Fuente: Hoy Digital
Las terapias de conversión, denominadas ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género), no son prácticas antiguas ni marginales: representan el estandarte más retrógrado de una ofensiva mundial contra los derechos LGBTIQ+, manifestación del avance imparable del ultraconservadurismo global. Esta reacción se alimenta del concepto de “ideología de género” como motor movilizador.
Colombia es un ejemplo emblemático. Este país latinoamericano avanzó rápidamente en la defensa de los derechos LGTBIQ+, pero en los últimos años ha quedado estancado en la prohibición de las ECOSIEG, procedimientos que la ONU considera tortura. El retroceso colombiano, lejos de ser un hecho aislado, refleja una resistencia con alcance planetario.
Las supuestas terapias de conversión
Quienes respaldan las ECOSIEG afirman que es posible y, sobre todo, necesario modificar la orientación sexual o identidad de género (SOGI) de una persona. Sin embargo, estas prácticas, además de cuestionar la naturaleza misma de la homosexualidad, no constituyen terapias; son métodos profundamente discriminatorios, crueles, inhumanos y degradantes. La ONU, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Mundial de Psiquiatría las consideran violaciones a los derechos humanos, catalogándolas como malos tratos e incluso tortura. Tanto la ONU como el Consejo de Europa exigen su prohibición.
Las “técnicas” empleadas lo confirman: sin ninguna base médico-científica, incluyen humillación, aislamiento y confinamiento, medicación impuesta, golpes, violaciones, descargas eléctricas, drogas y prácticas religiosas coercitivas, entre otras. Los daños psicológicos y físicos que causan son duraderos y representan graves riesgos para la salud.
En 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) eliminó la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-II), concluyendo que no es una enfermedad dado que no implica deterioro psicológico ni desajuste social. En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también suprimió la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
No obstante, poco después del pronunciamiento de la APA, en 1976 surgió una reacción liderada por Exodus, un grupo cristiano ultraconservador estadounidense vinculado al movimiento “exgay”, que sostenía que la orientación sexual no es innata y puede revertirse mediante Jesucristo. En 2013, su presidente Alan Chambers reconoció la inutilidad de esos argumentos: disolvió la organización y pidió disculpas. Sin embargo, el impacto de Exodus ya estaba arraigado en América Latina.
Estado actual de las ECOSIEG
Actualmente, las terapias ECOSIEG se practican en más de sesenta países, principalmente en África, América Latina, el Caribe y Asia. Otros países las han prohibido o penalizado: Malta, Canadá y Francia las tipifican como delito; Brasil y Ecuador las excluyeron del ámbito sanitario; Chile las erradicó como problema de salud mental. En España, que podría ser un referente regional, existe una legislación que prohíbe ampliamente las terapias de conversión, acompañada por un régimen sancionador para su promoción y aplicación, fortaleciendo así los derechos LGTBI. Actualmente se debate en el Congreso español la penalización de estos métodos.
“Ideología de género” como eje central
El ultraconservadurismo mencionado requiere respaldo cultural y metodológico; el término “ideología de género” funciona como estímulo para que las ECOSIEG operen con impunidad y a su vez generen resistencia sistemática a cualquier intento legislativo para sancionarlas.
Este concepto carece de fundamentación científica y actúa más como una herramienta discursiva y movilizadora. Surgió en Europa como respuesta a avances LGTBIQ+, considerados supuestas “amenazas” a la familia tradicional y negadores de la biología según esta narrativa. Las acciones contra personas LGTBIQ+ incluyen limitar el reconocimiento legal de identidad de género, restringir traslados de mujeres trans a prisiones femeninas y suspender tratamientos médicos para transición.
Los principales promotores se agrupan en medios conservadores y sectores católicos, incluyendo al papa Francisco —quien califica a la “ideología de género” como “el peor peligro de nuestro tiempo”—. En América adoptan esta postura líderes como Trump, Milei, Bukele, Bolsonaro e hijos, Kast, Asfura y Rodrigo Chaves, además de otros grupos en México y la región.
Situación en Colombia
La penalización de las ECOSIEG en Colombia comenzó a tomar forma en 2021. En 2022 diversas organizaciones sociales y LGBTIQ+ entregaron más de cuarenta mil firmas al Congreso con una iniciativa legislativa popular conocida informalmente como “nada que curar”. Busca prohibir ofrecer, practicar o publicitar estas terapias con fondos públicos o celebrarlas masivamente; además persigue penalmente estos actos. No obstante, no se tipifican como delito independiente sino como agravantes genéricas dentro de delitos por “tortura” o “actos discriminatorios” cuando se intenta cambiar orientación sexual o identidad.
Esta propuesta fue archivada pero reapareció en noviembre de 2022 bajo el nombre “proyecto Ley No. 272”. En 2023 avanzó en la Cámara pero volvió a quedar detenida en 2024 en el Senado debido a maniobras dilatorias por parte algunos senadores para retrasar deliberadamente su avance y evitar que regrese a la Cámara para su aprobación final antes del cierre legislativo.
La oposición colombiana argumenta contra el proyecto apelando a defensa familiar, libertad religiosa y autonomía médica.
Sin embargo, Danne Aro Belmont —activista trans y directora ejecutiva del Grupo GAAT— señala que este es un momento favorable gracias a una mayoría parlamentaria apoyando la causa aunque reconoce que derecha y ultraderecha mejoraron sus posiciones tras las elecciones legislativas en marzo 2026.
El caso colombiano representa uno más dentro del conflicto global entre el auge extremo derecho mundial y quienes intentan frenarlo. Los obstáculos para aprobar leyes contra ECOSIEG no solo tienen raíces políticas sino también culturales y sociales que permiten su continuidad.
La experiencia colombiana demuestra que crear normativas anti-ECOSIEG requiere ineludiblemente un trabajo previo profundo orientado a sensibilizar cultural y políticamente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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