Fuente: Ángel Valdez/angel_valdez@listindiario.com
Desde el 14 de enero pasado, varios líderes políticos han afirmado que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, busca que el Gobierno vuelva a reconocer la competencia de la CIDH.
Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo dos ceremonias solemnes para celebrar su décimo cuarto aniversario, en las cuales el pleno aprovechó para resaltar los logros obtenidos que superaron el rendimiento del año anterior.
Napoleón Estévez, presidente del TC, hizo un llamado al Poder Judicial para que deje de asignar apodos a los casos y ofreció aclaraciones sobre algunos fallos polémicos emitidos durante 2025.
Sin embargo, Estévez optó por no abordar en su informe de rendición de cuentas, presentado ante la Suprema Corte de Justicia, uno de los temas más debatidos recientemente relacionados con el TC: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el 14 de enero, dirigentes políticos han manifestado que el canciller dominicano Roberto Álvarez pretende que el Gobierno reanude el reconocimiento de las competencias de la CIDH.
Este órgano contencioso forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos, establecida por la Convención Americana.
En 2014, los magistrados del TC dictaron la sentencia 256-14 declarando inconstitucional la adhesión del Estado dominicano a la CIDH, debido a que dicho acuerdo no fue aprobado previamente por el Congreso Nacional.
Esa resolución es el motivo por el cual el Instituto Duartiano ha reiterado en días recientes su convicción de que República Dominicana mantiene sin validez la relación con la corte internacional.
No obstante, el debate se intensificó luego de que Elizabeth Rodríguez, quien afirma ser Defensora Pública Interamericana representando al Estado dominicano ante la CIDH, enviara un comunicado al Listín Diario el pasado sábado.
En dicha carta, Rodríguez sostiene que los dominicanos nunca dejaron de participar en las sesiones de trabajo de ese órgano judicial.
Ante estas declaraciones, Wilsón Gómez, presidente del Instituto Duartiano, calificó a la abogada como mentirosa por afirmar que el Estado sigue formando parte de la CIDH.
Además, advirtió que si fuera cierto quedaría evidenciado un desacato del Poder Ejecutivo a una sentencia constitucional, ignorando que la Constitución considera tales decisiones como “definitivas e irrevocables”.
¿Por qué critican a la CIDH?
Uno de los primeros opositores a la CIDH fue Milton Ray Guevara, expresidente del TC cuando se emitió esa sentencia.
“Esa corte le pidió a República Dominicana permitir que los hijos de extranjeros indocumentados obtuvieran la nacionalidad. Con esa decisión, esa corte se volvió enemiga del pueblo dominicano. Si eso ocurriera, este pueblo se pondrá en pie”, declaró la semana pasada a periodistas.
Asimismo, el Instituto Duartiano señaló que la hostilidad mostrada por la CIDH hacia las autoridades dominicanas es la causa principal por la cual no debe reanudarse el reconocimiento de su competencia, entidad perteneciente a los Organismos de Estados Americanos (OEA).
“Asumiremos plenamente la defensa de nuestra nación y evitaremos ser nuevamente sometidos al control de la CIDH, que ha sido muy adversa y busca abrir paso para que cualquier extranjero irregular pueda beneficiarse con nuestra nacionalidad”, enfatizó.
Mientras tanto, Roberto Álvarez y otros funcionarios gubernamentales junto con magistrados del TC mantienen silencio ante las preocupaciones públicas expresadas por diversos sectores políticos y sociales.
Procesos judiciales sin apodos
Por otro lado, el presidente del TC insistió en destacar la importancia de la sentencia 0225/25, que prohíbe emplear sobrenombres para identificar expedientes judiciales en el país.
El magistrado Napoleón Estévez afirmó que poner apodos a grupos criminales juzgados en tribunales nacionales constituye una infracción.
“Asignar motes o sobrenombres a ciertos expedientes va en contra de los valores constitucionales y principios del proceso penal”, manifestó mientras estaba frente a Yeni Berenice, procuradora general de la República.
Estévez recordó que esta práctica es innecesaria porque en nuestro sistema judicial los procesos penales se identifican mediante numeración antes de iniciar litigios.
“No hace falta para litigar penalmente ya que los expedientes son identificados con números sin discriminación”, explicó.
Asimismo, precisó que durante 2025 el TC dictó 1,812 decisiones en distintas ramas del derecho correspondientes a 1,809 casos resueltos, superando así las 1,249 sentencias registradas en 2024.
A su lado estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña y demás magistrados: Miguel Aníbal Valera Montero (primer sustituto), Eunisis Vásquez Acosta (segunda sustituta), Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres; también estuvo presente la secretaria Grace Ventura Rondón.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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