Fuente: El Universal
Miami. — Donald Trump se acerca a cumplir un año desde su regreso a la Casa Blanca manteniendo la misma estrategia que lo llevó al poder: una política disruptiva enfocada en demostrar control ejecutivo, desafiar límites legales y traducir su base electoral en cambios rápidos, aunque no siempre duraderos ni efectivos.
“Este primer año muestra que gobernar, incluso con un viento inicial favorable, sigue dependiendo de mayorías ajustadas, de la efectividad real de sus decisiones y, sobre todo, de los tribunales, que se han convertido en el espacio donde se decide gran parte de su agenda”, explica a EL UNIVERSAL la analista Jane Williams. Según Williams, estos meses reflejan a un presidente que intentó ejercer control desde el comienzo y, simultáneamente, impulsar su agenda en el Congreso, combinando acciones administrativas con presión política para obtener resultados visibles; algunos positivos y otros negativos.
Este tira y afloja entre la promesa de orden interno y la tentación de poder externo se ha manifestado en diversas áreas. En el ámbito doméstico, el primer año estuvo marcado por una táctica denominada flooding the zone: saturar el sistema con directivas, memorandos, proclamaciones y órdenes ejecutivas que obligan a opositores, burocracia y jueces a reaccionar a un ritmo difícilmente sostenible para el aparato estatal.
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Actualmente existen cientos de casos activos contra acciones ejecutivas y un sistema especializado contabiliza más de 500 expedientes diferentes, con decenas de medidas bloqueadas o suspendidas total o parcialmente mientras avanzan las apelaciones. El Estado se orientó hacia una reforma administrativa con reducción de plantilla a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Elon Musk fue el rostro político-operativo de este plan, vinculado a medidas drásticas como renuncias incentivadas, cancelación de contratos y la búsqueda de acceso a sistemas de datos y pagos; esto generó litigios relacionados con la legalidad y transparencia de su rol, además de preocupaciones sobre privacidad y ciberseguridad, junto a críticas por ahorros cuestionados. La conformación del equipo también explica el tipo de gobierno que surgió. Trump inició con un gabinete diseñado para actuar sin vacilaciones: Marco Rubio como secretario de Estado; Kristi Noem en Seguridad Nacional; Pam Bondi como fiscal general; Pete Hegseth en el Departamento de Guerra; Robert F. Kennedy Jr. en Salud; Howard Lutnick en Comercio y Russell Vought en la Oficina de Administración y Presupuestos, entre otros.
La norma que concentró las prioridades de esta segunda etapa fue hacer permanentes la mayoría de los recortes fiscales de 2017, incrementar recursos para seguridad fronteriza, defensa y producción energética, financiando parte del paquete con grandes recortes a programas sociales como Medicaid (programa público para personas con bajos ingresos) y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), en medio de proyecciones oficiales que anticipan un aumento considerable del déficit a diez años.
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Sin embargo, “el ciclo presupuestario continuó tenso y terminó con un cierre del gobierno federal [en otoño] que se extendió por más de un mes y concluyó con una solución temporal que expira el 30 de enero; si no hay acuerdo, existe un alto riesgo de parálisis gubernamental”, señala Williams.
Más allá del Capitolio, la acción más constante fue regulatoria y administrativa, centrada en desregular, reducir normas y acelerar cambios para que entren en vigor antes de que los tribunales definan su legalidad definitiva. La Casa Blanca formalizó una política “10 por una”, es decir, por cada nueva regulación buscan eliminar múltiples normas para lograr un saldo neto negativo en costos, presentada como disciplina regulatoria y como mensaje político.
En otro plano, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo la dirección de Lee Zeldin, inició 2026 con una “campaña de conmoción y pavor” para desmontar decenas de reglas; “la idea es comenzar cuanto antes los procesos para aumentar la probabilidad de que las disputas judiciales se resuelvan durante esta administración”, detalla la analista.
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La Corte Suprema tuvo un papel clave durante este primer año. En inmigración permitió medidas urgentes para que el gobierno retomara deportaciones aceleradas hacia “terceros países” mientras siguen litigios sobre el debido proceso. Paralelamente, tribunales inferiores frenaron partes específicas del ofensiva caso por caso, como el intento por eliminar el TPS (Estatus de Protección Temporal) para decenas de miles procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua; esta medida fue bloqueada por un juez federal a fines de 2025.
Una zona delicada donde la administración Trump trató avanzar es la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento: la Corte Suprema redujo significativamente el alcance nacional de las suspensiones judiciales al limitar que jueces federales bloqueen políticas más allá de las partes demandantes. “Esto cambió las reglas del juego para litigar contra el ejecutivo e impulsó a los adversarios a buscar efectos masivos mediante demandas colectivas”, comenta Williams. Ahora el fondo del caso es si esta orden ejecutiva es compatible con la Décima Cuarta Enmienda; el proceso podría generar resoluciones trascendentales durante esta década, con la Corte como árbitro final en una disputa donde política y derecho se entrelazan casi completamente.
La presión judicial también aumentó en economía y comercio: Trump hizo que los aranceles globales fueran columna vertebral tanto para su política industrial como para su estrategia geopolítica. Esta apuesta abrió dudas sobre si una ley pensada para poderes emergentes autoriza al presidente imponer tarifas casi universales; la Corte aceptó revisar casos relacionados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
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Este escenario se sumó al debate ampliado sobre el “poder presidencial”. En la práctica, la Corte ha mostrado receptividad preliminar hacia varias solicitudes presidenciales para controlar la maquinaria estatal, incluyendo controversias sobre remociones dentro agencias independientes. “Esto evidencia que esta segunda administración busca no solo revertir políticas sino alterar el equilibrio entre presidente y burocracia reguladora”, destaca Williams.
El asunto más problemático para Trump —y que seguirá siendo motivo constante— es el caso relacionado con los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, que se ha convertido en fuente continua de desgaste político y tensión dentro de su base.
Trump arriba a su primer aniversario con logros concretos: una importante ley presupuestaria aprobada, un gabinete alineado y una ofensiva regulatoria activa; pero también con un gobierno inmerso en litigios casi constantes. El cierre del 2025 y entrada al 2026 lo sitúan en un momento complejo legislativamente hablando: mayorías ajustadas, tensiones internas y episodios que recuerdan que gobernar depende tanto del consenso parlamentario como emitir órdenes ejecutivas.
La Cámara baja opera con márgenes mínimos lo que amplifica el peso relativo de pequeñas facciones y aumenta la probabilidad del retorno a crisis presupuestarias similares a las semanas sin gobierno vividas en 2025. El presidente inicia su segundo año con una narrativa dividida: “para sus seguidores es un mandatario efectivo que produce resultados; para sus críticos es un ejecutivo que lleva al límite sus atribuciones institucionales apostando a que cuando se definan los fallos definitivos el país ya opere bajo las reglas implantadas por su administración”, concluye la analista.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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