Fuente: El Universal
Texas cumple 190 años de su independencia de México, destacándose como uno de los estados con políticas más antimexicanas y antiinmigrantes. Un ejemplo reciente es la entrada en vigor del Proyecto de Ley Senatorial SB 8, que amplía la cooperación entre los alguaciles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En la práctica, esto significa que una detención a nivel local termina frecuentemente vinculada a un proceso federal; esta rutina se aplica con mayor rigor en zonas donde predominan apellidos e idioma latinos, especialmente aquellos “que suenan mexicanos”, aunque las personas tengan ciudadanía o residencia legal.
Texas alberga entre 7.9 y 9.6 millones de personas de ascendencia mexicana, siendo uno de los estados con mayor población migrante en Estados Unidos, sólo detrás de California.
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A la par, Texas se ha establecido —junto con Florida— como uno de los estados con políticas migratorias más restrictivas y agresivas en el país. En 2019, fue escenario de uno de los ataques de odio más letales contra latinos cuando Patrick Crusius entró armado a un Walmart en El Paso y asesinó a 23 personas, incluyendo ocho mexicanos, tras declarar que quería “matar mexicanos”. Fue condenado en 2023 a 90 cadenas perpetuas.
Sin embargo, no todos los texanos son antiinmigrantes o antimexicanos. Según una encuesta de la Universidad de Houston, el 64% considera que los indocumentados que cumplen ciertos requisitos deberían tener derecho a quedarse en Estados Unidos; dentro de ese porcentaje, un 56% apoya que tengan una vía hacia la ciudadanía. Sobre las políticas migratorias federales, el 51% las aprueba frente a un 49% que las rechaza.
No obstante, los operativos del ICE y las noticias sobre acciones similares en otros estados han hecho que los jóvenes texanos sean cada vez menos colaborativos con las autoridades migratorias y más críticos al respecto.
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“Lo que están haciendo al detener a trabajadores no está bien”, comentó una estudiante del Bryan College Station al observar la violencia ejercida por agentes contra trabajadores y sus familias.
En Dallas, estudiantes protagonizaron protestas bajo el lema: “¡ICE fuera!”, consigna que se ha replicado en varias partes del país.
Esta muestra de solidaridad hacia los migrantes contrasta con casos como el ocurrido en Buda, donde un estadounidense agredió a una estudiante latina durante una protesta contra ICE y la amenazó con “entregarla a las autoridades migratorias”.
En materia legislativa, las restricciones han ido aumentando progresivamente. En 2017, Texas promovió el Proyecto de Ley Senatorial contra las “ciudades santuario”, prohibiendo políticas locales de no cooperación con inmigración. Esta medida provocó la reacción de líderes religiosos que enviaron una carta reafirmando: “Trabajamos para elevar y apoyar a los inmigrantes”. El conflicto llegó hasta tribunales.
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En 2021, el gobierno estatal dio un paso más con la Operación Estrella Solitaria, impulsada por el gobernador Greg Abbott.
Según su página oficial, esta operación responde a una “crisis migratoria” y asegura que Texas “toma medidas históricas” al desplegar a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado.
En realidad, esta acción implicó un reforzamiento sin precedentes mediante un despliegue estatal masivo y la normalización del control migratorio como función cotidiana del gobierno texano.
Abbott también ha destacado el traslado forzoso de migrantes hacia ciudades santuario como Washington D.C., Nueva York y Chicago. Además, se han tomado decisiones que han generado tensiones bilaterales entre Texas y México; por ejemplo, en 2023 se instaló una barrera flotante en el río Grande cerca de Eagle Pass para “disuadir” cruzar ilegalmente, lo cual provocó una protesta diplomática por parte del gobierno mexicano.
Posteriormente surgió la iniciativa SB 4 en 2023, cuyo propósito era criminalizar la entrada irregular a Texas desde otro país extranjero, autorizando a policías locales detener y jueces estatales deportar migrantes; sin embargo, esta propuesta fue bloqueada. La vocería de MALDEF explicó a EL UNIVERSAL: “No se trata solamente de un asunto administrativo fronterizo; se construye una narrativa del enemigo que repetidamente se asocia con la frontera mexicana y lo mexicano”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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