Fuente: Listin diario
Estimado lector, es probable que al ver este título haya pensado inmediatamente en una relación forzada o incorrecta. Quizás consideró que, si existiera un vínculo genuino entre la marihuana y la delincuencia, algunos estados en Estados Unidos —e incluso naciones como Holanda— no habrían avanzado hacia su legalización. No obstante, ese razonamiento, aunque común, corresponde a lo que en el análisis social se denomina una asociación espuria, un error lógico que hemos tratado en artículos anteriores.
Para entender mejor este tema, es útil repasar brevemente la trayectoria de la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Esta droga fue legal en todo el país hasta 1913. A partir de ese año, estados como California —seguido por Utah en 1914— comenzaron a prohibirla, una tendencia que se difundió paulatinamente. Para 1930, treinta estados ya habían implementado la prohibición, reflejando un cambio significativo en la percepción social y política sobre su uso.
En ese marco, en 1936 se popularizó la película Reefer Madness, un filme que reflejaba —y a la vez reforzaba— el clima moral de ese tiempo. En ella se mostraban de manera explícita los supuestos peligros del consumo de marihuana, relacionándola con alucinaciones, paranoia, conductas delictivas e incluso tendencias suicidas y homicidas. Esta narrativa audiovisual contribuyó a consolidar una imagen profundamente negativa de la sustancia en la opinión pública, preparando el terreno para políticas cada vez más restrictivas.
Este ambiente de alarma social pronto se tradujo en acciones concretas. En 1937, el Congreso estadounidense avanzó hacia la prohibición indirecta de la marihuana mediante un impuesto tan alto que hacía inviable su uso y comercialización. Desde entonces, se promulgaron leyes federales cada vez más severas, como la Ley Boggs de 1952 y la Ley de Control de Narcóticos de 1956, que establecieron un enfoque marcadamente punitivo frente al consumo y distribución de esta droga.
Este endurecimiento legislativo estuvo acompañado por una construcción terminológica que aún hoy resulta problemática conceptualmente. En el discurso oficial estadounidense se popularizó el término “narcóticos” para referirse indistintamente a sustancias como la marihuana, cocaína, éxtasis o LSD. Sin embargo, desde un punto de vista farmacológico y clínico, estas drogas no producen un efecto narcótico propiamente dicho; al contrario, actúan como estimulantes generando euforia, exaltación del ánimo y optimismo artificial.
Los verdaderos narcóticos —los derivados opiáceos— tienen un efecto completamente diferente: inducen somnolencia, analgesia profunda y una sensación subjetiva de calma que muchos consumidores describen como paz interior. Sustancias como heroína, morfina y recientemente fentanilo pertenecen a esta categoría. Por lo tanto, resulta evidente que el uso generalizado del término “narcóticos” no solo es impreciso sino que también contribuye a confundir los efectos reales y los riesgos específicos de cada droga.
Desde esta óptica, es preferible el enfoque adoptado por entidades como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que evita el equívoco rótulo de “narcóticos” y opta por denominar simplemente drogas ilegales. Esta formulación no es solo semántica; ayuda a evitar asociar automáticamente a las sustancias con efectos específicos que no necesariamente producen. Así se fomenta un debate más honesto centrado en la ilegalidad, riesgo e impacto social sin recurrir a etiquetas conceptualmente erróneas.
Sin embargo, desde los años setenta comenzó a gestarse un cambio relevante en la política estadounidense respecto a la marihuana. Entre 1973 y 1978 once estados decidieron despenalizar su uso: Oregón, Alaska, California, Colorado, Maine, Minnesota, Ohio, Misisipi, Nueva York, Carolina del Norte y Nevada. Este giro no respondió a un consenso científico definitivo sino a una combinación de factores sociales, políticos y culturales que cuestionaban la eficacia del prohibicionismo estricto.
A partir de 2001 otros estados autorizaron el uso medicinal de marihuana bajo esquemas controlados para restringir su acceso exclusivamente a pacientes con criterios médicos específicos. Este paso marcó un nuevo hito al introducir la idea de que ciertos derivados del cannabis podían tener aplicaciones terapéuticas legítimas sin implicar una aprobación general del consumo recreativo.
Es necesario aclarar desde ahora que este artículo abordará con mayor profundidad el uso médico de derivados de la marihuana diferenciándolo claramente de una legalización indiscriminada. Esta distinción es esencial para evitar simplificaciones que solo confunden el debate.
Quienes defienden la legalización suelen fundamentar su postura en dos argumentos principales. El primero es económico: aseguran que su regulación generaría ingresos multimillonarios para el Estado tanto por impuestos como por ahorros en costos judiciales, encarcelamientos y operativos policiales —permitiendo reasignar recursos hacia áreas prioritarias.
El segundo argumento frecuente es la supuesta reducción de criminalidad: sostienen que regular producción y distribución socavaría los mercados ilegales y con ello las actividades delictivas vinculadas al tráfico. Esta idea está muy difundida públicamente y suele presentarse como uno de los beneficios sociales más importantes de la legalización. Sin embargo, esta afirmación no es concluyente: hay informes que señalan que en estados como Colorado, California y Nevada no hubo descenso esperado en criminalidad tras legalizarse e incluso en algunos casos se registraron aumentos leves. Analistas destacan además que mercados ilegales paralelos —favorecidos por diferencias de precios, impuestos altos o regulaciones estrictas— limitan significativamente el impacto sobre delincuencia.
Aquí conviene reconocer con honestidad intelectual que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) no ha apoyado la legalización. Su postura se basa en diversos argumentos clínicos y relacionados con salud mental que son atendibles pero no siempre irrefutables: algunos admiten matices o datos alternativos capaces de generar dudas razonables dentro del debate científico.
No obstante, el argumento más sólido contra la legalización podría plantearse desde un concepto médico bien establecido en adicciones: la tolerancia. Este fenómeno implica una respuesta cada vez menor del organismo ante dosis fijas lo cual obliga al consumidor a incrementarlas para lograr efectos similares.
La tolerancia suele conducir a lo que se denomina escalada; no solo aumento de dosis sino también búsqueda de sustancias más potentes o combinación con otras drogas para reproducir efectos iniciales. Algunos usuarios sustituyen marihuana por cocaína u otras drogas fuertes o las consumen simultáneamente; cuando reaparece tolerancia continúa escalada hasta llegar muchas veces a derivados opiáceos altamente adictivos —heroína o fentanilo— drogas sí relacionadas directamente con formas graves de delincuencia.
Aquí debe subrayarse una realidad incómoda: en muchos casos la puerta hacia estas sustancias no fue una droga “dura”, sino esa marihuana aparentemente inofensiva. Minimizar este proceso no lo elimina sino simplemente lo invisibiliza.
Cabe aclarar que no todos quienes consumen marihuana desarrollan dependencia ni recorren este camino; hay personas capaces de dejar voluntariamente su consumo tanto con esta sustancia como con otras. Sin embargo también es cierto que actualmente no existe método clínico o psicológico capaz de predecir quién ejercerá ese control y quién desarrollará adicción.
Esta incertidumbre convierte a una legalización indiscriminada en una apuesta muy riesgosa. Cuando hablamos de sustancias potencialmente adictivas las políticas públicas deben proteger al conjunto social —especialmente sectores vulnerables— más allá del caso particular.
Respecto al uso medicinal del cannabis quien escribe apoya claramente su aplicación para pacientes con cáncer terminal. Ante enfermedades con expectativa limitada acompañadas por dolores intensos deterioro físico progresivo e impacto emocional profundo debe priorizarse calidad de vida. En estos casos derivados del cannabis pueden ofrecer alivio importante del dolor mejorar estado anímico y permitir vivir con dignidad tiempo restante.
Incluso si ese uso implicara reducción en expectativa vital —por ejemplo pasar de cinco a tres años— esa decisión no puede medirse solo cuantitativamente; tres años vividos con alivio acompañamiento dignidad valen más que cinco marcados por sufrimiento desesperanza pérdida total calidad vital.
Esta postura puede incomodar pero responde a ética cristiana que evita tibieza evasión; frente a vida sufrimiento dignidad neutralidad aparente suele ser irresponsabilidad encubierta.
Conclusión: La discusión sobre marihuana no puede reducirse a consignas ni experiencias individuales; ni toda sustancia legalizada es inocua ni todo consumo carece de relevancia social. Ignorar fenómenos documentados como tolerancia escalada y su papel como puerta hacia drogas más destructivas no es avance sino negligencia; esta última cuando pasa a política pública siempre pasa factura.
Como advertía Friedrich Nietzsche las ideas deben rumiarse hasta calar hondo; marihuana no es demonio caricaturizado ni sustancia inofensiva idealizada; tal vez verdadero debate no sea si debe legalizarse sino si estamos dispuestos asumir con honestidad responsabilidad social sus consecuencias reales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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