Fuente: Associated Press/associated_press@wfmz.com
JUSTICIA DE EE.UU. RETIRA CARGOS CONTRA VETERANO QUE QUEMÓ UNA BANDERA EN PROTESTA
WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido desestimar los cargos contra un exmilitar que el año pasado incendió una bandera estadounidense en las cercanías de la Casa Blanca como forma de protesta por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump relacionada con la quema de banderas.
Jay Carey, de 55 años y oriundo de Arden, Carolina del Norte, quien aseguró haber servido en el Ejército desde 1989 hasta 2012 y haber participado en despliegues en Irak y Afganistán, fue detenido el 25 de agosto tras prender fuego a una bandera en el Parque Lafayette, zona administrada por el Servicio de Parques Nacionales.
Ese mismo día, Trump promulgó una orden ejecutiva que requería al Departamento de Justicia investigar y procesar a quienes quemaran la bandera estadounidense.
Carey enfrentó cargos por dos faltas menores que no estaban directamente vinculadas con la quema de la bandera: iniciar un fuego en un área no autorizada y ocasionar daños a la propiedad o recursos del parque con ese incendio. En septiembre se declaró inocente.
La solicitud realizada el viernes para desestimar el caso no incluyó una explicación sobre la razón de esta decisión, y la fiscalía federal del Distrito de Columbia no respondió el sábado a un correo electrónico consultando al respecto.
La Corte Suprema ha determinado que quemar una bandera constituye una expresión política protegida por la Constitución. La orden firmada por Trump indicaba que dicho acto podría ser procesado si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o se considera como “palabras de pelea”.
“Quise demostrar que la Primera Enmienda es inviolable y que ningún gobierno tiene derecho a reemplazar nuestros derechos constitucionales”, expresó Carey en un comunicado difundido por el Partnership for Civil Justice Fund. “Por ello fui sometido a un juicio federal. Me alegra estar junto a quienes defienden nuestras libertades fundamentales y espero que esta victoria sirva para apoyar a quien decida levantar su voz”.
Carey señaló al ser contactado telefónicamente el sábado que este hecho evidencia a la ciudadanía que “la Constitución sigue siendo importante”.
Mara Verheyden-Hilliard, una de las abogadas defensoras de Carey y cofundadora del fondo mencionado, afirmó que este proceso nunca debió haberse iniciado.
“El intento gubernamental de sancionar penalmente a un manifestante por una conducta expresiva, seleccionada para procesamiento mediante orden presidencial, representó una seria amenaza para las libertades garantizadas por la Primera Enmienda”, destacó Verheyden-Hilliard en un comunicado.
“El cambio de postura del gobierno representa una reivindicación fundamental de esos derechos”, agregó. “Además, este caso establece un precedente para proteger a quienes en todo el país son objeto de procesos judiciales intimidatorios promovidos por el gobierno de Trump con la intención de silenciar y castigar opiniones adversas”.
Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de una herramienta generativa basada en inteligencia artificial.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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