Fuente: Hoy Digital
Defensa de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy cuestiona prisión preventiva de 18 meses
Este martes, la defensa de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, acusado en el supuesto esquema de corrupción administrativa que perjudicó a afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que fue desarticulado con la Operación Cobra, sostuvo que no existen fundamentos suficientes para mantener a su cliente bajo prisión preventiva por 18 meses.
“En primer lugar, planteamos una excepción de inconstitucionalidad, ya que hemos señalado que la prisión preventiva debe ser racional y queremos mantenernos coherentes con ese principio. No resulta proporcional hablar de 18 meses, cuando la misma ley establece un período de revisión de 3 meses y el Tribunal Constitucional ya ha emitido un fallo al respecto. Estamos a la espera de que la Corte se pronuncie indicando que 18 meses son demasiados para una prisión preventiva”, afirmó Miguel Valerio luego de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional suspendiera la audiencia en la que se conocía el recurso interpuesto.
Agregó: “En segundo término, respecto al fondo de la medida coercitiva, claramente se trata de una resolución nula de pleno derecho y, en consecuencia, esperamos que se modifique la medida impuesta”.
El abogado también señaló que la salud del director de Senasa ha empeorado considerablemente durante su tiempo en prisión.
“Ha perdido más de 70 u 80 libras; continúa encarcelado y, evidentemente, en su momento será necesario convocar una junta médica que confirme si lo que afirmamos es cierto o falso. Ya el juez de primera instancia comprobó mediante una resolución que padece esclerosis múltiple y seguiremos sosteniendo eso porque esa es la realidad”, declaró.
Además de Hazim, solicitaron al tribunal modificar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Al grupo se le imputan varios delitos entre los cuales figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas respectivamente por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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