate real sea si estamos dispuestos asumir honestamente consecuencias sociales reales derivadas de su eventual legalización.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario