Fuente: Hoy Digital
Por Natalia Dias Tadeu Micaela Trimble y Suyá Quintslr
En años recientes, al menos dos grandes ciudades de Sudamérica enfrentaron problemas de suministro de agua ya sea por la calidad o la cantidad disponible. En 2020, la Región Metropolitana de Río de Janeiro sufrió una emergencia hídrica a causa de una contaminación con geosmina, un compuesto orgánico inofensivo generado por algas, que provocó que el agua tuviera un olor “desagradable”, según reportaron los habitantes, evidenciando una crisis estructural en el agua y saneamiento. Por su parte, en 2023, el Área Metropolitana de Montevideo atravesó una crisis que afectó a cerca de 1,5 millones de personas debido a una sequía, aumento en la salinidad del agua, cuestionamientos sobre su potabilidad y una sensación generalizada de vulnerabilidad.
A primera vista, estas crisis parecen distintas: una derivada del exceso de cloruro de sodio y otra por mal olor. Sin embargo, existe un patrón común: conflictos acerca del modelo de gestión del agua, presiones del sector privado interesado en ingresar al mercado de distribución, problemas administrativos ligados a un modelo centralizado con escasa participación y fuerte asimetría en la gobernanza, además de narrativas oficiales que intentaron ocultar responsabilidades. Estas reflexiones surgieron durante la mesa redonda “¿Qué surge primero: las crisis hídricas, las soluciones hidráulicas o el involucramiento de empresas privadas? Reflexiones sobre Montevideo y Río de Janeiro”, con la participación de los especialistas María Selva Ortiz, Álvaro Briano y Ana Lucia Britto. El encuentro formó parte del proyecto “Dimensiones hidrosociales de la crisis hídrica en la Región Metropolitana de Montevideo”, realizado junto al PRIDES (Facultad de Ciencias Sociales) y la Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias) de la Universidad de la República.
La naturalización de las causas
El discurso oficial y algunos medios atribuyeron las problemáticas a fenómenos naturales como la sequía, variabilidad climática o floraciones algales como la geosmina. En Montevideo, el incremento en la salinidad del agua —que pasó a denominarse “bebible” para reemplazar la categoría de potable— y las restricciones en el suministro se justificaron por los bajos caudales del río Santa Lucía (que desemboca en el estuario del Río de la Plata) junto con una sequía prolongada. No obstante, este diagnóstico omite decisiones que retrasaron inversiones, falta de mantenimiento en redes hidráulicas, dificultades y demoras en aplicar medidas previstas para gestionar la cuenca e insuficiente participación social.
De manera similar, en Río de Janeiro preceden al episodio con geosmina una contaminación crónica en la cuenca del río Guandu —que abastece a más de 9 millones— así como históricas carencias en inversión para agua y saneamiento y una gestión marcada por negligencias. Además, se abordó el problema desde un enfoque exclusivamente técnico, despolitizando el tema y limitando la participación social, con decisiones “intencionalmente” deficientes como no suspender la captación cuando las condiciones eran desfavorables para el tratamiento. Esto provocó que se distribuyera agua con alteraciones en olor y sabor a toda la metrópoli. La narrativa pública no pretendió minimizar la alarma —al contrario, contribuyó a amplificarla— y esta crisis fue uno de los factores que sostuvieron y legitimaron una agenda privatizadora ya iniciada tras la aprobación de la Ley nº 14.026/2020.
En resumen, ambos casos atribuyen parcialmente sus crisis a causas naturales o técnicas aunque tienen orígenes profundamente políticos e institucionales.
La escasez hidrosocial y las oportunidades para la privatización
Si analizamos estas crisis mediante el concepto de escasez hidrosocial planteado por Ana Lúcia Britto, podemos entenderlas no como simples fenómenos naturales o ambientales sino como resultados derivados de decisiones institucionales, modelos económicos, desigualdades y relaciones de poder. Idealmente, el agua debería garantizarse como derecho humano y gestionarse con participación ciudadana; sin embargo, cuando el Estado no invierte lo necesario, prioriza intereses económicos o limita la participación social, se genera escasez que impacta a millones.
En Uruguay, hoy la vulnerabilidad del suministro depende tanto de decisiones sobre inversiones a largo plazo como del modelo elegido para gestionar la cuenca del Santa Lucía (enfocado en el sector agropecuario) y el mantenimiento adecuado de las redes. En Río de Janeiro, la escasez se origina en desigualdades territoriales profundas, concentración del abastecimiento en pocas manos, fragilidad institucional y un sistema centralizado técnicamente sumado a una histórica baja inversión en infraestructura y deficiencias en cobertura. La crisis económica y fiscal del estado también facilitó procesos privatizadores.
A menudo se plantea que las crisis hídricas pueden abrir oportunidades para renovar la gobernanza del agua. El caso carioca muestra cómo la contaminación sirvió para deslegitimar a CEDAE (la empresa pública encargada), lo cual junto a otros factores condujo a concesionar los servicios privados desde 2021.
En Montevideo, la crisis vivida en 2023 reavivó el debate sobre grandes proyectos hidráulicos como el Proyecto Neptuno —impulsado por un consorcio privado aprobado durante la administración anterior— presentados como soluciones estructurales bajo el lema “seguridad hídrica”. A diferencia del caso brasileño, allí esta agenda privatizadora fue contenida parcialmente gracias a movilizaciones sociales y cambios políticos que actualmente renegocian estos proyectos con dicho consorcio.
Consideraciones finales
Las crisis relacionadas con el agua ponen en evidencia qué prioridades existen en nuestras sociedades: quién tiene voz para decidir, quién se beneficia realmente, quién queda excluido y qué tipo de vínculo imaginamos con este recurso vital.
Los problemas hídricos metropolitanos actuales no se definen solo por insuficiencia o mala calidad del agua que llega al hogar. Se configuran también por cómo Estados, empresas y sociedades despliegan —o no— capacidades políticas para afrontarlos. Los casos analizados evidencian que está en juego no sólo la gestión hídrica sino también el modelo aplicado para gobernar territorios hidrográficos completos, infraestructura sanitaria y espacio urbano. En ambas experiencias lo técnico está indisolublemente unido a lo político: las crisis son señales claras de fallas profundas en modelos administrativamente adoptados.
Aunque cambien los ciclos políticos sigue vigente un paradigma hidráulico que privilegia infraestructuras monumentales y participación privada frente a alternativas democratizadoras. Contratos heredados o flexibilizaciones legales mantienen ese rumbo mientras nuevas obras se presentan como indispensables para garantizar seguridad hídrica. Ante esta realidad emerge una pregunta clave: ¿podrán estas crisis también impulsar una gestión más democrática del agua como bien común y derecho humano? ¿O terminarán siempre abriendo camino a soluciones dominadas por intereses privados vinculados al abastecimiento?
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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