Fuente: Hoy Digital
2026 marca un año decisivo para Guatemala. Las principales autoridades tendrán la tarea de designar a quienes ocuparán los llamados “cargos de segundo grado”. Entre los cargos en disputa se encuentran numerosos puestos, desde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el titular del Ministerio Público. Estos procesos están caracterizados por las deficiencias institucionales en el mecanismo de selección y por desarrollarse en un año previo a las elecciones. Además, se añade una tensión palpable entre grupos políticos que buscan mantener el sistema actual y aquellos que impulsan reformas desde nuevas fuerzas emergentes.
Los cargos de segundo grado en Guatemala
En el contexto político guatemalteco, los cargos de segundo grado son aquellos que no se obtienen mediante voto popular, pero cuya función es esencial para el correcto desempeño del Estado. También juegan un papel clave en la defensa de la democracia, la promoción de la justicia y el equilibrio de poderes entre las instituciones. Debido a su importancia, diferentes sectores con poder han influido históricamente en estos procesos selectivos. El año 2026 no será una excepción.
Los cargos en disputa incluyen las magistraturas del TSE, las magistraturas para la Corte de Constitucionalidad (CC), el puesto de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, así como el Contralor General de Cuentas. Los magistrados del TSE elegidos ese año tendrán la responsabilidad de conducir las elecciones generales del siguiente año.
Además, en 2026 se realizará la elección del rector de la única universidad pública del país: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Aunque esta designación no está determinada por el presidente ni por el Congreso, su relevancia es significativa. La USAC es la única universidad mundial que puede presentar iniciativas legislativas y tiene diversas influencias tanto en la administración pública como en la política nacional.
El mecanismo de comisiones de postulación
Cabe destacar que gran parte de estas elecciones indirectas se basan en el mecanismo conocido como comisiones de postulación. Estas comisiones son órganos temporales integrados por representantes de distintos sectores con el propósito de preseleccionar y elaborar una lista restringida de candidatos. Su función es actuar como filtro para que la autoridad encargada reciba una nómina con los perfiles más idóneos y pueda elegir al más apto.
En cuanto a la comisión para los magistrados del TSE, esta presenta una lista con 20 candidatos al Congreso, que con 107 votos (dos tercios) selecciona a cinco magistrados titulares. Para el Fiscal General, la decisión recae en el presidente, quien escoge entre seis candidatos propuestos por la comisión correspondiente. En cuanto al Contralor General de Cuentas, la comisión propone seis candidatos y el Congreso efectúa la elección por mayoría absoluta.
No obstante, aunque inicialmente estas comisiones buscaban involucrar a diversos actores en el proceso decisorio, han terminado siendo instrumentos para institucionalizar intereses particulares y justificar la captura de instituciones clave. Un ejemplo de ello es el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), cuya Asamblea designa un representante titular para la comisión del TSE y también elige directamente a un magistrado para la CC.
Una academia sin legitimidad para participar
Una situación similar ocurre dentro del ámbito académico. Por ejemplo, uno de los cinco magistrados titulares para la CC es elegido directamente por la USAC. Desafortunadamente, el actual rector ha sido señalado como ilegítimo y acusado de fraude electoral en su beneficio durante las elecciones rectorales de 2022. Además, este rector preside hoy día la Comisión de postulación para magistrados del TSE, conforme a lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Las universidades privadas también tienen un papel destacado en estos procesos. Los decanos de las facultades de derecho y los rectores universitarios privados participan activamente en las comisiones. Por ejemplo, todos los decanos de las facultades jurídicas conforman la comisión encargada del fiscal general, mientras que los decanos en contaduría pública y auditoría integran la comisión para elegir al contralor general.
Lamentablemente, el propósito inicial de incorporar a académicos para seleccionar a los mejores candidatos ha sido socavado por el crecimiento desmedido de nuevas universidades privadas. En años recientes ha aumentado considerablemente su número, lo que ha facilitado que ciertos actores políticos influyan en los procesos selectivos mediante estas comisiones, minando así la credibilidad del sistema educativo superior nacional.
Tensiones y escenarios electorales
Sumado a estas debilidades institucionales está el contexto sociopolítico actual. Existe una clara rivalidad entre sectores interesados en mantener un sistema favorable a sus intereses y grupos reformistas con aspiraciones políticas renovadoras. Los primeros suelen asociarse con lo que se denomina “el pacto de corruptos” en Guatemala; mientras que los segundos están vinculados a movimientos anticorrupción próximos al partido oficialista Movimiento Semilla.
En este escenario, diversos actores políticos intentan impedir que esta facción reformista, ya sea mediante Movimiento Semilla u otra organización, participe plenamente en las próximas elecciones. Esto otorga mayor importancia aún a estos procesos internos, pues quienes sean designados para ocupar cargos de segundo grado tendrán influencia decisiva sobre asuntos electorales claves para 2027.
Independientemente del resultado, es previsible que aumente el rechazo político hacia el presidente Bernardo Arévalo y sus aliados. Esto derivará probablemente en mayor polarización, bloqueos legislativos y crisis políticas recurrentes que impactarán negativamente la gobernabilidad pública, llevando al país hacia una situación insostenible.
Por ello resulta fundamental una participación activa y vigilancia constante por parte de organizaciones civiles, comunidad internacional y ciudadanía en general durante estos procesos selectivos. Guatemala debe mantenerse bajo observación regional no solo porque se definen autoridades importantes sino porque están en juego elementos esenciales como la democracia, el Estado de derecho y la justicia nacional.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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