Fuente: Hoy Digital
Ante los recientes sucesos en Venezuela, ha surgido una falsa dicotomía: se plantea que los demócratas debemos optar entre la dictadura chavista o el imperialismo de Washington. Sin embargo, no es cuestión de elegir; podemos y debemos condenar a ambos tipos de usurpadores que vulneran la voluntad democrática, legítima y soberana.
Maduro ha encarnado una dictadura que llevó a cabo un fraude evidente en las últimas elecciones venezolanas, apropiándose del poder político que correspondía al vencedor de los comicios, Edmundo González. Así, se configuró un gobierno ilegítimo, rechazado por la mayoría de las democracias mundiales.
Al convertirse en un gobierno sin legitimidad, se abre la posibilidad del uso de la fuerza para reemplazarlo. Con el avance del derecho humanitario, ha cobrado relevancia el derecho a proteger a las poblaciones sometidas por la fuerza a regímenes dictatoriales. Tanto a escala global como hemisférica, es lícito intervenir en países donde la población sufre represión ilegal. No obstante, esta intervención debe cumplir requisitos estrictos: por un lado, debe demostrarse la gravedad de la situación y, por otro, no puede realizarse unilateralmente por otro Estado.
Tanto en diagnóstico como en ejecución, son los organismos internacionales con reconocimiento global quienes tienen competencia para actuar, ya sea a nivel interamericano o mundial. En el ámbito hemisférico, la OEA dispone de instrumentos políticos y jurídicos como la Carta Democrática Interamericana (Art. 20), que contempla medidas al respecto. Sin embargo, hoy enfrenta un impedimento objetivo: el desconocimiento del gobierno Trump a dicha orden internacional basada en normas compartidas.
En el plano global, corresponde a Naciones Unidas la competencia para intervenir en conflictos internos, bien directamente o mediante coaliciones bajo su patrocinio.
La operación militar unilateral impulsada por el presidente Trump, que incluyó la captura de Nicolás Maduro, carece totalmente de legitimidad y competencia válida. Por lo tanto, representa una usurpación del poder soberano venezolano. Una regla fundamental del derecho establece que no se justifica cometer un delito para compensar otro.
Ahora surge la interrogante sobre cuál debe ser la postura inmediata ante el hecho consumado de la detención de Maduro, que impacta fuertemente en la crisis venezolana. En primer lugar, no parece haber dudas de que la operación contó con apoyo interno, al menos en materia de inteligencia. Sin embargo, aún no está claro si ese respaldo interno es tan amplio como para que
estemos ante una fractura profunda del régimen. Para aclararlo sería clave conocer el estado actual de las fuerzas armadas venezolanas. Es evidente que no lograron impedir una operación destinada a secuestrar a su comandante en jefe. Pero este dato no debe sobrevalorarse como indicativo de un abandono mayoritario de los efectivos castrenses favorables al régimen.
Sea cual sea el caso, desde una óptica democrática sólo es posible exigir una pronta transición hacia un gobierno legítimo y soberano; ya sea mediante la restitución del ganador de las últimas elecciones o a través de un acuerdo para convocar rápidamente nuevos comicios que establezcan autoridades válidas.
Esto implica un rechazo firme a las propuestas del régimen neocolonial que Donald Trump pretende imponer en Venezuela. Estados Unidos carece de cualquier derecho para tutelar al país mientras transcurre un proceso de transición hacia un gobierno electo. Mucho menos tiene autoridad para decidir que las empresas petroleras estadounidenses restauren y modernicen la infraestructura petrolera venezolana.
Tales propuestas son tan burdas que difícilmente puedan ser aceptadas por los actuales dirigentes venezolanos y no favorecen ninguna solución pacífica ni ordenada. Por ello resulta lógico que la vicepresidenta Delcy Rodríguez haya tenido que retractarse de las palabras amables intercambiadas con el Secretario de Estado Marco Rubio durante el ataque militar estadounidense.
Es posible que el chavismo conserve capacidad para resistir y que el proceso sea más lento de lo anticipado por Washington. Trump ha anunciado que está prevista una segunda intervención en Venezuela si eso ocurriera. No obstante, una segunda intervención militar podría desencadenar un enfrentamiento mucho más sangriento.
En cualquier caso, los hechos traumáticos provocados por el ataque estadounidense contra Venezuela no solo tienen consecuencias inmediatas sino también repercusiones a mediano y largo plazo. La reanudación del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos podría reavivar la violencia antiimperialista en una región que había logrado superar esa etapa.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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