Fuente: Listin diario
Jueza del Distrito Nacional recusada en caso de presunto fraude contra socios de Comercial Barra Payán
Después de que la defensa presentara un incidente ante la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el abogado de uno de los querellantes interpuso una recusación en su contra.
La magistrada Fátima Veloz, encargada de conocer la medida de coerción contra los administradores de la empresa Comercial Barra Payán, fue recusada.
Los acusados están relacionados con la gestión de las empresas Barra Payán y Panadería Payán, implicados en un presunto fraude superior a 39.7 millones de pesos que perjudicaría a otros socios de esta reconocida entidad.
Tras plantearse el incidente por parte de la defensa, el abogado querellante procedió a solicitar la recusación de la jueza.
En respuesta, la magistrada comunicó que el caso queda en suspenso hasta que se resuelva la recusación presentada.
Con esta decisión, el proceso se detiene mientras la Corte de Apelación decide si confirma a la magistrada o designa un nuevo juez para el caso.
De inmediato, el equipo defensor de los imputados, liderado por Francisco Domínguez y Ernesto Pérez Morales, calificó la acción como “terrorismo judicial” y una maniobra dilatoria ante el riesgo de que se declare la prescripción del caso.
Los abogados sostienen que este asunto no corresponde a la jurisdicción penal. “Si ustedes estuvieran ahí, verían que es un problema de herencia. Incluso uno de los imputados manifestó que lo único que desea es que la justicia intervenga para que le den lo que le corresponde en la partición”, explicaron tras salir del tribunal.
La defensa argumenta que no hay delito penal y que el expediente carece de pruebas contundentes, señalando que los hechos denunciados en la querella (presentada en 2022) ocurrieron en 2014, 2016 y 2017.
Pérez Morales enfatizó: “Cuando un abogado plantea una recusación sin fundamento legal, el juez queda atado de pies y manos. En el nuevo proceso penal esto se llama litigación temeraria”.
Advirtieron además que, si la Corte rechaza la recusación, solicitarán imponer una sanción equivalente a 15 salarios mínimos contra quienes abusen de los recursos judiciales, conforme establece la ley.
Por su parte, la fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, pidió al tribunal imponer a Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, así como impedimento de salida del país y presentación periódica.
La investigación, basada en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, descubrió un esquema consistente en no depositar íntegramente el dinero recaudado por ventas en las cuentas bancarias empresariales. Se detectaron discrepancias notables entre los balances manuales realizados por las cajeras y los depósitos efectivos, sobre todo durante 2019 a 2022.
El total presuntamente defraudado asciende a RD$39,784,661.18 y afecta directamente a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes actúan como querellantes. El Ministerio Público califica estos hechos como abuso de confianza según el artículo 408 del Código Penal Dominicano.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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