Fuente: europa press
Europa Press Andalucía Publicado: viernes, 6 marzo 2026 16:17 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Policía Nacional ha arrestado a cuatro individuos, tres en Cádiz y uno en Badajoz, por su supuesta vinculación con una red criminal dedicada a la trata de personas, vulneración de derechos laborales y delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Esta organización operaba desde cuatro locales de comida rápida tipo kebap situados en Cádiz y Badajoz. Además, se logró rescatar a 11 víctimas, todas ellas extranjeros en situación de extrema vulnerabilidad.
Según informaron fuentes oficiales, la investigación fue llevada a cabo conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la correspondiente de Badajoz.
Las pesquisas permitieron identificar la actividad ilegal desarrollada presuntamente en cuatro negocios de hostelería, dos en Cádiz y dos más en Badajoz. Estos establecimientos eran empleados para explotar laboralmente a personas extranjeras, principalmente procedentes de Pakistán, que habían abandonado sus países huyendo de condiciones de pobreza extrema, precariedad laboral y graves problemas de seguridad.
Muchas de estas personas afrontaban importantes responsabilidades familiares y emprendieron su viaje con la esperanza de hallar mejores oportunidades laborales en Europa. Al llegar a España en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en estos locales donde eran sometidos a condiciones laborales y de vida sumamente precarias.
En algunos casos, las víctimas dormían dentro de los propios establecimientos donde trabajaban, utilizando sillas como camas y sin contar siquiera con colchones. También empleaban los baños públicos para su higiene personal y se alimentaban con los alimentos disponibles en el local, según indicó la Policía.
Sus jornadas laborales alcanzaban entre 12 y 14 horas diarias, a veces sin recibir salario o percibiendo remuneraciones muy bajas.
Otros trabajadores eran alojados en viviendas destinadas para tal fin, donde vivían hacinados junto a otros compatriotas en condiciones insalubres; se detectaron colchones infestados con chinches. A pesar de ello, mantenían jornadas extensas con poco tiempo para descansar, alimentación insuficiente y salarios que en ciertos casos apenas llegaban a los 100 euros mensuales.
La investigación reveló que las víctimas estaban sometidas a un estricto control por parte de los responsables del grupo criminal. Eran vigilados mediante cámaras instaladas en los establecimientos, desde donde les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar tareas diversas.
Además, sufrían amenazas constantes relacionadas especialmente con su situación administrativa irregular. Los presuntos líderes les advertían que si abandonaban el trabajo o denunciaban serían denunciados para su expulsión del país.
También padecían humillaciones y coacciones psicológicas; se les amenazaba con grabaciones difundidas en redes sociales si no obedecían las órdenes recibidas, y eran trasladados entre ciudades como si fueran mercancía, anulando completamente su voluntad.
Las condiciones de explotación y la presión continua generaron graves secuelas físicas y psicológicas entre las víctimas, incluyendo ansiedad, insomnio y episodios depresivos, según se ha señalado.
La operación policial concluyó con cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz (una vivienda usada para alojar trabajadores y el domicilio de uno de los investigados) y otros dos en Cádiz (ambos utilizados como alojamiento para las víctimas).
Durante los registros los agentes constataron las condiciones habitacionales de los trabajadores. En uno de los inmuebles inspeccionados en Badajoz se encontró una gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres, lo que motivó una imputación adicional por un presunto delito contra la salud pública.
En el transcurso de los registros se incautaron cerca de 10.000 euros en efectivo, diversa documentación que permitió identificar a otras posibles víctimas y varios objetos relacionados con la actividad ilícita investigada.
Gracias a esta actuación policial fueron liberadas 11 víctimas de trata de seres humanos.
Tras los registros se detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas en estos hechos: tres en Cádiz y una en Badajoz; dos de ellas ingresaron en prisión preventiva. La investigación determinó que la organización contaba con una estructura estable donde cada miembro cumplía funciones específicas dentro del entramado criminal.
Asimismo, se procedió al cierre definitivo de los cuatro locales de hostelería involucrados en esta actividad ilegal.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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