El tablero de ajedrez del narcotráfico en la República Dominicana ha cambiado; un fenómeno digno de analizar hasta los tuétanos. Lo que antes eran destinos idílicos, como Cancún, Miami, Las Vegas o Colorado, dejaron de ser el paraíso ideal para el turista convencional. El nuevo imán del Caribe era la República Dominicana. Sin embargo, muchos inversionistas estadounidenses interesados en este hermoso país se encontraron con una realidad perturbadora.
Cerca del 50 % de las villas de lujo estaban incautadas por casos de narcotráfico, pero seguían en uso. Aún más escalofriante era el monopolio en el sector hotelero, donde se pagaban precios inflados por construcciones y adquisiciones. Ese flujo inusual de divisas obedecía al dinero del narcotráfico. ¿Cómo competir contra un capital sucio protegido por el Estado?
La embajada de Estados Unidos, obligada a velar por sus inversiones y por la hegemonía del dólar, mantenía la mirada fija en la Santo Domingo. Pero todo cambió con la llegada de Leah Campos. Durante años, una oficina en Dominicana operó bajo las sombras, guardando secretos que ni la propia embajada se atrevía a pronunciar. Cuando la nueva embajadora abrió aquella caja de Pandora, encontró los detalles más turbios de la oficina local de la DEA, la cual —según informes— se contaminó con el crimen organizado a partir de 2020. Se hablaba de vínculos con carteles de México, La Guajira y redes de financiamiento de Hezbollah.
A este escándalo había que darle una solución estética y de riesgo controlado. Algo similar a cuando Harvey Dent, en The Dark Knight, se convierte en delincuente y Gordon y Batman deciden controlar los daños simulando su muerte como héroe. La CIA buscaba una solución «fotogénica». No querían un escándalo que salpicara las alfombras rojas de Washington; necesitaban remover piezas con elegancia. Sin embargo, lo que encontraron tras el cierre de la oficina fue, en palabras de la embajadora Campos, «repugnante».
Se estaba jugando con la vida de inocentes y se protegía a quienes debían ser perseguidos. En el centro de este huracán surgía un nombre que resonaba como un eco bíblico: Melitón Cordero, apodado por algunos como «El Falso Cordero de Dios». Un hombre que, según las fuentes, entregó su lealtad al mejor postor mientras las alarmas de Washington finalmente comenzaban a sonar.
Según la acusación, un testigo protegido relató: «No es un rumor. No es algo que me contaron. Mis ojos vieron esa lista. Son veinte. Veinte figuras de alto nivel que el Tío Sam quiere de vuelta. Entre ellos, un diputado y un senador del PRM… muy connotado, muy mencionado. Pero él no es el pez más grande. El verdadero poder es de bajo perfil. Alguien de Santiago de los Caballeros. Alguien que camina entre nosotros sin hacer ruido».
La lista de extraditables es el secreto mejor guardado de la isla; un listado que el Gobierno logró ignorar con ayuda de la DEA durante mucho tiempo. La agencia, en lugar de actuar como fuerza del orden, parecía funcionar como una oficina de relaciones públicas del Estado dominicano.
La evidencia más clara fue el secuestro-espectáculo en alta mar de un periodista que denunciaba a capos con nombres y apellidos. Ese operativo no habría sido posible sin la negligencia intencional de la DEA, que violó la política del Glomar Response, la regla de oro del espionaje: «No confirmo ni niego».
El Glomar Response es una respuesta oficial bajo la ley FOIA en la que una agencia declara: «No podemos confirmar ni negar la existencia de los registros solicitados». Su origen se remonta al barco Hughes Glomar Explorer, usado por la CIA en la Guerra Fría durante el Proyecto Azorian para recuperar un submarino soviético. Cuando los periodistas pidieron información, el Gobierno respondió por primera vez con esa fórmula. Agencias como el FBI, la DEA y la CIA la utilizan cuando confirmar o negar información podría comprometer investigaciones, revelar fuentes, afectar la seguridad nacional o interferir en procesos judiciales extranjeros.
Pero en la República Dominicana, la DEA rompió el manual. Cuando el periodista Ángel Martínez —quien ha señalado al narcotráfico en las altas esferas— fue interceptado en una operación que muchos califican como secuestro en altamar, la DEA hizo algo inusual: emitió un comunicado llamándolo mentiroso y negando que hubiera sido fuente o colaborador.
¿Por qué una agencia federal atacaría a un periodista? Según la comunidad de inteligencia, el comunicado fue gestionado por sectores poderosos del Gobierno dominicano para evitar un escándalo internacional por el secuestro. La desesperación fue tal que el Gobierno fabricó documentación para afirmar que Martínez fue detenido mientras el crucero estaba atracado en Puerto Plata. Pero la geolocalización demostró que el barco llevaba una hora y quince minutos navegando. Los datos no mienten: el crucero zarpó a las 5:00 p. m. y Martínez fue detenido, supuestamente, a las 6:15 p. m. A esa hora, el buque se encontraba a 50 kilómetros de la costa, en aguas internacionales. Lo que la prensa oficial llamó «arresto en el muelle» fue, en realidad, una extracción en mar abierto mediante lanchas rápidas. Un operativo digno de una película de acción, ejecutado para silenciar a quien sabía demasiado. Todo esto por un delito de difamación e injuria que no conlleva cárcel y que había sido declarado extinto.
La narrativa oficial se desmoronó. Cada vez que el Gobierno dominicano se veía contra las cuerdas por escándalos de narcotráfico, la oficina local de la DEA salía al rescate con una publicación favorable. A esto le siguió una cadena de acusaciones falsas para justificar el secuestro en alta mar, lo que llevó al Gobierno a fabricar pruebas para intentar «secuestrar judicialmente» a Ángel Martínez y a otros comunicadores: José Maracallo (La Quinta Pata), Claudia Pérez (La Tora TV), el general Rafael Percival, Ángel Martínez hijo, Luis Alfredo Cabrera (Kapulett TV) y Fernando Peña (Periódico Frontera 25).
Al menos cuatro de ellos son ciudadanos estadounidenses, lo que convirtió la operación en un acto desesperado que agravó futuros cargos criminales. Este hecho, que puso en riesgo la vida de ciudadanos de EE. UU., debió ser un escándalo internacional, pero la DEA actuó como cómplice indirecto al estigmatizar a Ángel Martínez.
Mientras tanto, los narcos celebraban en la isla, la lista de extradición seguía congelada y los pocos capos presionados por el Departamento de Justicia se entregaban por su propia cuenta en Estados Unidos. La inacción de la oficina local de la DEA obligó al Departamento de Justicia a publicar órdenes de arresto en su portal para presionar al Gobierno dominicano. Ante esto, Washington encontró una solución enviando a la nueva embajadora, Leah Campos.
Para cualquier equipo de agentes, arrestar a un capo —como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada o Figueroa Agosto— es motivo de orgullo y mostrar su trabajo al mundo. Pero la DEA en la República Dominicana rechazaba ejecutar estos arrestos, algo que despertó las alarmas de otras agencias. El país se había convertido en un santuario para el lavado de activos y los carteles.
En ese contexto, Melitón Cordero fue incluso condecorado por el presidente dominicano , lo que generó aún más suspicacia. Para muchos, recibir una distinción de este tipo en 2024 era equivalente a recibir una medalla de manos de Pablo Escobar.
Otro episodio donde la DEA intentó cubrir al Gobierno fue el decomiso de 9.5 toneladas de droga en el Multimodal Caucedo. El presidente intentó culpar a Guatemala, pero el mandatario Arévalo lo desmintió, explicando que el contenedor fue contaminado en suelo dominicano, tal como demostraban los sellos y el rastreo. El Gobierno buscó refugio nuevamente en la DEA local y prometió un informe conjunto con la DNCD. Sin embargo, surgió un obstáculo: la DEA de Guatemala no permitiría cargar con esa responsabilidad. La embajada estadounidense, que inicialmente había confiado en su oficina local, terminó borrando sus publicaciones en redes sociales al percatarse de que la información era una estrategia de limpieza de imagen.
La gota que colmó el vaso fue el caso del asesor presidencial Fabio Jorge Pura, quien permaneció en libertad durante seis meses pese a tener un pedido de extradición; meses de impunidad gracias a los informes tibios de una oficina infiltrada. Solo la presión de la embajadora Campos y de figuras como el senador Marco Rubio logró romper el cerco de protección.
Hoy cae una pieza más: Michael A. Miranda, agente especial a cargo de la DEA en la región del Caribe, con sede en Puerto Rico, dejará la agencia en medio de una investigación de Homeland Security Investigations (HSI) por presuntas irregularidades. Según información suministrada a CDN, su retiro será efectivo el 7 de marzo de 2026, en un contexto donde las pesquisas federales ya transforman las operaciones antidrogas en toda la cuenca del Caribe.
Agregar Comentario