Fuente: Associated Press/associated_press@proceso.com.mx
DEA designa como “objetivo prioritario” al presidente colombiano Gustavo Petro en investigación federal en Nueva York
NUEVA YORK (AP).- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha clasificado al presidente colombiano Gustavo Petro como un “objetivo prioritario”, mientras fiscales federales en Nueva York examinan sus supuestos lazos con narcotraficantes, según fuentes cercanas al caso y documentos obtenidos por The Associated Press.
Los archivos de la DEA indican que Petro ha sido objeto de diversas investigaciones desde 2022, muchas basadas en declaraciones de informantes confidenciales. Entre los posibles delitos que se indagan están sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa en México y un esquema para aprovechar su programa de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes destacados que apoyaron su campaña presidencial. Además, los documentos sugieren la posible implicación de fuerzas del orden en el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.
La categoría de “objetivo prioritario” se reserva para individuos que la DEA considera con un “impacto significativo” en el tráfico ilícito de drogas.
Petro rechazó cualquier relación con narcotraficantes y aseguró no haber aceptado fondos provenientes de ellos durante su campaña. En un artículo publicado el viernes en X, argumentó que las investigaciones legales en Estados Unidos terminarán desestimando las acusaciones provenientes de la ultraderecha colombiana, grupo que, según él, es el verdadero involucrado con el narcotráfico.
La Embajada de Colombia en Washington minimizó lo que calificó como reportes “no verificados” y anónimos sobre pesquisas preliminares contra Petro realizadas por autoridades policiales.
“La difusión de estas insinuaciones carece de respaldo legal o factual”, señaló la embajada mediante un comunicado.
En meses recientes, fiscales de Brooklyn y Manhattan han interrogado a narcotraficantes acerca de sus conexiones con Petro y, específicamente, sobre denuncias que señalan a representantes del mandatario colombiano solicitando sobornos para impedir extradiciones hacia Estados Unidos, indicó una fuente que pidió mantener el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
Esta persona añadió que aún no está claro si los fiscales federales han imputado formalmente al presidente colombiano por algún delito.
La indagatoria se centra en parte en alegatos sobre representantes de Petro recibiendo sobornos en la prisión colombiana La Picota a cambio de asegurar que ciertos narcotraficantes no sean extraditados a territorio estadounidense.
Desde hace tiempo, Petro rechaza categóricamente las imputaciones relacionadas con narcotráfico, especialmente tras ser calificado por Donald Trump como “líder del narcotráfico ilegal” y luego sancionado por el Departamento del Tesoro a finales de 2025 por supuestos vínculos sin pruebas presentadas.
Tanto fiscales federales estadounidenses como la DEA declinaron emitir comentarios inmediatos ante las consultas.
El New York Times publicó detalles sobre esta investigación federal temprano el viernes.
Según otra fuente familiarizada con el caso, las pesquisas sobre Petro están aún en etapa inicial y no se sabe si culminarán en cargos. La Casa Blanca tampoco ha tenido participación alguna en estos procesos investigativos.
Los documentos revisados por AP contienen información confidencial que vincula potencialmente a Petro con diversos grupos criminales dominantes en el narcotráfico sudamericano desde hace años. Entre ellos destacan el cártel mexicano de Sinaloa y el Cártel de los Soles, nombre usado para referirse a una red informal integrada por altos oficiales militares corruptos en Venezuela.
Asimismo, los registros mencionan una entrevista realizada en 2024 con una fuente anónima que afirmó que Petro estaría usando exasesores políticos y funcionarios de Ecopetrol para lavar fondos presidenciales en países extranjeros con miras a utilizarlos tras concluir su mandato.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, rechazó vehementemente tales acusaciones en un comunicado enviado a AP, calificándolas como “carentes de toda realidad o lógica”.
Petro, quien fue líder rebelde anteriormente, asumió el poder prometiendo reducir la dependencia nacional de combustibles fósiles y redirigir recursos estatales para combatir la pobreza estructural.
Conocido por discursos extensos y a veces confusos, este político izquierdista ha criticado frecuentemente la administración Trump por su apoyo a Israel, las operaciones contra barcos narcos en el Caribe y comparó la política migratoria estadounidense con tácticas “nazis”.
Tras uno de esos episodios, durante una protesta pro palestina frente a Naciones Unidas en Nueva York, Trump respondió revocando la visa estadounidense de Petro. También impuso temporalmente aranceles elevados a Colombia debido a la negativa del presidente colombiano a aceptar vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos.
No obstante, recientemente ambos líderes han mostrado señales de acercamiento; tras un encuentro en la Casa Blanca en febrero, Trump calificó a Petro como “magnífico”.
Las autoridades colombianas han investigado durante años a familiares del presidente por sospechas relacionadas con actividades ilícitas.
En 2023, Nicolás Petro, hijo del mandatario, fue acusado por solicitar contribuciones ilegales provenientes de un narcotraficante convicto para financiar un estilo de vida ostentoso con automóviles y propiedades costosas. Nicolás se declaró inocente mientras su padre aseguró que esos fondos no fueron usados en su campaña electoral.
Juan Fernando Petro, hermano del presidente, también ha sido señalado por supuestas negociaciones secretas con narcotraficantes presos destinadas a protegerlos contra extradiciones estadounidenses a cambio de su desarme.
La política colombiana ha estado históricamente vinculada al negocio del narcotráfico; Colombia es actualmente el mayor proveedor mundial de cocaína. En los años 80, Pablo Escobar fue elegido diputado al Congreso respaldado por uno de los partidos tradicionales. Una década más tarde, rivales del cartel Cali financiaron ilegalmente la campaña presidencial de Ernesto Samper.
El Movimiento 19 de Abril —guerrilla urbana desaparecida y al cual perteneció Petro— ha sido sospechoso desde hace tiempo de recibir dinero del cártel Medellín durante el violento asedio al Tribunal Supremo ocurrido en 1985. Aunque Petro no participó en dicho ataque fatal que dejó varios guerrilleros muertos y casi la mitad del tribunal eliminado, los líderes del grupo siempre negaron cualquier vínculo con ese cártel.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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