Fuente: Hoy Digital
Ministerio Público pide 20 años de cárcel para generales implicados en caso Coral y Coral 5G
Este jueves, el Ministerio Público requirió ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la imposición de penas de 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, quienes están siendo procesados por presunta corrupción vinculada a las operaciones judicializadas bajo los nombres Coral y Coral 5G. Se trata de una red que habría sustraído más de RD$4,500 millones al Estado.
Los fiscales, encabezados en la audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidieron igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, solicitaron 15 años de prisión junto con multas por 300 salarios mínimos.
Asimismo, se solicitó que Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez reciban diez años de prisión y multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Por otra parte, se pidió cinco años de cárcel para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (con multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de RD$500 mil) y Miguel Ventura (multa también de RD$500 mil).
“Hemos tenido largas jornadas en este tribunal y, tal y como le dijimos a las juzgadoras desde el primer día que demostraríamos cada una de las imputaciones, así lo hemos hecho”, declaró Ortiz al salir de la audiencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Con cada elemento probatorio, con cada testimonio, con cada documento, con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de nuestra acusación”, añadió.
“Por ello hemos solicitado condenas que oscilan entre 5 y 20 años, todas dentro del marco legal y acorde a la participación de los imputados. No tenemos duda alguna de que este tribunal impondrá las penas pedidas por el Ministerio Público porque son justas y ajustadas en todo momento a los parámetros legales”, precisó la titular de la Pepca.
El tribunal decidió continuar con la audiencia el próximo martes 10 del presente mes.
En su solicitud formal, el Ministerio Público representado por Ortiz junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos, Miguel Collado y Melbin Romero pidió además la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna junto con una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
También se solicitó lo mismo para las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL.
En cuanto a Rawel Importadores SRL, pidió su disolución e impuso una multa por RD$10 millones.
Sobre Raúl Alejandro Girón Jiménez, debido a su cooperación efectiva con el Ministerio Público se solicitó al Primer Tribunal Colegiado –integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes– que considere el tiempo que lleva bajo arresto domiciliario para que esta pena sea computada como cumplida y el remanente sea suspendido.
Para ello pidieron que cumpla la sanción bajo la condición de residir en un domicilio fijo aportado al tribunal; abstenerse del porte o tenencia de armas; y presentarse mensualmente ante el juez encargado para certificar que cumple con estas medidas.
Durante el proceso judicial el Ministerio Público presentó un total de 2,201 pruebas documentales; 141 peritajes; 282 declaraciones tanto de testigos como peritos; 184 pruebas procesales; y 104 pruebas materiales que incluyen armas de fuego, relojes lujosos, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además se identificaron 214 inmuebles ubicados en diferentes provincias; 86 vehículos de alta cilindrada; más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo; todos requeridos para decomiso. Los bienes incautados generan ingresos por alquileres y producción agrícola superiores a RD$86 millones que también se reclaman para beneficio del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre como líder de una red integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario