Fuente: Zócalo Saltillo
Nueva York.- El gobierno de Estados Unidos se manifestó en contra, ante una Corte Federal, de que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pretendan financiar su defensa privada con fondos públicos del país sudamericano, solicitando al juez que, en caso de que no dispongan de recursos personales suficientes, se les asigne un defensor público.
Esta postura fue expresada mediante un documento oficial elaborado por el Departamento de Justicia en respuesta a la moción presentada por Barry Pollack, abogado particular de Maduro, quien solicitaba la anulación del caso contra el exmandatario alegando violaciones al derecho fundamental a una defensa adecuada.
En este detallado informe de 42 páginas, Jay Clayton, fiscal principal del Distrito Sur de Nueva York, calificó la petición de la defensa como completamente desproporcionada y destacó que no existe precedente legal para intentar obtener financiamiento para un bufete privado bajo estas circunstancias.
Esto se debe a que tanto Maduro como Cilia Flores, individualmente y junto con el gobierno venezolano, están sujetos a múltiples sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC), lo que les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción financiera dentro de la jurisdicción estadounidense, así como a terceros para operar con ellos.
Cuando un individuo sancionado enfrenta un proceso penal y desea contratar un abogado privado, la OFAC puede otorgar licencias excepcionales para esa finalidad; en este caso ya se concedió tal autorización, explicó el fiscal. No obstante, esta licencia permite que Maduro utilice sus propios recursos personales, no fondos provenientes de otra entidad sancionada como es el gobierno venezolano.
“La OFAC ha otorgado a los acusados (Maduro y Flores) una excepción a esas sanciones: la autorización para emplear sus fondos personales (y conjuntos) para cubrir los honorarios legales. Sin embargo, la OFAC ha rechazado una petición adicional hecha por los acusados: permitirles pagar dichos honorarios con fondos administrados por un gobierno sancionado. Esto se fundamenta en que la normativa de la OFAC prohíbe expresamente el uso del dinero de una entidad sancionada para sufragar los honorarios legales de otra persona también sancionada”, señala el documento.
“La negativa de esta solicitud por parte de la OFAC no implica —como sostienen los acusados— que el gobierno haya interferido con su derecho a recibir asistencia legal ni que se hayan vulnerado sus derechos al debido proceso. Por lo tanto, las mociones para desestimar deben ser rechazadas”, añadió Clayton en su escrito.
Otro argumento presentado por el fiscal en respuesta a la moción es que Estados Unidos tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y, por ende, no debería tener acceso a recursos públicos provenientes del país sudamericano.
Es importante destacar que en su escrito la defensa de Maduro adjuntó un documento firmado por un abogado adscrito a la oficina del fiscal general venezolano, donde se afirma que el gobierno está obligado a cubrir los honorarios legales de sus funcionarios en cualquier conflicto internacional. Esto aplicaría en el caso de Maduro por haber sido presidente.
Sin embargo, Clayton aclaró primero que dicho documento no especifica cuál sería el marco legal venezolano que establece esa obligación; segundo, cuestionó cómo eso podría tener validez bajo la jurisdicción estadounidense. Pero lo más relevante es que Estados Unidos no reconoce ni a Maduro ni al régimen que encabezó como legítimos y, por tanto, tampoco reconocen su condición como servidor público.
“Al menos desde la perspectiva del gobierno estadounidense, los acusados no tendrían derecho legítimo alguno a beneficios provenientes del gobierno venezolano porque no eran funcionarios ni empleados legítimos del país sudamericano. Esto es válido independientemente de si los acusados consideraban ser los gobernantes legítimos de Venezuela”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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