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San Antonio, la urbe texana con mayor población latina, enfrenta tensión por incremento de operativos de ICE

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Cuando ICE nos solicita apoyo, no ingresamos a domicilios ni esposamos a nadie; solamente brindamos seguridad perimetral y protección del lugar", aseguró.

Fuente: Zócalo Saltillo

San Antonio.- La ciudad de San Antonio, que cuenta con la mayor población hispana en Texas, discutió este jueves en una sesión del consejo municipal la creciente preocupación de sus habitantes por el incremento en la presencia de agentes federales, en el contexto del endurecimiento de la política migratoria promovida por la administración del presidente Donald Trump.

Desde que el mandatario asumió el cargo, diversas ciudades en Estados Unidos han experimentado un aumento en operativos migratorios y arrestos. Estas medidas han generado protestas en urbes con gobiernos demócratas como Chicago y Mineápolis, además de confrontaciones entre autoridades federales y la comunidad civil.

En San Antonio, donde más del 60 % de los residentes son latinos, se han realizado varias manifestaciones durante el último año en rechazo a las políticas migratorias de Trump, especialmente contra las redadas y detenciones que ocurren en la ciudad.

En este escenario, el consejo municipal llevó a cabo este miércoles una reunión pública para analizar cómo el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) coordina sus acciones con las autoridades estatales y federales de inmigración, frente al aumento de operativos y arrestos locales.

La alcaldesa Gina Ortiz Jones, demócrata y exfuncionaria del Gobierno de Joe Biden (2021-2025), reconoció durante el encuentro que ha intentado mantener comunicación directa con agencias federales como ICE, y señaló que el Ayuntamiento dispone de un margen de acción “limitado”.

” Debemos cumplir y cumpliremos con las leyes estatales y federales, lo que significa, francamente, que la ciudad tiene muy poco margen para intervenir cuando se trata de actividades relacionadas con la aplicación de la ley federal”, manifestó.

Ministerio de Obras Publicas

Por otro lado, el jefe del SAPD, William McManus, indicó que las operaciones de la policía local están regidas por la ley estatal SB4, aprobada en 2017 y conocida como la norma contra las “ciudades santuario”.

Esta legislación obliga a las fuerzas policiales y funcionarios locales a colaborar con las autoridades migratorias bajo amenaza de sanciones penales y destitución si incumplen.

McManus explicó que el departamento tuvo que actualizar su manual interno para ajustarse a SB4 y advirtió que esta ley no impide que las autoridades federales actúen contra quienes consideren que interfieren con los operativos migratorios.

” SB4 no prohíbe a las autoridades federales iniciar investigaciones ni detener a personas que crean están obstaculizando actividades de ICE”, declaró.

Sin embargo, enfatizó que la participación del cuerpo policial local en los operativos federales es reducida. “Cuando ICE nos solicita apoyo, no ingresamos a domicilios ni esposamos a nadie; solamente brindamos seguridad perimetral y protección del lugar”, aseguró. Detalló que estas solicitudes “son raras y muy específicas”, aunque reconoció que SAPD está legalmente obligado a responder.

Este debate sucede dos meses después de una redada masiva en San Antonio en la cual se informó sobre la detención de más de 140 migrantes procedentes principalmente de Venezuela, Honduras y México.

Tras ese operativo, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la formación de un nuevo grupo operativo en el sur de Texas para “combatir el crimen transnacional”.

Tenemos miedo simplemente por cómo nos ven

Durante la sesión algunos vecinos manifestaron su inquietud acerca del efecto que tienen estas acciones migratorias. Maria Cid de León, presente en la audiencia, comentó haber notado un aumento en la presencia de ICE en zonas vulnerables económicamente.

” Van a complejos habitacionales con subsidios, a tiendas y ferreterías”, afirmó. Relató además que el temor se ha extendido incluso entre ciudadanos estadounidenses: “Mis hijos están siempre preocupados porque sus amigos puedan ser detenidos. Tenemos miedo simplemente por cómo nos ven”, expresó..

Marta Castilla, promotora comunitaria, señaló que su labor implica apoyar a familias afectadas por recientes detenciones.

” Estamos asistiendo a familias donde los padres han sido arrestados y las madres quedaron solas con niños pequeños”, explicó. Añadió: “La gente tiene miedo incluso de salir; muchas personas que han vivido aquí toda su vida están evitando denunciar por temor”.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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