Fuente: Listin diario
Estimado lector, es probable que, al encontrarse con este encabezado, haya pensado inmediatamente en una relación forzada o incorrecta. Quizás haya concluido que, si existiera un vínculo genuino entre la marihuana y la delincuencia, ciertos estados en Estados Unidos —e incluso naciones como Holanda— no habrían avanzado hacia su legalización. Sin embargo, esta forma de pensar, común aunque errónea, corresponde a lo que en el análisis social se denomina una asociación espuria, un error lógico ya explicado en artículos previos.
Para entender mejor esta discusión, es útil repasar brevemente cómo ha evolucionado la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Esta droga fue legal en todo el país hasta 1913. No obstante, desde ese año, estados como California —seguido por Utah en 1914— empezaron a prohibirla, una tendencia que se fue generalizando gradualmente. Para 1930, treinta estados ya habían instaurado la prohibición, reflejando un cambio profundo en la percepción social y política sobre su consumo.
En ese marco, en 1936 ganó mucha notoriedad la película Reefer Madness, una producción que reflejó —y al mismo tiempo reforzó— el ambiente moral de aquel entonces. De manera explícita, no sutil ni oculta, mostraba los supuestos peligros del consumo de marihuana asociándola con alucinaciones, paranoia, conductas criminales e incluso tendencias suicidas y homicidas. Este relato audiovisual fortaleció en la opinión pública una imagen fuertemente negativa de la sustancia y preparó el camino para políticas cada vez más restrictivas.
Este clima de alarma social pronto se tradujo en acciones concretas. En 1937, el Congreso estadounidense optó por prohibir indirectamente la marihuana a través de un impuesto tan elevado que prácticamente imposibilitaba su uso y venta. A partir de entonces se implementaron leyes federales progresivamente más duras, como la Ley Boggs de 1952 y la Ley de Control de Narcóticos de 1956, que consolidaron un enfoque notablemente punitivo respecto al consumo y la distribución de esta sustancia.
Este endurecimiento legal estuvo acompañado por una construcción terminológica que aún hoy es problemática desde lo conceptual. En el discurso oficial estadounidense se popularizó llamar “narcóticos” a sustancias muy diversas como marihuana, cocaína, éxtasis o LSD sin distinción alguna. Sin embargo, desde un punto de vista farmacológico y clínico, estas drogas no producen un efecto narcótico propiamente dicho; más bien actúan como estimulantes que generan euforia, elevación del ánimo y un optimismo artificial.
Los verdaderos narcóticos —los derivados opiáceos— generan un efecto totalmente opuesto: inducen somnolencia, analgesia profunda y una sensación subjetiva de calma que muchos consumidores describen como paz interior. Drogas como heroína, morfina y actualmente fentanilo pertenecen a esta categoría. Por ello resulta evidente que llamar “narcóticos” a todas estas sustancias no solo es incorrecto sino que contribuye a confundir los efectos reales y riesgos específicos de cada droga.
Desde esta óptica resulta más adecuado el criterio adoptado por organismos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que evita el término equívoco “narcóticos” y opta simplemente por referirse a drogas ilegales. Esta elección no es solo semántica; evita vincular automáticamente las sustancias con efectos específicos que no siempre producen y ayuda a centrar el debate en aspectos como ilegalidad, riesgos e impacto social sin etiquetas equivocadas.
Sin embargo, desde la década de 1970 comenzó a darse un cambio importante en la política estadounidense hacia la marihuana. Entre 1973 y 1978 once estados decidieron despenalizar su uso: Oregón, Alaska, California, Colorado, Maine, Minnesota, Ohio, Misisipi, Nueva York, Carolina del Norte y Nevada. Este giro no fue resultado de un consenso científico definitivo sino producto de diversos factores sociales, políticos y culturales que cuestionaban la eficacia del enfoque estrictamente prohibicionista.
A partir del año 2001 otros estados comenzaron a permitir el uso medicinal del cannabis bajo esquemas controlados que limitaban su acceso exclusivamente a pacientes con criterios médicos específicos. Este paso representó un nuevo giro en el debate al introducir la idea de que ciertos derivados pueden tener aplicaciones terapéuticas legítimas sin implicar necesariamente una aprobación general para uso recreativo.
Es importante aclarar desde ahora que en este artículo se abordará con mayor profundidad el uso médico del cannabis diferenciándolo claramente de una legalización indiscriminada del mismo. Esta distinción es fundamental para evitar simplificaciones que más confunden que aclaran el debate.
Quienes defienden la legalización suelen basar sus argumentos principalmente en dos puntos. El primero es económico: sostienen que su regulación podría generar ingresos millonarios para el Estado tanto mediante impuestos como por ahorro en costos ligados a procesos judiciales, encarcelamientos y labores policiales; esto permitiría destinar esos recursos a áreas prioritarias distintas.
El segundo argumento frecuente es la supuesta disminución de la delincuencia. Según esta visión, regular producción y distribución debilitaría los mercados ilegales y con ello las actividades criminales ligadas al tráfico de drogas. Esta idea ha tenido amplia difusión pública y suele presentarse como uno de los beneficios sociales más importantes de la legalización; sin embargo no es concluyente. Existen informes que señalan que estados como Colorado, California y Nevada no experimentaron reducciones significativas en criminalidad tras legalizar e inclusive algunos reportaron leves incrementos. Analistas diversos apuntan a que mercados ilegales paralelos —favorecidos por diferencias en precios, altos impuestos o restricciones regulatorias— limitan notablemente el impacto sobre delincuencia tras legalizar el cannabis.
Aquí cabe reconocer honestamente que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) no ha apoyado la legalización del cannabis. Su posición se basa en razones clínicas y de salud mental válidas aunque no siempre presentadas con carácter irrefutable; algunas plantean matices o datos alternativos capaces de generar dudas razonables dentro del debate científico.
No obstante, quizá la objeción más sólida frente a esa legalización proviene del concepto médico bien establecido sobre adicciones llamado tolerancia. Este fenómeno describe cómo el organismo responde cada vez menos ante una dosis fija de droga obligando al consumidor a aumentar paulatinamente las cantidades para lograr el mismo efecto inicial.
La tolerancia habitualmente conduce a lo denominado escalada; no solo implica subir dosis sino también buscar sustancias más potentes o combinar varios fármacos para reproducir efectos previos. En este proceso algunos usuarios sustituyen marihuana por otras drogas más fuertes —como cocaína— o las usan simultáneamente; cuando vuelve a imponerse tolerancia continúa escalada pudiendo llevar incluso al consumo de derivados opiáceos altamente adictivos tales como heroína o fentanilo —drogas con relación directa comprobada con formas graves de delincuencia—.
Conviene enfatizar una realidad incómoda: para muchos consumidores estas sustancias “duras” no fueron su primer contacto sino llegaron tras iniciar con lo aparentemente inofensivo: marihuana. Negar este recorrido no elimina su existencia sino solo lo invisibiliza.
Cabe aclarar que no todos quienes consumen marihuana desarrollan dependencia ni transitan necesariamente esa secuencia; hay personas capaces de abandonar voluntariamente su uso tanto con esta droga como con otras sustancias. Sin embargo también es cierto que hoy día ningún método clínico ni psicológico ni psiquiátrico puede predecir con certeza quién mantendrá ese control y quién desarrollará adicción.
Esta incertidumbre convierte cualquier legalización sin restricciones en una apuesta riesgosa alta; cuando se trata de drogas potencialmente adictivas las políticas públicas deben proteger al conjunto social especialmente sectores vulnerables antes que basarse en excepciones individuales.
Sobre el uso medicinal del cannabis quien escribe sostiene claramente apoyar su aplicación para pacientes oncológicos terminales. Cuando alguien enfrenta una enfermedad con expectativa limitada acompañada por dolores intensos deterioro físico progresivo e impacto emocional profundo lo prioritario debe ser calidad de vida; aquí los derivados del cannabis pueden aliviar significativamente dolor mejorar ánimo y facilitar digna vivencia del tiempo restante.
Incluso si ese uso implicara riesgo reducir expectativa vital —por ejemplo pasar de cinco años a tres— esa decisión no puede evaluarse solo cuantitativamente; tres años vividos con alivio acompañamiento dignidad valen más que cinco marcados por sufrimiento desesperanza pérdida total calidad vital.
Esta postura puede incomodar pero responde a ética cristiana alejada de tibieza o evasión; frente a temas cruciales como vida sufrimiento dignidad humana neutralidad aparente suele ocultar irresponsabilidad real.
En resumen: La discusión sobre marihuana debe superar consignas o vivencias individuales; ninguna sustancia legalizada es inocua ni todo consumo carece importancia social ignorar fenómenos documentados como tolerancia escalada puerta hacia drogas más dañinas no representa avance sino negligencia; y negligencia convertida en política pública siempre cobra factura final.
Como advertía Nietzsche ideas deben meditase profundamente hasta calar hondo; marihuana no es demonio caricaturizado ni tampoco sustancia inofensiva idealizada; tal vez verdadero debate sea si estamos dispuestos asumir honestamente responsables consecuencias reales derivadas al legalizarla o no.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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