Fuente: Listin diario
Delcy Rodríguez expresó estar “muy satisfecha” con la sanción de la ley que, según ella, abre un camino para que los venezolanos se reencuentren y el país aprenda a convivir de manera pacífica y democrática.
La ley de amnistía, aprobada este jueves por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, es presentada por el chavismo como una oportunidad para establecer las bases de un nuevo futuro político en la nación sudamericana, mientras que organizaciones no gubernamentales y opositores manifiestan dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó estar “muy complacida” con la aprobación de esta ley que, a su juicio, abre una vía para que los ciudadanos se reencuentren y el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.
“Para que Venezuela se desprenda del odio, de la intolerancia, que prevalezcan los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento y el reconocimiento”, añadió después de firmar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La líder chavista afirmó que es necesario “saber pedir perdón y también recibirlo”, algo que, indicó, se abre ahora con esta nueva ley.
Asimismo, el presidente del Parlamento declaró ante un grupo de periodistas en Miraflores que la amnistía puede ser la base para mirar hacia adelante y emprender un nuevo sendero de paz en Venezuela.
La amnistía llega además en medio del “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, país que también solicitó la liberación de los presos políticos. La mandataria también exigió el cierre de la temida cárcel de El Helicoide, señalada como centro de torturas por sectores opositores.
Amnistía y exclusiones
Los diputados aprobaron otorgar amnistía por hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, tales como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero a finales de ese año e inicios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
No obstante, la presidenta encargada solicitó al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz que impulsa el diálogo político y a la comisión de revolución judicial que busca reformar el sistema judicial evaluar casos no contemplados en la ley aprobada para “sanar heridas, reenfocar la convivencia democrática” y la justicia.
El artículo 9 de la nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico ilícito de drogas y delitos contemplados en la ley anticorrupción.
Asimismo, establece la exclusión para personas que estén o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o uso de fuerza contra el pueblo, la soberanía e integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o individuos extranjeros”.
El artículo 11 señala que un tribunal competente respecto al delito imputado verificará la aplicación de la amnistía y ordenará la nulidad de todos los procesos en curso o revisión de sentencias firmes para su anulación en un plazo “que no excederá los 15 días continuos”.
La ley también establece que quienes se beneficien con esta amnistía y cometan delitos después de su entrada en vigor serán procesados normalmente conforme a la legislación vigente.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en Venezuela después de más de 400 excarcelaciones en un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
La mayoría no tiene sentencia condenatoria y según denuncias familiares ha habido retrasos tanto en las audiencias iniciales ante tribunales como en los procesos judiciales.
ONG y opositores con reservas
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expresaron sus reservas mediante publicaciones en redes sociales tras aprobarse esta ley.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, afirmó que lo aprobado no corresponde “con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma como esta”.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, señaló en X que si bien hay que recibir con optimismo esta aprobación, es restrictiva y deja fuera “muchos casos”.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón indicó que el texto aprobado es “revictimizante, excluyente y no garantiza plenamente la liberación total de todos los presos políticos”.
De igual forma, el partido opositor Primero Justicia calificó la ley como “insuficiente y sesgada”.
Sin embargo, el diputado opositor Stalin González, integrante de la comisión encargada del seguimiento a esta ley, considera que la amnistía es una “herramienta para reconstruir la justicia”, aunque admite que “no es perfecta”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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