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De 5 a 20 años

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Además, la petición del ente acusador contempla multas que superan los 7 mil salarios mínimos, distribuidas entre 200 y 400 por persona.

Fuente: Hoy Digital

Ministerio Público pide 340 años de cárcel para 28 acusados por corrupción administrativa

El Ministerio Público solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que imponga una condena total de 340 años de prisión a los 28 imputados por supuesta corrupción administrativa, con penas individuales que oscilan entre 5 y 20 años.

Además, la petición del ente acusador contempla multas que superan los 7 mil salarios mínimos, distribuidas entre 200 y 400 por persona. Los implicados enfrentan cargos por presuntamente haber desviado más de 4,500 millones de pesos del Estado.

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Entre los señalados figuran como principales imputados los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

Durante la audiencia de este jueves, la solicitud presentada por los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), incluye además la suspensión y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, junto con una multa equivalente a 200 salarios mínimos.

También se requiere el cese de operaciones de las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL; asimismo, se pide la disolución y una multa de 10 millones de pesos para Rawel Importadores SRL.

A continuación, el detalle de las penas solicitadas por el Ministerio Público para cada uno de los involucrados, tanto personas físicas como jurídicas:

1. Adán Cáceres: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
2. Torres Robiou: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
3. Núñez de Aza: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
4. De los Santos Viola: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
5. Raúl Girón: 5 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
6. Boanerges: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
7. Mata Flores: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
8. Lantigua Cruz: 5 años de prisión, multa de 500 mil pesos
9. Guzmán Alcántara: 10 años de prisión, multa pendiente de especificar
10. Ventura Pichardo: 5 años de prisión, multa de 500 mil pesos
11. Rossy Guzmán: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
12. Tanner: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
13. Pérez Núñez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
14. Kelman Santana: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
15. Rosario Pirón: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
16. Rodríguez Jiménez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
17. Esmeralda: 10 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
18. Montero Cruz: 10 años de prisión, multa pendiente de especificar
19. Peña Lebrón: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
20. Lucía de los Santos: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
21. Manuel de Jesús: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
22. Trinidad Santiago: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
23. Emmanuel: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
24. Del Rosario Viola: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
25. Castillo Nolasco: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
26. Iglesia Vida Eterna: suspensión operativa y multa equivalente a 200 salarios mínimos
27. Pereyra Núñez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
28. Suárez Peguero: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
29. Guillermo de Jesús Torres: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
30. CSNA: clausura completa y disolución con una sanción monetaria equivalente a 200 salarios mínimos
31. IRL: cierre operativo y multa aún por determinar
32. Aldom Glass: cese total en sus actividades
33. Rawel Importadores: sanción económica por valor a los diez millones ya acreditada ante el Ministerio Público

El Ministerio Público señala a Cáceres Silvestre como líder presunto una red ilícita que habría operado desde el año 2012 hasta el año 2020. La institución sostiene que los acusados desviaron recursos públicos provenientes del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), del Cuerpo para la Seguridad Presidencial (Cusep) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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