Fuente: okdiario.com
Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Profesional del periodismo desde 2017, colaborando con medios y blogs en español.
Las cifras son impactantes a primera vista, pero generan preocupación al analizarlas más detenidamente. En 2025, las autoridades europeas encargadas de la protección de datos impusieron más de 330 sanciones por violaciones al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), alcanzando un total cercano a los 1.150 millones de euros en multas. Una suma considerable, aunque se diluye al distribuirse entre millones de usuarios afectados. En algunos casos, el castigo por persona apenas supera los dos euros con cincuenta centavos.
La mayoría de las multas se originaron por el tratamiento de datos personales sin una base legal adecuada. Esta infracción acumuló más de 1.030 millones de euros en sanciones y afectó principalmente a sectores como medios de comunicación, telecomunicaciones y radiodifusión, responsables de más del 80 % del total multado. Son industrias donde el uso comercial de la información del usuario es fundamental para su modelo, lo que explica tanto sus altos ingresos como la repetición en prácticas cuestionables.
El caso más ilustrativo es el de TikTok, que fue multada con 530 millones de euros, la sanción más alta del año dentro de su categoría. Sin embargo, al repartir esta cifra entre los usuarios involucrados, se obtiene un monto revelador: 2,64 euros por individuo. Para numerosos especialistas, esto demuestra que el valor real de los datos personales es bajo en el balance económico final de las grandes plataformas.
Además de TikTok, otras empresas tecnológicas importantes también recibieron multas. Google afrontó sanciones por 200 y 125 millones de euros, mientras que SHEIN fue penalizada con 150 millones. Aunque estas cantidades son altas en términos absolutos, resultan asumibles para compañías con ingresos globales multimillonarios. El mensaje implícito es preocupante: aun incumpliendo la ley, el impacto financiero puede ser reducido si el modelo comercial continúa vigente.
Desde Surfshark, Tomas Stamulis, director de seguridad, señala que estas cifras deberían motivar una reflexión en los usuarios. No solo acerca del papel regulador de las autoridades, sino también sobre nuestra actitud ante las aplicaciones y servicios digitales que utilizamos cotidianamente. Cada permiso aceptado sin leer y cada dato compartido innecesariamente contribuyen a depreciar aún más nuestra privacidad.
Aunque la mayor suma económica fue consecuencia del uso indebido de datos, la infracción más frecuente en 2025 fue otra: la falta de medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información. Este tipo de sanciones aumentó significativamente, pasando de 69 casos en 2024 a 97 en 2025, representando casi un tercio del total impuesto.
En muchos episodios, estas multas están vinculadas directamente a ciberataques, filtraciones masivas o accesos no autorizados a bases de datos. El sector industrial y comercial fue el más afectado; le siguieron las áreas financiera, aseguradora y consultoría; muy cerca quedó la salud. Todos ellos manejan datos altamente sensibles y, sin embargo, continúan presentando fallas en su defensa.
El contexto tampoco favorece la situación. Desde 2004 se han registrado más de 3.200 millones de filtraciones de datos a nivel global, una cifra que evidencia la profundidad estructural del problema. Stamulis destaca que el crecimiento de la inteligencia artificial añade una nueva dimensión al riesgo: por un lado las compañías recopilan mayores volúmenes para entrenar sistemas cada vez más sofisticados; por otro lado, los ciberdelincuentes emplean IA para automatizar y perfeccionar ataques que antes requerían muchos recursos humanos y técnicos.
A este panorama se suma un factor crucial: el comportamiento desaprensivo de los usuarios. La utilización ligera de herramientas externas —a menudo carentes de políticas claras sobre privacidad— facilita la tarea a quienes buscan explotar cualquier vulnerabilidad posible. La combinación entre exceso de datos disponibles, deficiente protección y tecnologías emergentes genera un entorno especialmente delicado.
Las multas establecidas por el RGPD buscan enviar un mensaje contundente a las empresas; al mismo tiempo funcionan como un reflejo para toda la sociedad digitalizada. Si los datos personales acaban valorándose apenas en unos pocos euros por usuario, el problema trasciende lo legal y se convierte también en cultural. La protección de la privacidad no puede seguir basándose en una confianza pasiva; requiere decisiones conscientes tanto por parte de quienes gestionan esa información como por los usuarios que la entregan sin demasiada reflexión previa.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario