Fuente: Listin diario
Elías Wessin, representante nacional del Partido Quisqueyano Demócrata, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que proponía instar al presidente Luis Abinader a utilizar la isla Beata como ubicación para una nueva cárcel con el objetivo de aliviar el hacinamiento.
En 2022, el congresista sometió esta iniciativa en la Cámara Baja, buscando que se exhortara al mandatario a emplear dicha isla para construir un centro penitenciario.
Según Wessin, edificar un penal en la isla Beata destinado a presos con condenas superiores a 5 años ayudaría a descongestionar los centros penitenciarios más saturados, facilitando que los reclusos puedan transformarse en individuos productivos y educados.
El proyecto fue remitido para su análisis a la Comisión Permanente de Justicia, donde la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) de la Cámara de Diputados concluyó que levantar un modelo penitenciario en la isla Beata contravendría lo establecido en la Constitución.
El equipo asesor del Congreso argumentó que aceptar la propuesta del diputado Wessin infringiría lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, que exige respetar los límites de las áreas protegidas y solo permite su reducción mediante una ley aprobada por dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Frente a esto, Ofitrel señaló que para usar ese terreno ubicado en la provincia Pedernales es imprescindible promulgar una nueva ley que modifique el nivel de protección vigente. Cabe recordar que esta zona forma parte integral del Parque Nacional Jaragua, una de las mayores áreas protegidas del país.
La Comisión bajo la presidencia del diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez acogió las observaciones emitidas por Ofitrel, manteniendo la exhortación al presidente Abinader y al Poder Judicial para crear un centro con capacidad para 10,000 internos, pero eliminando la intención original de construirlo en la isla Beata.
Finalmente, el pasado 24 de marzo se discutió la iniciativa, y los diputados aprobaron la recomendación dirigida al Ejecutivo y a las autoridades judiciales encargadas de administrar los penales.
De acuerdo con el informe legislativo, las estadísticas más recientes del sistema penitenciario nacional muestran una población carcelaria de 27,200 internos distribuidos en tres Centros de Atención de Privados de Libertad (Caplip), 19 Centros de Privación de Libertad (CPL) y 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
Estos recintos fueron diseñados para alojar un total máximo combinado de 4,679 privados de libertad.
No obstante, actualmente albergan a 16,479 personas, lo que implica un exceso de 11,800 internos por encima de su capacidad oficial, lo que representa una tasa de hacinamiento del 252 por ciento.
Esta situación se agrava debido al “incremento sostenido de la criminalidad en el país”, haciendo indispensable la construcción de nuevas prisiones y establecer un régimen adecuado y diferenciado según el estatus jurídico de cada reo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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