Fuente: Hoy Digital
Jueza Yanibet Ribas pospone al 16 de marzo el inicio del juicio preliminar contra Hugo Beras y otros acusados en Operación Camaleón
La titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Ribas, decidió aplazar hasta el próximo 16 de marzo el comienzo del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y otros implicados en la denominada Operación Camaleón, señalados por corrupción administrativa y crimen organizado.
Esta determinación se adoptó luego de que el tribunal aceptara la solicitud basada en la licencia médica de Marino Feliz Rodríguez, abogado de la empresa Aurix. A continuación, te ofrecemos una explicación detallada sobre cómo ha avanzado el proceso y los pasos que se han seguido hasta ahora:
El caso comenzó el 30 de octubre de 2023, cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del contrato entre el INTRANT y Transcore LATAM, S.R.L., por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997, destinado a mejorar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, tras detectar indicios de irregularidades en el procedimiento de licitación.
En ese momento, la DGCP señaló que tras analizar los documentos relacionados con el procedimiento Núm. ITRANT-CCC-LPN-2023-0001 y verificar la documentación recopilada a raíz de reclamos y denuncias presentadas ante esa entidad, se confirmó la presencia de los tres elementos necesarios para dictar una medida cautelar de oficio.
Como consecuencia, las partes contratantes quedaron impedidas para continuar con la ejecución del contrato como medida provisional hasta que se resolviera el recurso jerárquico interpuesto por ESC Group, S.R.L., así como las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE) y Ricardo Echandi; Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y KAPSCH Trafficcom Dominican Republic.
No obstante, fue recién el 2 de octubre de 2024 cuando el Ministerio Público inició la Operación Camaleón en el marco de las pesquisas relacionadas con esta denuncia. Durante esta operación fueron detenidos Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exresponsable del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT; y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público solicitó a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que se impusiera la máxima prisión preventiva para este grupo, acusándolos de integrar una red dedicada a la corrupción y al crimen organizado que cometió desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición entre funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, ataques a infraestructuras críticas y robo de identidad.
Posteriormente, el 10 de octubre de 2024, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por 18 meses para Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y Pedro Vinicio Padovani Báez.
En cuanto a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, se ordenó arresto domiciliario. Frank Díaz Warden quedó sujeto a una garantía económica de dos millones de pesos, prohibición para salir del país y presentación periódica ante la justicia.
Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas tuvieron que cumplir medidas coercitivas que incluyen una garantía económica de un millón de pesos, impedimento para salir del territorio nacional y comparecencias periódicas.
Asimismo, la jueza aceptó la petición del Ministerio Público para declarar complejo este caso.
El 11 de noviembre del mismo año, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó las medidas cautelares: Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochy) y Pedro Vinicio Padovani Báez pasaron a tener impedimento para salir del país, presentación periódica ante las autoridades judiciales y garantía económica.
En octubre de 2025, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó cargos formales contra diez personas físicas y siete empresas relacionadas con la Operación Camaleón.
El Ministerio Público detalló que durante la investigación se recolectaron pruebas sobre diversas actividades ilícitas como corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos informáticos graves, actos terroristas contra infraestructura crítica y lavado de activos. Estas conductas ocurrieron principalmente dentro del INTRANT y el Ministerio de Defensa.
Se concluyó que mediante contratos irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se concedió acceso privilegiado a dichas compañías usadas para desviar fondos públicos y realizar operaciones fraudulentas que violaron principios básicos como transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El principal responsable detrás del esquema es José Ángel Gómez Canaán quien mantiene relaciones societarias, financieras y operativas con las firmas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su liderazgo estas empresas conformaron una red criminal dedicada a estafar al Estado, lavar activos e implementar sabotajes tecnológicos consolidando su dominio sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos estatales.
Aunque estaba previsto que el juicio preliminar comenzara el 17 de noviembre pasado contra los acusados, desde entonces dicha audiencia ha sido pospuesta en tres ocasiones.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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