Fuente: Hoy Digital
Disminución reciente de la pobreza en México desafía la creencia de que solo el crecimiento económico genera progreso social
El caso mexicano pone en entredicho la idea de que el progreso social es una consecuencia automática del crecimiento económico. En un escenario regional caracterizado por la desaceleración económica y la persistente desigualdad, México ha logrado avances importantes en bienestar gracias a la recuperación del rol estatal mediante políticas sociales universales, mejoras en los ingresos laborales y una mayor intervención pública. Entre 2018 y 2024, aproximadamente 13,4 millones de mexicanos dejaron la pobreza, de los cuales 1,7 millones superaron la pobreza extrema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la tasa de pobreza multidimensional fue del 29,6%, el nivel más bajo desde que se mide este indicador. A diferencia de la pobreza monetaria, esta medida incluye no solo los ingresos sino también el acceso real a derechos sociales como educación, salud, vivienda y alimentación. En esa misma línea, a fines de noviembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que la pobreza en América Latina cayó al 25,5%, la cifra más baja registrada hasta ahora, impulsada principalmente por las reducciones observadas en México y Brasil.
¿Qué factores explican esta disminución de la pobreza?
En 2018, Andrés Manuel López Obrador fue elegido como el primer presidente de izquierda en la historia reciente democrática de México con el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Su llegada significó un cambio radical al romper con años de gobiernos neoliberales que relegaron la política social, priorizando el crecimiento económico y limitando el papel del Estado bajo la idea de que esto generaría un efecto derrame hacia el resto de la población.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador y su movimiento llamado Cuarta Transformación implementaron programas sociales diferenciados respecto a los esquemas condicionales previos. Estos consistieron en transferencias directas a adultos mayores, jóvenes aprendices, campesinos, mujeres trabajadoras, estudiantes y personas con discapacidad. Además, en 2021 se llevó a cabo una reforma laboral que restringió la subcontratación a servicios especializados, facilitando que miles de trabajadores pasaran a la formalidad y adquirieran plenos derechos laborales. Se sumó también un aumento histórico del salario mínimo, que ha crecido un 215% desde 2018. Datos de la OCDE ubican a México como el país con mayor incremento salarial entre sus miembros.
Este conjunto de medidas ha recibido críticas desde sectores empresariales y opositores que cuestionan posibles clientelismos y dependencia generada por estos programas sociales. Se argumenta que dichos programas, cuyo gasto equivale a alrededor del 3% del PIB mexicano, responden a una lógica asistencialista sin transformación estructural real; además, señalan problemas en los padrones de beneficiarios poco transparentes y una focalización débil hacia los hogares con menores ingresos. También persiste la idea de que es preferible “enseñar a pescar” antes que “dar el pescado”.
No obstante, el énfasis en política social por parte del gobierno de López Obrador —continuado durante la presidencia de Claudia Sheinbaum— ha contribuido a desmontar algunos de esos argumentos. Primero, resulta complicado “enseñar a pescar” si no hay río: es decir, si no se mejoran los ingresos laborales ni se prioriza la justicia laboral en las políticas públicas. En particular, el aumento del salario mínimo —que estuvo estancado más de dos décadas para mantener competitividad internacional— desmiente la idea de que su incremento inevitablemente provocaría inflación descontrolada o pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Carencias aún presentes
Pese a estos logros, existen deficiencias en las políticas sociales mexicanas. Entre ellas destacan una focalización insuficiente hacia las familias con menores ingresos y la falta o debilidad de mecanismos sistemáticos para monitorear y evaluar los programas. Además, aunque los salarios han aumentado históricamente en este periodo, la creación de empleos formales se ha estancado, lo que genera dudas sobre si los incrementos anuales al salario mínimo son sostenibles frente a un crecimiento económico inferior al promedio histórico. Asimismo, pese a la reducción en pobreza, persiste una alta desigualdad y una concentración significativa de riqueza en un pequeño sector poblacional. El índice Gini mexicano (43.5 puntos) lo posiciona entre los diez países más desiguales en América Latina.
Un aspecto clave que suele omitirse es la fragilidad de estos avances cuando dependen más de liderazgos políticos puntuales y contextos favorables que de estructuras institucionales sólidas. En este sentido resulta relevante que varios programas sociales hayan sido elevados a rango constitucional para proteger derechos sociales y disminuir riesgos ante cambios políticos futuros. Sin embargo, si bien esta constitucionalización es importante, no garantiza por sí sola su ejecución efectiva ni sostenibilidad fiscal prolongada; esto subraya la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales estatales.
El ejemplo mexicano indica que recuperar el rol activo del Estado es condición indispensable pero no suficiente para transformar las persistentes estructuras de pobreza y desigualdad regionales. Más allá de ofrecer una fórmula única, México aporta evidencia concreta sobre cómo el progreso social no surge automáticamente del crecimiento económico; es resultado de decisiones políticas e institucionales distributivas que deben mantenerse y reforzarse con el tiempo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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