Fuente: El Diario Nueva York
NUEVA YORK – Durante el último año, la Administración de Donald Trump en Estados Unidos invirtió 40 millones de dólares para deportar a 300 inmigrantes hacia terceros países, según un reporte emitido por senadores demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Este informe, divulgado el viernes por la noche, surge tras una investigación que duró diez meses, en la que los legisladores examinaron los contratos gubernamentales relacionados con estas deportaciones, las cuales anteriormente se empleaban de forma “excepcional”, pero que bajo el Gobierno Trump se han convertido en una práctica habitual, según un comunicado.
La senadora Jeanne Shaheen, quien solicitó y coordinó el informe, señala en la declaración que el Ejecutivo está destinando fondos públicos “a gobiernos extranjeros mientras ignora las consecuencias humanas y el posible daño a nuestras relaciones diplomáticas”.
El documento detalla que el costo de las deportaciones hacia terceros países hasta enero de 2026 “es desconocido pero probablemente supera los 40 millones de dólares”, dado que más de 32 millones fueron entregados “directamente a cinco naciones”: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau.
De los 300 inmigrantes enviados a países distintos al propio, 250 eran venezolanos trasladados a El Salvador en marzo de 2025, mientras que los 51 restantes, cuya nacionalidad no se especifica, fueron deportados a otros cuatro países, principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El reporte de 30 páginas critica que, en numerosas ocasiones, Estados Unidos pudo haber regresado a estas personas a sus lugares de origen y señala que más del 80 % de quienes fueron deportados a terceros países “ya han retornado a sus países o están en proceso de hacerlo”.
“En algunos casos, EE.UU. financió el traslado de migrantes a terceros países para luego costear su regreso a su país natal”, añade.
Los senadores demócratas alertan sobre la intención del Gobierno de eliminar el estatus legal de miles de inmigrantes en EE.UU. suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o permisos humanitarios, “lo cual aumenta la posibilidad de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.
El informe concluye señalando que estas operaciones resultan costosas e ineficaces, representan un desperdicio financiero, financian “a gobiernos corruptos sin supervisión”, evaden el marco migratorio estadounidense y se caracterizan por la opacidad tanto en los acuerdos como en su ejecución por parte de los países receptores.
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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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