Fuente: Cambio De Michoacán/cambio_de_michoacan@cambiodemichoacan.com.mx
Washington, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos ha ampliado un programa de incentivos por 915 millones de dólares (mdd) junto con una aplicación móvil, empleándolos como elementos esenciales para fomentar que los migrantes indocumentados abandonen voluntariamente el país, dentro de una estrategia más amplia que hasta ahora ha logrado que 2.2 millones de personas se “autodeporten”.
CNN reporta que un documento reciente interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que este programa ha facilitado la salida de 72 mil personas de Estados Unidos hasta este mes. Según dicho informe, la mayoría de los participantes estaban previamente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Funcionarios del DHS no han divulgado cifras detalladas sobre cuántos individuos han salido del país mediante este nuevo programa, que, según la administración, representa un ahorro económico al disminuir considerablemente el costo de las deportaciones.
Denominado Project Homecoming, el plan ofrece subvenciones de hasta dos mil 600 dólares y boletos aéreos sin costo para que los inmigrantes regresen a sus lugares de origen. Además, muchos otros han decidido marcharse por su cuenta sin usar la aplicación, indicó la agencia en un comunicado.
Un vocero del DHS afirmó en un comunicado: “El DHS ha dejado claro en repetidas ocasiones que las personas que han utilizado la aplicación CBP Home y el Project Homecoming son solo una fracción de quienes han salido voluntariamente porque los migrantes indocumentados saben que el presidente Trump está aplicando nuestras leyes migratorias”, y añadió que cada autodeportación con incentivos cuesta miles de dólares menos que una deportación tradicional.
Algunos especialistas ponen en duda la efectividad del programa, sosteniendo que gran parte de quienes optaron por irse probablemente lo habrían hecho sin necesidad de la intervención gubernamental.
David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, comentó: “Intentan atribuirse el mérito por las personas que deciden irse, pero no me parece evidente que esas personas hubieran permanecido si no fuera por este incentivo económico”.
No está claro qué criterio utiliza el DHS para sostener que 2.2 millones han “autodeportado” hasta enero. Es probable que esta cifra incluya a miles que se retiraron voluntariamente sin sumarse al Proyecto Homecoming, ya sea porque no quisieron informar al Gobierno sobre sus movimientos o porque desconocían el programa.
Aunque los incentivos económicos son recientes, la opción de salida voluntaria —que permite a los no ciudadanos abandonar el país sin enfrentar las sanciones vinculadas a una orden formal de expulsión— ya existía bajo administraciones anteriores como una alternativa legal.
Durante el año fiscal 2025, más de 35 mil casos migratorios en tribunales concluyeron con “salidas voluntarias”, frente a aproximadamente nueve mil en el año fiscal previo, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Sin embargo, se desconoce cuántos entre esos 35 mil casos correspondieron a beneficiarios del Proyecto Homecoming.
“Cada año, cientos de miles de personas salen voluntariamente de Estados Unidos por distintos motivos. Antes de esta aplicación, eso no representaba ningún gasto para el Gobierno; no invertían nada en quienes abandonaban el país”, explicó Bier.
Abogados señalan que la presión oficial para que las personas opten por la deportación voluntaria ha sido constante. Han observado folletos incluidos en documentos migratorios que incitan a las personas a marcharse. Un folleto compartido con CNN contiene un código QR para descargar la aplicación CBP Home y detalla beneficios como salir “en sus propios términos”, así como las consecuencias, entre ellas la “deportación inmediata”.
Dara Arroyo Longoria, abogada especializada en inmigración en Carolina del Norte, expresó: “Tienen que decidir entre una detención prolongada y gastar mucho dinero en defender su caso o escoger la salida voluntaria, recibir una compensación económica por irse y quizá no tener que pagar su vuelo de regreso”.
La abogada también advirtió que los migrantes frecuentemente desconocen las posibles penalizaciones asociadas a esta decisión, como la prohibición para reingresar a Estados Unidos durante varios años. “Me preocupa que muchas personas interpreten esto como asesoría legal del Gobierno sin comprender plenamente las consecuencias”, concluyó Arroyo Longoria.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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