Fuente: Jesús A. Cañas/jesus_a_canas@elpais.com
El empresario sevillano Antonio J. L. estaba tan preocupado por su seguridad que dejó todo bien organizado antes de emprender su último viaje a República Dominicana. Antes de tomar un vuelo hacia ese país, donde solía pasar temporadas alternando con su residencia en Dos Hermanas, envió a su círculo cercano audios expresando su temor y documentación relacionada con los trámites económicos que tenía previsto realizar durante el viaje. Su precaución fue justificada. El 21 de septiembre de 2025, Antonio fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en Damajagua, una localidad de la provincia dominicana de Valverde. Seis meses después del hecho, las autoridades dominicanas arrestaron a seis personas presuntamente involucradas en el asesinato, entre ellas su esposa, quien es señalada como la presunta autora intelectual del crimen por encargo.
La Policía Nacional ha indicado en un comunicado que quienes conocían a Antonio estaban convencidos de que las circunstancias de su fallecimiento resultaban “inquietantes y poco claras”, motivo por el cual acudieron a la comisaría de Cádiz el mismo mes en que se confirmó su muerte. Las evidencias entregadas permitieron iniciar una colaboración entre la Policía Judicial de Cádiz y los investigadores dominicanos encargados del caso. Estos últimos encontraron el cuerpo del empresario dentro de un vehículo con un disparo mortal en la cabeza.
Antonio, de 59 años y dueño de un vivero en Dos Hermanas, estaba atravesando un proceso de separación con su esposa, una mujer dominicana con quien mantenía “importantes asuntos económicos y patrimoniales”, según detallan fuentes policiales españolas. El sevillano tenía previsto viajar a República Dominicana para efectuar gestiones relacionadas con la recuperación de una empresa y parte de sus bienes, además de realizar trámites consulares que debía gestionar su esposa. Sin embargo, antes del viaje y temeroso ante posibles riesgos, dejó en manos de sus allegados toda la documentación relativa a esas operaciones.
Estas evidencias, junto con unas grabaciones en las que Antonio expresaba sus inquietudes sobre su seguridad y el peligro para su vida, llegaron a manos de los investigadores gaditanos tras la denuncia formal. La “gravedad de la información aportada”, explican desde la Policía Nacional española, motivó que los agentes judiciales de Cádiz establecieran contacto con las autoridades dominicanas mediante el agregado del Interior español en el país caribeño; esta acción se desarrolló bajo el nombre operativo Plantel.
Los documentos proporcionados por Antonio antes de morir y los datos obtenidos por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) dominicana reforzaron la hipótesis de que el empresario fue víctima de un asesinato planificado. Su esposa supuestamente actuó como autora intelectual y coordinadora del plan criminal, para lo cual reclutó a varias personas cercanas que sirvieron como intermediarios para localizar al ejecutor material.
Uno de los involucrados aportó parte del dinero acordado para cometer el delito y se comprometió a entregar el resto una vez consumado el homicidio. Posteriormente, un intermediario contactó al autor material, un hombre en quien Antonio confiaba plenamente. Esta confianza hizo que el empresario no sospechara cuando el sicario se subió con él al vehículo y lo condujo engañado hasta un lugar despoblado en Damajagua, donde le disparó fatalmente en la cabeza.
Después del asesinato encargado, el arma volvió a manos del intermediario que organizó la ejecución y luego pasó a otro implicado, quien la escondió en su casa para evitar que la policía la encontrara durante posibles registros. No obstante, finalmente los agentes lograron localizar la pistola durante las inspecciones. Los análisis balísticos realizados confirmaron que coincidía con los casquillos recuperados en el lugar del crimen.
En total, esta operación culminó con la detención de seis personas consideradas responsables por la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio. La investigación se basa en diversas pruebas recopiladas, incluyendo registros audiovisuales y documentos aportados por allegados al empresario en la comisaría gaditana. Para la Policía Nacional española, este caso ejemplifica “la importancia de la colaboración internacional entre cuerpos policiales para esclarecer un delito que inicialmente presentaba múltiples incógnitas”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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